PSOE y PP llegan a un acuerdo en Bruselas para la renovación del CGPJ tras cinco años de bloqueo

Ane Barcos/Aquí Europa “Aunque parezca mentira, las buenas noticias todavía existen, la esperanza también, y los políticos españoles aún somos capaces de hacer cosas como esta”. Con estas palabras, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, anunció ayer el acuerdo entre los dos principales partidos para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras tres intentos fallidos de negociaciones para desbloquear el CGPJ, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y González Pons se desplazaron este martes a Bruselas. Allí se reunieron con la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová, quien por primera vez actuaba como mediadora, relevando al comisario de Justicia, Didier Reynders. El acuerdo, que responde a las recomendaciones de la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023, contempla la renovación inmediata del CGPJ. Jourová felicitó a los negociadores, afirmando que el acuerdo mejorará la situación del poder judicial en España. Destacó que “el Estado de derecho es demasiado importante como para que caiga en intereses partidistas”. El acuerdo establece el nombramiento conjunto de los vocales del CGPJ por parte de los dos principales grupos parlamentarios, PP y PSOE, asegurando una representación equilibrada y profesional, sin políticos ni ex políticos. De los 20 componentes, 16 provienen de la carrera judicial o fiscal, incluyendo también un letrado del Tribunal Supremo, una letrada de las Cortes Generales, una letrada del Tribunal Constitucional y un ex presidente de Consejo Jurídico Consultivo Autonómico. Las decisiones relevantes del nuevo consejo requerirán una mayoría de tres quintos, promoviendo el consenso y evitando imposiciones de un solo partido. Asimismo, se han establecido medidas para despolitizar el CGPJ, eliminando las "puertas giratorias" entre la política y la judicatura. Esto incluye un periodo de dos años para cualquier juez que regrese de un cargo político, durante el cual no podrán dictar sentencias con contenido político. El Fiscal General del Estado tendrá restricciones similares, no pudiendo actuar en casos que le afecten personal o profesionalmente y necesitando estar cinco años fuera de la política antes de asumir el cargo. El nuevo CGPJ tendrá un plazo de seis meses para enviar un proyecto de reforma que permita la participación directa de los jueces en la elección de sus representantes en el consejo, cumpliendo así con las recomendaciones del Informe de Estado de Derecho de la Comisión Europea y fortaleciendo la independencia judicial en España.

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