El Gobierno de España condenó ayer el ataque efectuado el pasado 1 de mayo por un grupo de colonos israelíes violentos contra dos convoyes de ayuda humanitaria procedentes de Jordania y con destino a la Franja de Gaza.
“La acción de las autoridades israelíes, tras la detención de sus responsables, sigue siendo fundamental para asegurar las condiciones de seguridad para el acceso humanitario”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota de prensa. “La protección de los trabajadores humanitarios es una obligación conforme al Derecho Internacional Humanitario”, prosiguió. “El Gobierno saluda el esfuerzo del Gobierno de Jordania para facilitar la necesaria llegada de ayuda humanitaria a Gaza”, concluyó.
El Gobierno de Jordania denunció el 1 de mayo el ataque de un grupo de colonos “extremistas” israelíes contra dos convoyes con suministros básicos para la Franja de Gaza y acusó a las autoridades israelíes de incumplir su obligación de proteger estos vehículos. Uno de los convoyes se dirigía al paso de Kerem Shalom y el otro pretendía entrar en Gaza por el paso de Erez. Ambos consiguieron llegar a su destino pese al ataque.
Estados Unidos ha calificado de “inaceptable” el ataque y ha instado a Israel a tomar medidas para evitar estos hechos. Pr su parte, el alto representante para Política Exterior y de Seguridad de la UE, Josep Borrell, ha condenado este ataque “despreciable” contra el convoy humanitario. “Israel debe garantizar la entrega segura de la ayuda”, advirtió ayer a través de las redes sociales.
El pasado 4 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados, que el Gobierno español había “iniciado los trámites para imponer sanciones a un primer grupo de doce colonos violentos de Cisjordania”, al igual que han hecho países como Estados Unidos o Reino Unido.
Dos semanas más tarde, los 27 Estados miembros de la UE llegaron a un acuerdo para sancionar a colonos judíos implicados en actos violentos contra palestinos en Cisjordania, una medida que no había sido posible acordar en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de febrero a causa del veto de Hungría y que había sido adoptada individualmente por España.
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