La UE prohíbe a partidos políticos y proveedores de medios “aceptar ayuda financiera rusa”

Eduardo González El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE (CAE) aprobó ayer el decimocuarto paquete de sanciones contra Rusia, en virtud de las cuales, y a fin de evitar los “continuos intentos rusos de interferir en los procesos democráticos de la UE”, se prohibirá a los partidos políticos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales o proveedores de servicios de medios de comunicación de la UE “aceptar financiación procedente del Estado ruso y sus representantes”. Las nuevas medidas restrictivas económicas e individuales contra el régimen de Vladimir Putin “están diseñadas para apuntar a sectores de alto valor de la economía rusa, como la energía, las finanzas y el comercio, y hacen que sea cada vez más difícil eludir las sanciones de la UE”, indicó el CAE en una nota de prensa. “Nuestras sanciones ya han debilitado significativamente la economía rusa y han impedido que Putin lleve a cabo sus planes de destruir Ucrania, aunque continúa la agresión ilegal contra civiles e infraestructuras civiles”, declaró en la rueda de prensa posterior el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell. En declaraciones a los medios a su llegada al Consejo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, avanzó que en la reunión se analizaría el 14 paquete de sanciones, “que va a permitir que cada vez más reduzcamos el esfuerzo de guerra de Rusia y que por supuesto España apoya”. Asimismo, aseguró que España ha sido partidaria “desde el primer momento” del uso de los beneficios de los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania. Precisamente, los 27 acordaron ayer la liberación de un primer tramo de 1.400 millones de euros para ayudar a Ucrania, procedente de los intereses de activos rusos congelados. “Los beneficios excepcionales generados por los activos rusos congelados en Europa, y no los bienes mismos, serán utilizados lo más rápidamente posible en beneficio de Ucrania”, declaró Borrell. “1.400 millones de euros estarán disponibles el mes próximo, y otros 1.000 millones antes del fin de año” y ayudarán a Ucrania a comprar armas, añadió. La propuesta salió adelante sin el apoyo de Hungría (el país que dentro de una semana pasará a presidir el Consejo de la UE), que mostró su indignación por una decisión tomada sin unanimidad. “Se ha cruzado una línea roja", declaró el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto. “Nunca se había mostrado un tal desprecio por las reglas europeas”, denunció. Según Borrell, Hungría se abstuvo durante los debates previos sobre la utilización de los bienes congelados y ahora ya no podía oponerse a ello. Cerca de 300.000 millones de euros de bienes rusos han sido congelados desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la mayor parte de los cuales (190.000 millones) se encuentran en Bélgica. Financiación de partidos políticos y otras organizaciones Dentro del paquete de sanciones, y “en vista de los continuos intentos rusos de interferir en los procesos democráticos de la UE y socavar sus cimientos democráticos, en particular mediante campañas de influencia y la promoción de la desinformación”, el Consejo ha decidido que los partidos políticos y las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, incluidos los grupos de reflexión, o los proveedores de servicios de medios de comunicación de la UE, ya no podrán aceptar financiación procedente del Estado ruso y sus representantes. El pasado mes de enero, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) publicó su segundo informe sobre interferencia y manipulación extranjera en el que recopila numerosos casos de injerencia rusa de cara a las elecciones europeas del 6 al 9 de junio y durante los comicios generales del 23 de julio en España. En febrero, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se denunciaban las injerencias de los servicios de seguridad rusos en el proceso independentista de Cataluña y se reclamaba una investigación sobre los vínculos entre varios eurodiputados, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y el Gobierno ruso de Vladimir Putin. Un mes más tarde, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, presentó ante el Congreso el informe de Seguridad Nacional de 2022, que advierte sobre un aumento de campañas de desinformación en España atribuido a “la órbita de Kremlin”.

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