<h6><strong>Ane Barcos/Aquí Europa / Eduardo González/The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró ayer positivamente los avances del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) para responder a la simplificación y flexibilización de la Política Agraria Común (PAC).</strong></h4> <strong>Los ministros analizaron y debatieron en Bruselas las medidas, a corto y medio plazo, propuestas por la Comisión Europea para identificar y reducir los obstáculos y cargas administrativas a las que se enfrentan los agricultores europeos y así aportar cierto alivio tanto a los agricultores como a las administraciones nacionales. </strong>A juicio de los 27, estas propuestas están “bien encaminadas”, pero no son suficientes, por lo que instaron a la Comisión a “completar rápidamente todas esas medidas con otras nuevas, más ambiciosas”. El texto, elaborado por el Ejecutivo comunitario y enviado posteriormente a la Presidencia belga, aboga por <strong>simplificar algunos de los requisitos de condicionalidad que deben cumplir los agricultores de la UE y simplificar también la metodología para determinados controles</strong>, con el fin de reducir hasta un 50 % el número de visitas a las explotaciones por parte de las administraciones nacionales. En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro belga de Agricultura, David Clarinval, advirtió de que, a pesar de que la reducción de la sobrecarga administrativa es una de las preocupaciones expresadas por la comunidad agrícola, no es la única, y, por ello, aunque la propuesta de la Comisión podría aplicarse a corto plazo, “es necesario aprobar medidas que tengan un impacto concreto a medio y largo plazo”. Por su parte, <strong>Luis Planas</strong> <strong>agradeció las propuestas de la Comisión Europea por considerar que recogen “una gran parte de las medidas españolas”</strong>. A su juicio, las medidas de simplificación de la Comisión “van en buena línea para resolver cuestiones que preocupan, como las excesivas exigencias de la condicionalidad reforzada, la complejidad de aspectos como las fotos georreferenciadas o la necesidad de un buen funcionamiento de la cadena alimentaria”. Así, entre las medidas que tienen que ver con la simplificación de la presentación de las solicitudes de la PAC, Planas destacó la eliminación de los controles de la condicionalidad por la alta carga burocrática que implica para las explotaciones de menos de diez hectáreas de superficie. Esta medida tiene un gran impacto en el caso de España, ya que beneficia a 345.000 agricultores, el 55 % del total de los perceptores de ayudas de la PAC, según informó el Ministerio de Agricultura. En todo caso, el ministro advirtió de que es necesaria una mayor rapidez en la aplicación de las medidas, especialmente en las que requieren una modificación de los reglamentos base, ya que está a punto de concluir la legislatura europea -las elecciones al Parlamento se celebran entre el 6 y el 9 de junio- y los agricultores y ganaderos esperan soluciones urgentes. El ministro afirmó también que la reapertura del reglamento base debe implicar también una reflexión sobre los cambios que se vayan a introducir en una PAC que fue diseñada en un contexto muy diferente al momento actual en el que tiene que aplicarse, en el que los agricultores y ganaderos están muy afectados por el incremento de costes y otras dificultades derivadas de la guerra en Ucrania y de los efectos del cambio climático, especialmente sensible en España. La última reforma de la PAC, efectuada en 2021, introdujo una seria de cambios que han generado malestar entre las asociaciones de agricultores, como la instauración de los “eco-esquemas”, un sistema de incentivos para que las explotaciones agrícolas realicen prácticas medioambientales alineadas con los objetivos de la UE. Según las organizaciones agrarias, estas exigencias dificultan tanto la actividad agrícola como su rentabilidad porque condicionan la concesión de las ayudas de la PAC, conducen a un aumento de las cargas burocráticas y conllevan unas directrices que reducen la productividad de las explotaciones. <h5><strong>Cláusulas espejo</strong></h5> Luis Planas trasladó al Consejo otras dos cuestiones fundamentales para dar respuesta a las preocupaciones del sector: el buen funcionamiento de la cadena alimentaria, para que todos los eslabones obtengan una adecuada remuneración, y, tal como había anunciado la semana pasada ante el Congreso de los Diputados, <strong>la habilitación de fórmulas para que las importaciones de alimentos estén sujetas a las mismas exigencias que están obligados a cumplir los productores europeos.</strong> En este sentido, aseguró que España va a defender <strong>las cláusulas espejo para que productos que no están autorizados en la UE no puedan ser utilizados por productos que lleguen al mercado comunitario. </strong>España, aseguró, fue uno de los pioneros en solicitar ya hace unos años su implantación y, cuando “la demanda es justa y contamos con argumentos, como es el caso, hay que ser constantes ante las instituciones comunitarias”.