Eduardo González
La delegación de Amnistía Internacional que visitó esta semana España ha pedido a “los actores políticos” españoles que “dejen sus diferencias de lado” e impulsen “una agenda común para hacer frente al riesgo de genocidio en Gaza”.
La delegación de Amnistía Internacional, encabezada por su secretaria general, Agnès Callamard, y por el director de la organización en España, Esteban Beltrán, viajó desde este lunes España para presentar su agenda para la XV Legislatura, en un documento titulado Visión y Coraje para avanzar en derechos humanos.
En estos tres días, se reunieron con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Exteriores, José Manuel Albares; el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons; y organizaciones de la sociedad civil, especialmente sobre migración, asilo y libertad de expresión.
“El sufrimiento de la población en Gaza merece que todos los actores políticos en España, y en el mundo, dejen de lado sus diferencias y acuerden una agenda común, basada en el derecho internacional y los derechos humanos para hacer frente al riesgo de genocidio en Gaza”, declaró Agnès Callamard al término de la visita.
La organización ha valorado “positivamente” las medidas ya tomadas, como el apoyo a la UNRWA, a la investigación sobre Gaza por parte de la Corte Penal Internacional y a la denuncia por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. No obstante, considera que España debe convertir “en permanente la suspensión temporal de envío de armas a Israel” y promover, en el seno de la UE, la prohibición de la importación de productos de los colonos de los territorios palestinos ocupados y la revisión del acuerdo de cooperación entre Israel y la UE, entre otras medidas.
Durante el encuentro con Grande-Marlaska, Amnistía Internacional pidió que se cumplan las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado para eliminar los obstáculos que impiden obtener protección internacional a las personas subsaharianas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla y pidió, en la misma línea del Defensor del Pueblo, que se ponga fin a “la práctica, contraria a la legislación internacional, de expulsar sumariamente, de forma colectiva o individual a Marruecos a las personas migrantes y solicitantes de asilo”.
Asimismo, advirtió de que esta legislatura “arrastra un terrible episodio de la anterior: la tragedia de Melilla de junio de 2022, una de las mayores manchas de derechos humanos de la democracia española”. “Amnistía Internacional lamenta que en la reunión con Grande-Marlaska el ministro no haya asumido un compromiso real para investigar de forma independiente lo sucedido, así como para que los derechos humanos jueguen un papel importante en las relaciones con Marruecos”, prosiguió la organización. “Las autoridades españolas, así como también las marroquíes, deben asumir su responsabilidad y dejar de frustrar los intentos de averiguar la verdad de lo sucedido en Melilla, tan necesaria para garantizar justicia a las víctimas y sus familias”, declaró Callamard.
