<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha asegurado, sin añadir más detalles, que “el expediente” relacionado con el permiso de residencia de la activista saharaui Aminatu Haidar “está resuelto y a la espera de que la solicitante continúe con su solicitud”.</strong></h4> <strong> </strong> El pasado mes de diciembre, Haminatu Haidar deniunció que el Gobierno de Pedro Sánchez había denegado la renovación de su permiso de residencia. La noticia fue confirmada por las mismas fechas por su abogada, que declaró al diario <em>El País</em> que la decisión del Ejecutivo fue “política” y que “Aminatu es una víctima más de la agresividad y la violencia administrativa de este Gobierno con la población saharaui”. <strong> </strong> <strong>Haidar, quien recibió un visado humanitario en España hace 16 años para recibir tratamiento médico para sus múltiples problemas de salud, había renovado su permiso cada año hasta 2020</strong>, pero le fue denegada la prórroga en 2021 debido a que permanecía demasiado tiempo fuera de España. La activista recurrió la decisión, lo que le permitió mantener el permiso. Tras caducar su permiso en enero de 2022, Haidar solicitó la prórroga dentro del plazo de 90 días. Aparte, en mayo de ese año solicitó que se trasladara el expediente a Madrid para recibir tratamiento médico. No obstante, la Delegación del Gobierno en Madrid le notificó, un año después, la denegación del permiso de residencia argumentando que la solicitud se había presentado fuera de plazo. Como consecuencia de ello, la activista se encuentra desde noviembre en situación irregular en España, bajo el temor de una posible deportación al Sáhara Occidental. La activista, aquejada de fibromialgia, osteoporosis crónica y cirugías previas, fue condenada a prisión en 2005 por sus actividades en favor de la independencia del Sáhara Occidental y mantuvo una huelga de hambre de 32 días en 2009 en el aeropuerto de Lanzarote, adonde había sido expulsada por las autoridades marroquíes desde El Aaiún nada más llegar de un viaje a los Estados Unidos. Durante la huelga de hambre, Agustín Santos Maraver, actual diputado de Sumar, se trasladó a Lanzarote para entrevistarse con ella mientras ejercía el cargo de jefe de gabinete del entones ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. La nueva situación de Aminatu Haidar ha generado bastante repercusión en España, lo cual se ha traducido en <strong>cuatro preguntas parlamentarias por escrito del PP, del Grupo Sumar (al que pertenece la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz), de EH Bildu y del Bloque Nacionalista Galego, en nombre del Grupo Mixto. </strong> Concretamente, PP recordó el pasado 27 de diciembre que tanto Haidar como la abogada habían denunciado que la denegación del permiso fue una “decisión política” y habían anunciado su intención de recurrir “por vía judicial” y preguntó al Gobierno sobre cuál era su información sobre la situación de la activista. Por su parte, Sumar recordó que las circunstancias médicas de Haidar son “las mismas que hace 16 años” y, por tanto, debería seguir beneficiándose de la autorización de residencia por razones humanitarias, prevista por la ley para los extranjeros que acrediten una enfermedad grave sobrevenida grave que requiera asistencia sanitaria especializada. Aparte, Sumar relacionó esta decisión con las presiones ejercidas por Marruecos contra España tras el ingreso en Zaragoza del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico (que desencadenó una grave crisis diplomática que solo se solucionó con la decisión de Pedro Sánchez de reconocer el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental) y con las denegaciones de nacionalidad solicitadas por la población saharaui en España. EH Bildu preguntó al Ejecutivo cuál fue el motivo del Gobierno para denegarle el permiso de residencia a Aminetu Haidar “teniendo en cuenta que contaba con ese permiso temporal por razones de salud desde hace 16 años”, y el Bloque recordó que la decisión sobre Haidar se produjo “después del cambio de posición del Gobierno a respecto del Sahara, para pasar apoyar o dar por válidas las propuestas del Reino de Marruecos para solucionar el conflicto”. <strong> </strong> <strong>En su respuesta a PP, Sumar y EH Bildu, registrada el pasado 23 de febrero, el Ejecutivo se ha limitado a asegurar, sin más detalles, que “el expediente está resuelto y a la espera de que la solicitante continúe con su solicitud”</strong>. En cuanto a la pregunta del Bloque, el Gobierno se ha limitado a recordar el apoyo de España a<strong> “una solución política mutuamente aceptable en el marco de la Carta de Naciones Unidas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad”</strong> y a “la labor de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) y del Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas”.
