Eduardo González
España presentó ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una Declaración de Intervención en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel sobre Aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El pasado 6 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció la intención de España de unirse al procedimiento abierto por la CIJ, la principal instancia judicial de la ONU, que ha dictado medidas preliminares para proteger a la población civil palestina de la Franja de Gaza y para que Israel ponga fin a la operación militar de Rafah, permita el acceso a ayuda humanitaria a la Franja de Gaza (medicamentos, alimentos, combustible y agua) mediante la apertura de los pasos fronterizos.
En esta Declaración de Intervención, España se pronuncia sobre algunos aspectos que considera de particular relevancia, como el interés en que la Corte examine la obligación de prevenir la comisión de genocidio a la luz, por un lado, de las medidas cautelares dictadas por la Corte, que son de obligado cumplimiento; y, por otro, de la situación provocada por la falta de acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y la destrucción de infraestructuras.
La Declaración ha sido presentada en aplicación del Artículo 63 del Estatuto de la Corte, en tanto que Estado parte de la Convención de 1948 contra el Genocidio. La Convención reconoce que los Estados parte tienen derecho de intervenir en este tipo de procedimientos y, con esta Declaración de Intervención, España hace uso de este derecho, como ya lo han hecho otros Estados (Colombia, México o Palestina) y como harán otros que ya han anunciado su intención de intervenir (Irlanda, Bélgica o Chile).
Según la juez de la CIJ Joan E. Donoghue, las acusaciones presentadas contra Israel entran dentro del ámbito de la Convención sobre Genocidio y, por tanto, los palestinos tienen derecho a una protección como grupo. Asimismo, la juez ha determinado que la CIJ tiene jurisdicción sobre este caso, lo que avala el derecho de Sudáfrica a demandar a Israel por presunta violación de la Convención y permite que el litigio siga adelante.
España da este paso “movida por su responsabilidad como Estado parte en la Convención” y lo hace “por el firme compromiso con el Derecho Internacional y con la labor de la Corte Internacional de Justicia, apoyando su papel como máximo órgano judicial del sistema de Naciones Unidas y como garante de un orden multilateral basado en reglas”, señaló el Ministerio en una nota de prensa.
“Con esta intervención, España busca contribuir a que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio”, prosiguió. “El objetivo es poner fin a la guerra y empezar a avanzar en la aplicación de los dos Estados, que es la única garantía para que los palestinos e israelíes puedan convivir en paz y seguridad, y se logre la estabilidad en toda la región”, añadió. Al presentar la Declaración de Intervención, España se compromete a acatar el fallo de la Corte, que también será obligatorio para nuestro país.
