Eduardo González
El Parlamento Europeo condenó ayer el encarcelamiento de “cientos de presos políticos” en Venezuela, entre ellos la abogada y activista hispano-venezolana Rocío San Miguel.
Tras un debate celebrado el miércoles, el pleno aprobó ayer, con 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones, una resolución en la que se denuncia la reciente detención de Rocío San Miguel, abogada y activista de nacionalidad española, por supuestamente conspirar contra el régimen. San Miguel se encuentra recluida en la cárcel de El Helicoide, “conocida por los abusos de derechos humanos, incluida la tortura”, según denunció la oficina en Madrid de la Eurocámara en una nota de prensa.
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando intentaba salir de Venezuela con su familia. La Fiscalía venezolana vincula a la abogada y a sus allegados con una trama conspirativa -denominada Brazalete blanco para asesinar al presidente del país, Nicolás Maduro. El pasado 17 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo una conversación telefónica con su colega venezolano, Yván Gil, en la que se interesó “por la detención de la ciudadana hispano-venezolana Rocío San Miguel”, según un portavoz del Ministerio.
El texto también recoge el caso del general Hernández Da Costa, encarcelado desde agosto desde 2018 y a quien se deniega el tratamiento médico que necesita, y de miembros del equipo de la opositora María Corina Machado –Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Emil Brandt-, detenidos por motivos políticos y que permanecen incomunicados.
Los eurodiputados piden la liberación inmediata de todos los presos políticos y las personas detenidas arbitrariamente y exigen al régimen de Nicolás Maduro que ponga “fin a su política de represión y a sus ataques contra la sociedad civil y la oposición”. También denuncian que los prisioneros se hallan en condiciones que vulneran las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
Asimismo, instan a la UE a endurecer sus sanciones contra las autoridades venezolanas y a incluir en ellas a miembros de la cúpula del régimen, de las fuerzas de seguridad, del Tribunal Supremo y al propio presidente Maduro. “La Corte Penal Internacional debe, por su parte, incluir las violaciones de derechos humanos y las detenciones arbitrarias en su investigación sobre supuestos crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen”, añade el Parlamento.
