Emilio García García
Analista de Políticas Digitales, ex director de Gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y analista de la Fundación Alternativas
La escasa participación de la ciudadanía española en las últimas elecciones al Parlamento de la Unión Europea, 49,21% según datos oficiales, es un reflejo de su limitado interés por las políticas públicas y normativas que emanan de Bruselas. Tampoco parece estar especialmente preocupada por cómo la transformación digital está transformando nuestra sociedad y economía, si juzgamos por lo reflejado en el último barómetro del CIS de mayo de 2024.
La apatía por ambos asuntos son incomprensibles, si consideramos que una parte muy relevante de nuestro ordenamiento jurídico proviene de Directivas y Reglamentos comunitarios y que la economía digital representó de forma directa, indirecta e inducida el 24,2% del producto interior bruto (PIB) español en 2023.
Sólo por estas razones, es necesario abrir el debate sobre la Autonomía Estratégica Abierta europea en el marco del ciclo electoral 2024, como ha hecho la Fundación Alternativas. En particular, dedicar un espacio amplio a que se hable del ámbito tecnológico, y cómo Europa puede asegurar en este ámbito su “capacidad para actuar de manera autónoma cuando y donde sea necesario y, en la medida de lo posible, con los países asociados”. Y empecemos por una verdad incómoda: la UE depende en lo tecnológico casi totalmente del ecosistema digital de EEUU. En marzo de 2024, ocho de las diez compañías con mayor capitalización bursátil en el mundo eran empresas tecnológicas establecidas en EEUU, mientras entre las veinte primeras no había ninguna de este sector establecida en la UE. Habrá de esperarse a ver la efectividad de los mecanismos de vigilancia introducidos en las leyes europeas de Mercados Digitales e Inteligencia Artificial para que pueda nivelarse geográficamente el mercado con una competencia equilibrada y justa.
Tan solo en un ámbito del sector digital la UE mantiene un cierto grado de autonomía y soberanía digital: las telecomunicaciones. Sin embargo, en este segmento también Europa se enfrenta a dificultades. Las compañías de telecomunicaciones europeas están en una situación de extrema debilidad financiera con bajo ARPU, declive en ROCE y una dramática reducción del valor bursátil en las últimas dos décadas. Una situación en la que las operadoras han de hacer frente a unas inversiones cifrada en más de 200.000 millones de euros, requeridas para que los despliegues de redes de fibra y 5G respondan a las necesidades europeas. Unas infraestructuras digitales en las que la convergencia de la red con la nube facilita la entrada de las grandes tecnológicas estadounidenses (Amazon, Google y Microsoft dominan más del 75% de este mercado) supone un nuevo reto.
Es por tanto urgente, en primer lugar, que la nueva Comisión Europea aborde la reforma del sector de las telecomunicaciones, tal y como estimaba necesario también el informe de Enrico Letta. La actualización normativa del mercado de las telecomunicaciones en Europa deberá alejarse, al menos en parte, de los planteamientos del libro blanco de la Comisión Europea saliente. En primer lugar, para realizarse de modo ágil, no debe caer en opciones de espíritu excesiva e injustificadamente centralizadoras que ya han sido rechazadas anteriormente (refuerzo del papel de la Comisión en la gestión del espectro, autorizaciones de operación de ámbito comunitario, productos mayoristas únicos …). En segundo lugar, ha de ser autocrítica y renovar los criterios seguidos para analizar las fusiones y adquisiciones sectoriales, por ejemplo, primando la subsidiariedad, incorporando condicionalidades de mantenimiento de inversiones y empleo o relativas a la entrada accionarial de poderes públicos de terceros países. Por último, incluyendo en la reforma medidas sobre el segmento de las infraestructuras de la nube.
Pero el futuro de la autonomía digital estratégica europea se juega también en el ámbito de las tecnologías digitales críticas. La Comisión ha identificado entre ellas los semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica como las que presentan los riesgos más sensibles e inmediatos relacionados con la seguridad económica y tecnológica de la UE. En ninguno de estos ámbitos Europa puede actuar por su cuenta frente a la pujanza de China. EEUU y la UE han adoptado una estrategia de colaboración competitiva dentro del Consejo de Comercio y Tecnología, con grupos de trabajo para la cooperación científica, colaborar en la estandarización, intercambiar mejores prácticas en programas de ayuda y auspiciar otros instrumentos de asistencia. Parece necesario y mutuamente beneficioso para ambas partes seguir esta línea. No obstante, la UE debería no limitarse a un alineamiento acrítico con las restricciones comerciales en semiconductores de EEUU sobre China, esforzarse por equilibrar la relación en tecnologías cuánticas reforzando la inversión y no fiar su papel en la IA tan solo (una vez más) a la regulación. La UE también debe reforzar su cooperación con otros aliados como Japón o Corea en estos campos, que le permitan eliminar riesgos de una dependencia excesiva de EEUU.
Realizar una inversión suficiente es la clave de bóveda para la implementación exitosa de las políticas en infraestructuras y tecnologías críticas digitales. Personajes ideológicamente tan alejados como Varoufakis y Draghi coinciden en la necesidad de reforzar la inversión tecnológica en Europa. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ha permitido aliviar puntualmente esta carencia, facilitando que entre 2021 y 2027 los Estados miembros inviertan más 129.000 millones a la transición digital. Pero el esfuerzo inversor público ha de tener continuidad, reforzando con una dotación económica efectiva de fondos comunes la plataforma de tecnologías estratégicas para Europa prevista para la próxima legislatura, que ha quedado como un sucedáneo de fondo soberano sin presupuesto, para lo que estarán disponibles los fondos de recuperación que no se ejecuten antes de 2026. También es necesario facilitar que se desarrolle la inversión privada, por ejemplo, eliminando las restricciones para disponer un mercado de inversión tecnológica realmente único, como propone Enrico Letta.
Esto es lo que a juicio de algunos, entre los que me encuentro, necesita Europa. Sin embargo, el refuerzo de las fuerzas de derecha extrema podría también tener consecuencias. En primer lugar, el Parlamento podría aumentar la resistencia a dedicar recursos a los programas de impulso a la transformación digital y a las nuevas funciones de supervisión que ha de ejercer la Comisión como consecuencia de nuevas regulaciones (Digital Service Act, Digital Market Act, Artificial Intelligence Act). En segundo lugar, la insistencia de la Comisión en vigilar la desinformación digital (fundamentalmente en relación al Kremlin) ha sido también criticada por las fuerzas identitarias y nacionalistas. Finalmente, las propuestas del Informe de Enrico Letta hacia un mercado digital más integrado serían susceptibles de quedar relegadas. El riesgo de una deceleración del impulso a la política tecnológica comunitaria podría ser máximo si, además, los nombramientos para las comisarías relativas a la digitalización o competencia recayeran en fuerzas identitarias.
En definitiva, Europa se enfrenta en los próximos años a retos complejos, y la ciudadanía debe conocer los riesgos y las oportunidades. En la nueva legislatura europea, la UE habrá de hacer realidad su autonomía digital estratégica, que puede ser facilitada con la aplicación efectiva de normas como la Ley de Mercados Digitales y la reforma del sector de las infraestructuras digitales. La cooperación con EEUU en las tecnologías críticas es necesaria, pero debe buscarse que sea desde una posición más equilibrada, abierta a otros aliados eliminando los riesgos de una alta dependencia en la relación trasatlántica en la que el socio podría ser menos fiable que hasta ahora. Para ello, la UE debe dotarse, además, de mecanismos de financiación que faciliten el desarrollo de sus infraestructuras digitales y en las tecnologías críticas.
