<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros remitió este pasado martes a las Cortes Generales los acuerdos de España con Cabo Verde y Namibia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por parte de familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, al tiempo que autorizó la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dichos acuerdos.</strong></h4> <strong>Ambos acuerdos habían sido remitidos al Parlamento a principios de 2023, pero la disolución de las dos Cámaras a causa de la convocatoria de elecciones legislativas impidió su tramitación parlamentaria</strong>, lo que ha obligado a remitirlos de nuevo a las Cortes Generales. El acuerdo con Cabo Verde fue firmado en Praia el 29 de marzo de 2022 y el acuerdo con Namibia fue firmado en Madrid, el 15 de junio del mismo año. El objetivo de ambos acuerdos¡, según el Gobierno, es “recoger y regular jurídicamente los legítimos intereses y expectativas de los familiares dependientes de los agentes diplomáticos, consulares y funcionarios administrativos acreditados en las misiones diplomáticas de España en el exterior y del personal al servicio de las representaciones ante organizaciones internacionales en cuanto a actividades remuneradas se refiere. El mismo beneficio se aplicará a los familiares dependientes de nacionales de España, Cabo Verde y Namibia acreditados ante organizaciones internacionales con sede en cualquiera de los tres países. En función de acuerdos similares firmados con otros países, los beneficiarios de estas medidas son los cónyuges (o las parejas con las que se mantenga una unión análoga a la conyugal, inscrita y en vigor en un registro público), los hijos solteros menores de 21 años que vivan a cargo de sus padres, los menores de 23 que cursen estudios superiores en centros de enseñanza superior y los hijos solteros que vivan a cargo de sus padres y tengan alguna discapacidad física o mental. Según el Gobierno, este tipo de acuerdos responde a <strong>“la transformación social que España ha experimentado en las últimas décadas”</strong>, que “ha tenido también su reflejo en la figura de las parejas y familiares dependientes de los funcionarios del servicio exterior de España”, que ha evolucionado a “un perfil diferente del tradicional”. “En su gran mayoría cuentan con una formación académica, titulación superior o universitaria, una preparación técnica y una experiencia laboral que no desean interrumpir, sino que, por el contrario, desean desarrollar mientras acompañan a su pareja en el desempeño de una misión oficial en el exterior”, prosiguió el Ejecutivo tras la primera autorización del acuerdo con Cabo Verde, en enero de 2023. <strong>España ha ratificado acuerdos de esta naturaleza con más de treinta Estados.</strong>
