<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien estuvo encarcelado por supuesta conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro y fue secuestrado mientras se encontraba en Chile como asilado político.</strong></h4> En una Proposición no de Ley (PNL) presentada el pasado 4 de abril para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, el Grupo Popular asegura que <strong>Ronald Ojeda Moreno fue un militar venezolano que, a finales de 2017, logró escapar junto a otros compañeros de una cárcel chavista</strong>, el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicada en Los Teques (Venezuela) y en la que se encontraba encarcelado por una supuesta conspiración contra el régimen de Maduro. <strong>En 2018, Ojeda llegó a Chile, país que le otorgó asilo político.</strong> “En sus redes sociales era habitual que contase todo lo que tuvo que vivir por denunciar la corrupción sistémica de la Venezuela chavista y por ser un disidente de un país que socava los derechos humanos, las libertades y que persigue a quienes piensan diferente”, asegura el PP, que añade que, en diciembre de 2022, Ronald Ojeda informó de que era “un preso político, torturado y amenazado por el régimen de Nicolás Maduro”. “Sin embargo, Ronald Ojeda nunca imaginó que, en el país que le protegía, sería privado de su libertad y asesinado”, prosigue la PNL. <strong>El pasado 21 de febrero, Ronald fue secuestrado en su domicilio en Santiago, al que llegaron supuestos oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y forzaron las puertas de su apartamento.</strong> Los supuestos oficiales sacaron a Ojeda en contra de su voluntad de su domicilio, maniatado y en ropa interior, como consta en las cámaras de vigilancia del edificio donde vivía con su familia. <strong>Ante estos hechos, la Fiscalía chilena abrió una investigación. </strong> <strong>El 1 de marzo, el cuerpo de Ojeda Moreno fue encontrado en una maleta, sepultado bajo cemento, en la comuna de Maipú. La familia de Ronald Ojeda asegura que, “detrás del crimen está el Gobierno venezolano”</strong> y por ello, el abogado de la familia ha denunciado los antecedentes de este caso ante la Fiscalía de Corte Penal Internacional (CPI) y espera que incorpore este caso como “un ejemplo más de una política de represión sistemática que lleva a cabo el régimen chavista”, en este caso mediante “la acción extraterritorial de agentes del Estado para eliminar a los opositores del régimen”. <strong>El presidente de Chile, Gabriel Boric</strong>, aseguró el pasado 12 de abril que no permitirá la “impunidad” en el caso de Ronald Ojeda y exigió a Venezuela “toda la colaboración que se requiera en este caso para que busquen y pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato”. La PNL del PP recuerda también que Naciones Unidas ha denunciado reiteradamente las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, especialmente en los informes que lideró la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, y que en la Corte Penal Internacional existe una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad. “<strong>España tiene como eje rector de nuestra política exterior la defensa y la promoción de los derechos humanos y tenemos el firme compromiso de promocionarlo en el mundo, más aún en la región de América Latina, a la que nos unen lazos históricos y culturales”,</strong> destaca el PP. “Por esas razones, no debemos permanecer expectantes ante estos hechos”, advierte. “Además, nuestra posición es de enorme relevancia en el seno de la UE a la hora de abordar las relaciones con los países de América Latina, sustancialmente con Venezuela, cuyo régimen está sometido a sanciones, unas sanciones que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tratado reiteradamente de anular, cuando no se han violado directamente, como sucedió con el aterrizaje de la señora (la vicepresidenta) Deley Rodríguez, en Madrid, el 20 de enero de 2020”, añade. Por todo ello, la Proposición no de Ley <strong>insta al Gobierno a “condenar el secuestro y asesinato en Chile del venezolano Ronald Ojeda”</strong>, a apoyar las investigaciones del Estado chileno para conocer a los culpables del crimen, así como a sus inductores y beneficiarios, a apoyar las denuncias recogidas en los informes de Naciones Unidas en contra del régimen venezolano y a apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional contra el régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad. Asimismo, pide que <strong>se mantengan y refuercen “las sanciones contra el régimen venezolano vigentes en la Unión Europea” </strong>y que se contacte a la familia de Ronald Ojeda “para mostrar las condolencias del pueblo español y ofrecer el apoyo diplomático, así como la posibilidad de otorgarles la condición de refugiados en nuestro país”.
