<h6><strong>Julio García-Aquí Europa</strong></h6> <h4><strong>La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) instó ayer a las autoridades catalanas y españolas a garantizar que en las escuelas de Cataluña se de el mismo trato al castellano y catalán “en las horas de enseñanza y curriculares” y a que a ningún niño se le discrimine por ser hispanohablante.</strong></h4> Esta es una de las recomendaciones finales del informe sobre la misión a Cataluña que llevaron a cabo en diciembre de 2023 una docena de eurodiputados para examinar la inmersión lingüística en las escuelas de la comunidad, que endurece el tono del primer borrador debatido en esta comisión hace un mes y añade, entre otras advertencias, su preocupación por que el régimen lingüístico catalán limite en la práctica la libertad de circulación europea. En la misión participaron diputados de los grupos del Partido Popular Europeo, Renovar Europa y los Conservadores y Reformistas, pero no de la bancada progresista, quienes consideraron que la agenda de encuentros estaba "politizada". La mayoría conservadora del Parlamento Europeo, entre ellos PP, Vox y Ciudadanos, respalda mayoritariamente este informe. La presidenta de PETI, líder del PP en el Parlamento y vicepresidenta del PPE, Dolors Montserrat, fue de las primeras en reaccionar. "El informe del Parlamento Europeo deja claro que la Generalitat está vulnerando los derechos de las familias y que el Gobierno de Pedro Sánchez no hace nada para impedirlo", expuso, y pidió al Ejecutivo central y a la Generalitat que cumplan con la "igualdad" que se pide en el documento. La recomendación va más allá de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece la obligación de que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano a todos los alumnos del sistema educativo de Cataluña, principal argumento legal esgrimido por las familias que acudieron a la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El borrador ya alertaba sobre la "falta de medidas para aplicar esta sentencia judicial" que empujaría a los ciudadanos a "solicitar una reparación judicial para su propio caso de forma individual"; ahora, mediante una enmienda aprobada, "hace un llamamiento a las autoridades catalanas para que no obstaculicen la ejecución de esta sentencia". Entre las enmiendas consensuadas al borrador inicial, figura también la advertencia de que dichas medidas necesarias "no pueden implicar en ningún caso la exclusión de una de las lenguas oficiales como lengua vehicular" o de que las materias no troncales (como la educación física) no pueden equipararse en este cálculo a la enseñanza de asignaturas troncales, como las matemáticas o la historia. "Los centros educativos de Cataluña deben ofrecer a los alumnos oportunidades adecuadas para que adquieran un buen dominio tanto del catalán como del castellano, así como los conocimientos lingüísticos necesarios para que tengan pleno acceso a todas las oportunidades laborales, sociales y culturales", insiste el texto.