Tras más de 150 años de gestión del agua en Cataluña por parte de Aguas de Barcelona, los problemas de gestión en la época de sequía, ha llevado a los ayuntamientos a una situación altamente delicada.
Aguas de Barcelona, participada en un 15% por Criteria (grupo La Caixa), 15% por el Área Metropolitana de Barcelona y el 70% por el grupo Agbar, parece haberse dado cuenta de este problema y quiere, ahora, poner manos a la obra para solucionarlo poniendo en marcha un plan de inversiones que, claramente, llega tarde. El Grupo Agbar ha sido adquirido al 100% por el gigante francés Veolia que se ocupa, en una de sus divisiones de la gestión de agua a nivel internacional y que es por tanto dueño al 70% de Aguas de Barcelona.
Hasta aquí todo parece ir viento en popa, pero los cambios de directivos están frenando la puesta en marcha de cualquier tipo de solución al problema de la gestión del agua.
Guerra entre directivos
El anterior CEO de la compañía, Ángel Simón -actual CEO de Criteria que participa en Aguas al 15%- se resiste a dejar de tomar las decisiones propias de su anterior grupo. Simón lleva años quejándose de que la solución al problema del agua era la falta de gobernanza. La Generatitat de Cataluña ya dictó una norma, la ley 9/2023 de medidas extraordinarias para luchar contra la sequía. Pero pueda parecer que al hablar de falta de gobernanza se estuviera refiriendo a las propias empresas concesionarias de la gestión.
El actual dueño de Agbar, Veolia, ha nombrado nuevo CEO a Gustavo Migues y a Ángel Jover responsable de la implementación de las nuevas políticas de la compañía, manteniendo al resto de directivos del equipo de Simón.
Esta nueva política de gestión no ha sentado bien en los anteriores decisores del grupo, con Simón a la cabeza, que ven peligrar su influencia en la nueva línea de actuación, así como temen por su privilegiada posición. Esto viene aventado por la actuación de Simón que pretende con el 15% de Criteria, seguir tomando las decisiones en Agbar.
La realidad es que, las soterradas luchas de poder dentro de la compañía, así como la falta de entendimiento entre la nueva política que quiere imponer Veolia y la que defiende el anterior CEO, está llevando a la veintena de ayuntamientos afectados a que vean cada vez más lejos la solución a sus legítimas necesidades de una gestión del agua satisfactoria para los ciudadanos.
Por otro lado y como consecuencia se está produciendo una mayor desconexión entre los altos directivos, más pendientes de sus juegos de tronos, y los problemas reales de las poblaciones de las que tienen adjudicada la gestión de su agua.
No podemos olvidar que el agua es un elemento básico para la vida y que se puede hablar de un derecho real al acceso universal al mismo. La mala gestión de un bien escaso no hace sino agravar un problema que, dado el cambio climático, va a afectar cada vez más a los ciudadanos. En concreto en Cataluña, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha decretado el estado de emergencia nivel 1, lo que significa una restricción en el consumo del agua pudiendo llegar a 200 litros máximo.
La escasez del agua, paliada en cierta medida a corto plazo por las última lluvias, no es un problema solo de Cataluña. Según datos de la Dirección General del Agua a 7 de mayo de 2024, los embalses de uso para consumo humano y agrícola, están al 56,74%, por debajo de la media de los últimos diez años, situada 60% para el mes de mayo.
Esta situación afecta a casi todas las poblaciones, pero curiosamente, allí donde las compañías juegan al caudillismo interno mientras se enfrentan en los tribunales con las administraciones -perdiendo cada juicio que inician- en lugar de ocuparse de los problemas a los que están obligados a poner solución, este se agrava y se encalla.
Esperemos que esta situación interna logre reconducirse y que, con tiempo, puedan poner soluciones a los problemas, aunque estas lleguen tarde.
Afortunadamente, este escenario solo afecta a una compañía, y el resto de los ayuntamientos del país, no tienen que vivir esta incertidumbre.
