Eduardo González La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advirtió ayer de que la tasa de reconocimiento de asilo en España se encuentra “a la cola de la Unión Europea”, precisamente “en un año en el que siguen aumentando las necesidades de protección en todo el mundo”. De acuerdo con el Informe Anual de CEAR sobre el refugio en España y Europa, la tasa de reconocimiento de asilo ha empeorado en España cuatro puntos con respecto al año anterior, con un doce por ciento de resoluciones favorables, frente el 42 por ciento de la media europea, que supera en tres puntos el porcentaje anterior. Este retroceso, según CEAR, “contrasta con el actual contexto internacional, en el que las guerras, la violencia y las amenazas han provocado un nuevo récord de 120 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, según los últimos datos de ACNUR”. “A conflictos enquistados como los de Ucrania, Siria, Afganistán o Sudán, entre otros, se unen dos nuevas grandes emergencias humanitarias, como el genocidio en Gaza o la creciente inestabilidad sociopolítica en Senegal y en los países del Sahel, que está provocando un aumento considerable de las llegadas a Canarias”, añadió. Con respecto a la situación en Gaza, CEAR recordó que, hasta la fecha, más de 1,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, la mayoría de las cuales ya eran refugiadas anteriormente. “Se están traspasando todas las líneas rojas del derecho internacional”, declaró Mauricio Valiente, director de la organización. “El Gobierno español está dando algunos pasos en la buena dirección, pero aún debe seguir dando más para poner fin a este genocidio y que haya una paz justa y duradera, y que se garantice el derecho al retorno, tal y como pedimos en nuestra campaña que hasta la fecha han firmado más de 100 000 personas”, agregó. Respuesta ante la emergencia de Canarias De acuerdo con el informe, el 70% de las llegadas a España se concentraron en la ruta hacia Canarias (un total de 39.910 personas). Este drástico repunte migratorio, aseguró la organización, “desencadenó una situación de emergencia humanitaria sin precedentes desde la llamada ‘crisis de los cayucos’ de 2006”. En los primeros cinco meses de este año se ha mantenido el ritmo de las llegadas, especialmente de personas que proceden de Senegal. Además, destaca la presencia de cada vez más mujeres y niños y niñas sin referentes familiares, para lo que el sistema de protección de las islas no está preparado, según el informe de CEAR. En respuesta, el Gobierno de Canarias ha llegado recientemente a un acuerdo con el Gobierno central para tramitar la modificación de la Ley de extranjería y articular un sistema de reparto de la acogida de menores. La organización destaca que la respuesta estatal frente a la situación humanitaria fue rápida y se activaron medidas extraordinarias, como la declaración de emergencia y la apertura de nuevas plazas de acogida en la península, con la implementación de grandes Centros de Acogida de Emergencia (CAED). Esta respuesta evitó que se repitieran situaciones de hacinamiento como las que se dieron en 2021 en el muelle de Arguineguín. “Aunque en un primer momento sirvieron para descongestionar la situación, España debe contar con una estructura estable de acogida, tanto en las islas como en Península, que dé respuesta a las, cada vez más frecuentes, situaciones de grandes llegadas”, advirtió Mónica López, directora general de CEAR. Además, denunció que, en términos de acogida, la respuesta no fue equiparable a la dada frente a la emergencia de Ucrania: “Las dificultades para obtener citas para iniciar el procedimiento protección, junto con las limitaciones en los tiempos de estancia en plazas de atención humanitaria, dejan a algunas personas en situación de desprotección y en riesgo de exclusión social”, declaró. Un Pacto devastador para el derecho de asilo En su informe, CEAR también analiza las “consecuencias devastadoras” que tendrá el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en el derecho de asilo, en el conjunto de los derechos humanos y en la vida de las personas. Este acuerdo, advierte, “refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras”. Sin embargo, CEAR hace un llamamiento a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil para que exijan al Gobierno español que implemente el Pacto de forma garantista, con el objetivo minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección. “El resultado de las elecciones europeas es preocupante porque refuerza a los partidos que amenazan gravemente el derecho de asilo. Esperamos que España impulse un cambio de rumbo para situar en el centro a las personas y sus derechos”, declaró Mauricio Valiente.