<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Un total de 80 personas atienden las más de 138.000 solicitudes de nacionalidad española presentadas en los Consulados Generales de Buenos Aires, Caracas, La Habana y México en aplicación de la Ley de Memoria Democrática (popularmente conocida como la “Ley de Nietos”), que entró en vigor en octubre de 2022.</strong></h4> <strong>Los cuatro Consulados han recibido, desde octubre de 2022 hasta el pasado 31 de enero, un total de 138.118 solicitudes de nacionalidad al amparo de la Disposición Adicional octava de la ley, </strong>según respondió el Ministerio de Asuntos Exteriores a cuatro preguntas por escrito del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso respecto al número de solicitudes de nacionalidad española presentadas a través esos Consulados en virtud de la ley de 2022 y al “número y tipo de contrato de personal que atiende estas solicitudes”. Concretamente, <strong>el Consulado General de España en Buenos Aires</strong> ha recibido un total de 61.082 solicitudes de adquisición de nacionalidad española y el número total de personal local que atiende las solicitudes en esta oficina consular es de 27 personas. Aparte, en <strong>el Consulado General de España en La Habana</strong> se han presentado 36.117 solicitudes y el personal local encargado de ello está formado por 30 personas; en <strong>el Consulado General de España en Ciudad de Méxic</strong>o se han presentado un total de 29.079 solicitudes de nacionalidad española y el número total de personal local es de trece personas; y, por último, <strong>el Consulado en Caracas</strong> ha recibido 11.840 solicitudes y el personal local disponible para ello lo forman solo diez personas. En los cuatro casos, <strong>el personal local incluye los efectivos adicionalmente contratados para esta labor</strong>. Aparte, en los cuatro Consulados se debe sumar al Cónsul General y al Cónsul Adjunto, quienes tienen, entre sus tareas diarias, la de gestión y resolución de estos expedientes. <strong>Hasta el 31 de diciembre de 2023, un total de 226.000 personas solicitaron la nacionalidad en todo el mundo a través de la Ley de Memoria Democrática, de las cuales obtuvieron la ciudadanía alrededor de 110.000,</strong> según informaron a mediados de febrero representantes de la administración durante una reunión con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Las mismas fuentes, citadas por el diario digital especializado <em>Crónicas de la Emigración</em>, advirtieron de <strong>la escasez de personal en la red consular para atender estas y otras necesidades</strong>. Por esas mismas fechas, el CGCEE pidió al Consejo de Ministros una prórroga a la aplicación de la Disposición Adicional octava de la Ley debido a <strong>“la saturación” en “consulados generales que están infradotados para este proceso”.</strong> Finalmente, <strong>el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres</strong>, anunció el pasado 29 de febrero que el plazo para solicitar la nacionalidad española se extenderá un año más, hasta finales del año 2025. <strong>La Ley de Memoria Democrática permite el acceso a la nacionalidad española a las personas que no pudieron optar a ella entre 2008 y 2011 al amparo de la Ley de Memoria Histórica.</strong> La nueva incluye, además, otros supuestos de opción, como el de hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; o los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les haya reconocido su nacionalidad a través de la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática. La ley estableció un plazo dos años, desde su entrada en vigor, para hacer la tramitación, aunque existe la posibilidad de un año de prórroga si el Consejo de Ministros así lo acordase al término de los dos primeros años. <strong>Con la anterior Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se nacionalizaron alrededor de 250.0000 descendientes de exiliados del franquismo</strong>, sobre todo en los consulados de Francia, México, Argentina, Venezuela y Cuba. Cuando fue aprobada la actual ley, varios medios próximos a la emigración estimaron entre 200.000 y 300.000 el número de hijos y nietos de emigrantes que podrían acogerse a la nueva norma en Argentina, Cuba y México.
