<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros remitió este pasado martes a las Cortes Generales tres acuerdos entre España Nigeria sobre asistencia judicial en materia penal, extradición y traslado de condenados, al tiempo que autorizó la manifestación del consentimiento de España para obligarse por los mencionados tratados.</strong></h4> Los tres tratados (asistencia judicial mutua en materia penal, extradición y traslado de personas condenadas) son “fruto del deseo de ambos países de reforzar sus vínculos y de regular las relaciones” en estos tres ámbitos, según el Gobierno. Tanto en materia de asistencia judicial penal como de extradición, los vínculos entre los dos países se han regido hasta la fecha por el principio de reciprocidad internacional. Las propuestas iniciales sobre estos tres tratados fueron presentadas por España en julio de 2019, tras lo cual ambos países se intercambiaron observaciones de contenido respecto de estas propuestas iniciales. <strong>Los tres acuerdos fueron firmados el 1 de junio de 2022 en Madrid con motivo de la visita a España del presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari,</strong> y fueron autorizados y remitidos a las Cortes Generales durante la reunión de Consejo de Ministros del 7 de febrero de 2023. No obstante, la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado para la convocatoria de las elecciones anticipadas del pasado 23 de julio paralizó el impulso de los tres acuerdos y obligó a remitirlos de nuevo a las Cortes Generales. <strong>El Tratado sobre asistencia judicial mutua en materia penal entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de Nigeria</strong> regula, con carácter general, la prestación de asistencia jurídica mutua en procedimientos de índole penal que tengan lugar en alguna de las partes, estableciendo las modalidades de dicha asistencia, así como las peculiaridades de su procedimiento. Asimismo, <strong>el Tratado de extradición entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de Nigeria</strong> se justifica por la necesidad de contar con un instrumento de cooperación jurídica en materia penal que facilite la entrega de fugitivos entre los dos países, evitando así cualquier atisbo de impunidad que pueda existir especialmente en supuestos de criminalidad organizada y delitos transfronterizos. Por último, <strong>el Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de Nigeria</strong> se justifica por la necesidad de contar con un instrumento de cooperación jurídica en materia de traslado de personas condenadas que facilite el cumplimiento de las penas impuestas en el extranjero en el país de la nacionalidad del condenado, favoreciendo de esta forma la integración y combatiendo el desarraigo social producido por el internamiento en un país distinto al de origen.
