Eduardo González
El Consejo de Ministros prorrogó ayer en un año el plazo para optar a la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática (popularmente conocida como la “Ley de Nietos”) de octubre de 2022, un procedimiento que se ha traducido, hasta la fecha, en más de 300.000 solicitudes y alrededor de 110.000 concesiones de nacionalidad.
El pasado mes de febrero, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, adelantó la intención del Gobierno de extender en un año, hasta octubre de 2025, el plazo para solicitar la nacionalidad española, pocos días después de que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) advirtiera de que la escasez de personal estaba causando una “saturación” en los “consulados generales que están infradotados para este proceso”. Según admitió el pasado mes de abril el Ministerio de Asuntos Exteriores, los Consulados Generales de Buenos Aires, Caracas, La Habana y México solo contaban con 80 empleados para atender más de 138.000 solicitudes de nacionalidad española en aplicación de la Ley de Nietos.
“En algunas Oficinas Consulares, a pesar de los esfuerzos realizados para dotarlas de medios adicionales, el plazo de dos años no está siendo suficiente para absorber la demanda de citas para el ejercicio del derecho”, declaró ayer el Ejecutivo. En consecuencia, “existe un número de solicitantes que difícilmente podrán ser citados y atendidos antes de la finalización del plazo de dos años previsto en la citada disposición adicional octava de la Ley”, admitió el Gobierno. Por ello, la prórroga supone una “magnífica noticia que será aplaudida por los españoles que vuelven a asumir que son de nuevo españoles con todos los parámetros legales establecidos”, declaró ayer Ángel Víctor Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Desde la entrada en vigor de la Ley y hasta el pasado 31 de marzo, las Oficinas del Registro Civil Consular recibieron un total de 301.121 solicitudes para optar a la nacionalidad española de origen. Más de un 95 por ciento de las solicitudes se recibieron en las Oficinas Consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami. Concretamente, los cinco Consulados Generales de España en Argentina representan un 40 por ciento de las solicitudes, y, junto con el Consulado General de España en La Habana, superan el 53 por ciento de las solicitudes. Según datos del CGCEE, a 31 de diciembre ya habían recibido la nacionalidad alrededor de 110.000 solicitantes.
La Ley de Memoria Democrática permite el acceso a la nacionalidad española a las personas que no pudieron optar a ella entre 2008 y 2011 al amparo de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en virtud de la cual se nacionalizaron alrededor de 250.0000 descendientes de exiliados del franquismo, sobre todo en los consulados de Francia, México, Argentina, Venezuela y Cuba.
La actual norma, en vigor desde octubre de 2022, concede la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.
Asimismo, incluye otros supuestos de opción, como el de hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; o los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les haya reconocido su nacionalidad a través de la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática. La ley establecía un plazo dos años, desde su entrada en vigor, para hacer la tramitación, aunque existía la posibilidad de un año de prórroga si el Consejo de Ministros así lo acordase al término de los dos primeros años, como así ha sucedido.
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