<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha vuelto a eludir el tema de la concesión de la nacionalidad española a los saharauis y ha remitido cualquier decisión al respecto al “proceso negociador” patrocinado por la ONU, “cuya centralidad ha de asegurarse en todo caso”.</strong></h4> El Ejecutivo respondió así, el pasado 13 de marzo, a una pregunta por escrito del <a href="https://www.congreso.es/entradap/l15p/e1/e_0010631_n_000.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar</strong> </a>respecto a si el Gobierno tiene previsto trasladar al Congreso de los Diputados “alguna iniciativa para revertir la situación derivada de la privación de este derecho a no perder su nacionalidad a los españoles saharauis de origen al a la entrada en vigor de la Constitución española”. Concretamente, Sumar (socio minoritario del Gobierno de coalición) se remite al apartado 2 de del artículo 11 de la Constitución, que establece que <strong>“ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.</strong> En su escueta <a href="https://www.congreso.es/entradap/l15p/e1/e_0016741_n_000.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>respuesta</strong></a>, el Gobierno afirma que <strong>“las propuestas de reforma de la normativa de nacionalidad para extender la nacionalidad española a los saharauis plantean cuestiones técnicas y de seguridad jurídica que han de ser dilucidadas con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, y atendiendo al proceso negociador en el marco de Naciones Unidas, cuya centralidad ha de asegurarse en todo caso”.</strong> <strong> </strong> <h5><strong>La provincia del "Sáhara Español"</strong></h5> En junio de 2020, el Tribunal Supremo estableció que haber nacido en el Sáhara Occidental antes de 1975 no da derecho a obtener la nacionalidad española de origen porque la antigua provincia no se podía considerar territorio nacional durante la administración española y, por tanto, “nacer en Sáhara” durante el dominio español no puede equipararse a “nacer en España” a los efectos de la nacionalidad por origen. <strong>Desde el punto de vista legal, los saharauis son apátridas sin nacionalidad,</strong> aunque sí que cuentan, por razones humanitarias, con el pasaporte argelino, que actúa como título de viaje pero no les concede la ciudadanía. En febrero de 2023, en plena luna de miel entre España y Marruecos tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apoyar el plan de autonomía propuesto por Rabat para el Sáhara Occidental, <strong>los diputados del PSOE votaron en el Congreso en contra de una proposición de Ley para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis</strong> nacidos antes de la retirada de España en 1976 y a sus descendientes. A finales de 2023, Sumar volvió a la carga con el mismo asunto y presentó una nueva Proposición de Ley para se conceda <strong><a href="https://thediplomatinspain.com/2023/12/sumar-presenta-una-ley-para-conceder-la-nacionalidad-espanola-a-los-saharauis-nacidos-antes-de-1976/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">“la nacionalidad española por carta de naturaleza a las saharauis y a los saharauis nacidos en el territorio del Sahara Occidental bajo la administración de España”</a>,</strong> teniendo en cuenta “la fuerte vinculación” de la población saharaui con España. En su propuesta, Sumar argumentaba que, en 1958, el régimen de Franco decidió convertir sus colonias en África en provincias ultramarinas de España, lo que permitió que el entonces llamado “Sáhara Español” (en poder de España desde 1885) pasara ser conocido como la provincia número 53, con el estatuto de provincia metropolitana. <strong>A raíz de ello, sus habitantes contaron con representación en las Cortes de la dictadura, poseyeron documento nacional de identidad español y pudieron estudiar en las Universidades españolas, acceder a la Función Pública e, incluso, ser miembros del Ejército y participar en el referéndum de 1966 sobre el proyecto de Ley Orgánica de Estado. </strong> Veinte años después de su conversión en provincia metropolitana, España dio por terminada definitivamente su presencia en el territorio el 26 de febrero de 1976. Un Real Decreto de agosto de 1976 estableció que quienes cumplieran determinados requisitos podían optar por la nacionalidad española en el plazo de un año, “pero la administración española ya había abandonado el territorio, haciendo, por tanto, imposible el ejercicio efectivo de esa opción, tal y como puso de manifiesto el Tribunal Supremo” en 1998 y 1999, recuerda Sumar. Desde la marcha de España, el territorio del Sáhara Occidental está controlado por Marruecos, cuya soberanía sobre la antigua provincia española no cuenta con el reconocimiento legal internacional. Naciones Unidas ha pedido reiteradamente el inicio de un proceso de descolonización.
