El Gobierno aborda con la UE las políticas de Lukashenko para privar de nacionalidad a los exiliados

Eduardo González El Gobierno español está “al corriente” de las decisiones políticas adoptadas por el régimen de Aleksander Lukashenko para privar de la nacionalidad a los expatriados bielorrusos acusados de actividades “extremistas”, un problema que se está abordando en el seno de la Unión Europea para lograr una postura coordinada entre los Estados miembros. Así respondió el Ministerio de Asuntos Exteriores a una pregunta por escrito del diputado Jordi Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano, sobre las “actuaciones previstas para solucionar el problema con el que se encuentra la comunidad bielorrusa en territorio español para renovar sus documentos de residencia, tras los cambios normativos aprobados en su país”. De acuerdo con la pregunta parlamentaria, registrada a principios de diciembre de 2023, el Gobierno de Lukashenko ha introducido una seria de cambios legislativos y ejecutivos a fin de limitar el ejercicio de los derechos fundamentales desde la invasión de Rusia a Ucrania. Uno de esos cambios legislativos es el que permite privar de nacionalidad a los naturales bielorrusos residentes el extranjero que hayan sido sentenciados por tribunal por participar en actividades declaradas “extremistas”, lo que representa “una auténtica forma de persecución política contra la disidencia y el socavo al respeto a la libertad de expresión”. Al respecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya ha advertido de que esta medida conlleva, indefectiblemente, un riesgo de convertir en apátridas a muchos ciudadanos “dada la naturaleza arbitraria de lo que se pueda considerar ‘extremista’”. En noviembre de 2023, el Gobierno bielorruso ya consideraba “extremistas” a más de 3.500 individuos, así como a miles de contenidos online que incomodan al régimen. Asimismo, en septiembre de 2023, mediante Decreto, las autoridades bielorrusas cambiaron los procedimientos y requerimientos para la renovación de la documentación de sus propios ciudadanos en el extranjero. En función de la nueva normativa, quienes quieran expedir, canjear o renovar sus documentos de identidad deberán trasladarse obligatoriamente a territorio bielorruso, ya que las Instituciones bielorrusas en el extranjero han dejado de efectuar estos trámites. Esta nueva norma, según ERC, supone “una nueva violación de los derechos humanos y del derecho Internacional -la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963- con el objetivo “de perseguir a la disidencia”. “Estos cambios legislativos han supuesto un verdadero problema para las 6.800 personas de nacionalidad bielorrusa que, según el INE, se encuentran empadronadas en España, ya que, “con la nueva normativa, al caducarse los documentos de acreditación de residencia se ven obligadas a desplazarse a Bielorrusia para renovar su pasaporte, con el riesgo para su seguridad personal que esto conlleva dado el clima político actual en su país de origen”. ERC recuerda también que a algunos ciudadanos bielorrusos “en posesión de permisos de residencia y con esta problemática” se les ha ofrecido acogerse a los procedimientos de solicitud de asilo. No obstante, esta fórmula “conlleva largos trámites” y se caracteriza por un bajó índice de reconocimiento, por lo que se han propuesto otras alternativas provisionales “y mientras dure la situación y el clima político actual en la zona”, como la renovación de los permisos en España “a pesar de tener la documentación bielorrusa caducada”. Por todo ello, el Grupo Republicano pregunta al Gobierno si tiene conocimiento de “esta problemática con la que se encuentra la comunidad bielorrusa en territorio del Estado”, si piensa establecer algún mecanismo de protección para la comunidad bielorrusa a fin de que los cambios normativos realizados por el Gobierno de Minsk no impidan la renovación de los permisos de residencia y trabajo en territorio español y si es posible, a tenor de la situación política derivada de la guerra, establecer un procedimiento de renovación y obtención de esos mismos permisos a partir de un “examen benévolo” de las solicitudes sin necesidad de recurrir a procedimientos de asilo. En su respuesta, remitida el 12 de febrero (más de dos meses después del registro de la pregunta), el Ejecutivo asegura que está “al corriente de la situación en que se encuentra la comunidad bielorrusa en el extranjero a raíz de las medidas legislativas tomadas por las autoridades bielorrusas” y añade que “se trata de una cuestión que está siendo también estudiada a nivel Unión Europea, donde se están compartiendo enfoques en relación con la cuestión”. “Concretamente, este asunto ha sido planteado por la Comisión Europea en diversos grupos de trabajo del Consejo con vistas a intentar lograr una postura coordinada entre los Estados miembros”, concluye la respuesta.

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