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Home Tribuna

Bolivia, las Fuerzas Armadas y la debilidad institucional 

Redacción
18 de julio de 2024
en Tribuna
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Pablo Rubio Apiolaza 

Doctor en Historia Contemporánea (Universidad Autónoma de Madrid), especialista en historia política latinoamericana y colaborador de la Fundación Alternativas

El 26 de junio de 2024, en la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, se produjo un acontecimiento que podría haber alterado la estabilidad institucional de este país sudamericano. Durante ese día, soldados y vehículos militares tomaron por unas horas el control de la Plaza Murillo, y accedieron al mismo Palacio Quemado, sede del gobierno del país andino. El movimiento fue encabezado por el general Juan José Zúñiga, quien había sido destituido como jefe del Ejército boliviano por unas declaraciones que había realizado, críticas al expresidente Evo Morales (2006-2019).

En su alocución central, el general Zúñiga señaló que «Estamos escuchando el clamor del pueblo. Porque desde hace muchos años, una élite se ha hecho cargo del país. Dueños del Estado, vándalos están en las diferentes estructuras del Estado, destrozando la patria. Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia”. El intento castrense finalmente fue frustrado, y el general rápidamente apresado por las autoridades, siendo también rechazado por el gobierno de Luis Arce (2020-). Por tanto, se trató de un movimiento militar acotado y que no tuvo mayor alcance e impacto en la trayectoria del gobierno o en el régimen institucional boliviano. 

Desde el punto de vista histórico y político ¿Qué significado tuvo el intento de golpe en el país andino, y cuáles elementos explican la reaparición de las Fuerzas Armadas como actor político? Para intentar dar respuestas a estas interrogantes, es posible sugerir factores de corto y largo plazo que nos permitan comprender los principales elementos de la reciente crisis en el país andino. 

En el corto plazo, se puede señalar que las pugnas dentro del oficialismo dirigido por el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), han dado lugar a la presencia de fuertes caudillismos, liderados por el ex presidente Morales y por el presidente Arce, los dos principales referentes del país. En un país carente de un sistema de partidos políticos fuertes y sumamente fragmentado, el peso institucional y cultural del MAS es relevante, puesto que es la fuerza que ocupa el gobierno desde hace cerca de dos décadas en Bolivia, con solo un pequeño paréntesis. Y esto porque a pesar de que para las elecciones de 2020, Morales “nombró” candidato del MAS a su entonces canciller Luis Arce, una vez llegado al poder se vio un quiebre entre ambos liderazgos Si bien Morales ha tenido un papel influyente en los movimientos sociales que forman parte del MAS, Arce ha logrado controlar la mayoría de las facciones del partido, incluyendo a la poderosa Central Obrera Boliviana (COB). En cuanto a la crisis del 26 de junio, no existen indicios sólidos de la participación tanto de Morales como de Arce en la asonada militar, sin embargo, el desorden y la confusión política han contribuido  a un ambiente complejo.  

Un segundo elemento para entender la crisis, está dado por la situación económica boliviana, país que si bien posee grandes recursos naturales (litio, gas, petróleo), se ha caracterizado por la fragilidad de su estructura productiva y de la gestión económica, lo que se ha denominado como la “crisis de los combustibles”. Esto ha producido cierto descontento político y social, que se reflejó precisamente en el movimiento militar de junio pasado. De acuerdo con una información recientemente aparecida, “La crisis económica de Bolivia tiene sus raíces en una compleja combinación de hiperdependencia del dólar, agotamiento de las reservas internacionales, deuda creciente y fracasos en la producción de productos como el gas, que alguna vez fue motor de prosperidad en el país.” Ante estas acusaciones, el presidente Arce ha respondido que «tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar, pero no estamos en una crisis económica estructural, como pretende posicionar la oposición para generar crisis política y acortar nuestro mandato». Países como China, Rusia, Corea del Sur, Francia e incluso la India, son algunos de los interesados en participar de la explotación de estos recursos, de enorme relevancia estratégica y geopolítica en el mundo actual. 

Finalmente, es necesario recordar algunos elementos o tendencias estructurales -factores de largo plazo- que contribuyen a entender la crisis. Desde su surgimiento como Estado en 1825, el país ha tenido una débil experiencia democrática  y de los mecanismos institucionales formales para resolver los conflictos. Esto se ha traducido en la inestabilidad política endémica, presencia de actitudes autoritarias, y un rol predominante de las Fuerzas Armadas en el sistema político durante los siglos XIX y XX, que también se expresa en este período. 

Por otra parte y en paralelo, Bolivia ha tenido durante siglos una tradición política basada en las movilizaciones sociales y rupturas políticas recurrentes, particularmente desde la Revolución de 1952, pasando por las dictaduras militares, que se extendieron desde 1971 a 1982, y que luego dieron paso a una democracia compleja de implementar, con interrupciones políticas permanentes, la última de las cuales se manifestó en noviembre de 2019, con la renuncia del presidente Evo Morales bajo presión militar y movilizaciones sociales. Todo esto dentro un país con una diversidad étnica, económica y geográfica realmente difícil de gestionar, marcados por diferentes áreas de poder e influencia tales como Santa Cruz de la Sierra –que representa el dinamismo económico del país y un componente más “occidental”-, y la zona indígena liderada por La Paz, Oruro y Potosí. Es decir, antiguas fracturas culturales acumuladas a través de los siglos. 

En definitiva, el alzamiento militar del general Zúñiga, es síntoma de la coyuntura política del momento presente en Bolivia. Sin embargo y al mismo tiempo, es también  producto de una larga acumulación de elementos históricos de larga data, permanentes en la cultura política del país y que obligan a repensar los pilares estructurales de la conformación de su Estado y su sociedad. 

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