<h6><strong>Luis Ayllón</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo en la tarde de ayer una conversación telefónica con su colega venezolano, Yván Gil, en la que “se ha interesado por la detención de la ciudadana hispano-venezolana Rocío San Miguel, según un portavoz del Ministerio español.</strong></h4> El portavoz añadió que Albares también “<strong>ha hablado” con el canciller venezolano “sobre la situación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas”.</strong> Esta es la <strong>primera reacción oficial por parte de un alto cargo del Gobierno español, desde que el pasado día 9 Rocío San Miguel fue detenida</strong> cuando intentaba salir de Venezuela con su familia. Desde entonces se desconoce oficialmente dónde se encuentra la activista, que preside Control Ciudadano, una ONG creada en 2005 que se dedica a supervisar asuntos de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas. No obstante, algunas fuentes apuntan a que está detenida en Caracas, en el edificio conocido como 'el helicoide', una de las sedes de los servicios de inteligencia chavista. La Fiscalía venezolana vincula a Rocío San Miguel y a sus allegados "presuntamente" con una trama conspirativa -denominada “brazalete blanco- para asesinar al presidente del país, Nicolás Maduro. <strong>La escueta información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores no indica en qué términos se produjo la conversación entre Albares y Gil, ni si el primero pidió algún tipo de explicación o exigió saber dónde se encuentra la abogada hispano-venezolana.</strong> <strong>Tampoco precisó Exteriores en qué términos se habló sobre la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas</strong>, <strong>cuyas actividades suspendió el pasado día 15 el régimen de Maduro.</strong> Este dio 72 horas a sus funcionarios para dejar el país por haberse "inmiscuido en asuntos internos", después de que la ONU cuestionara el papel de la Justicia venezolana en la desaparición de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, subrayando que no había podido ejercer su derecho a la defensa. Hace dos días una fuente de la Embajada española en Caracas señaló que la representación diplomática sigue el caso desde que tuvo conocimiento de la detención y hace hace gestiones con las autoridades venezolanas para determinar su paradero, prestar asistencia consular y garantizar que se respeten sus derechos. Ayer, según <em>Radio Fe y Alegría</em>, el cónsul de España en Caracas, Marcos Rodríguez Cantero, se reunió con Miranda Díaz San Miguel, hija de al activista y está tratando de gestionar la visita a la detenida. El pasado día 13, el eurodiputado del PP Leopoldo López Gil pidió Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell "acciones urgentes" ante "la desaparición forzada" de Rocío San Miguel y otros ciudadanos españoles. Estados Unidos afirmó el martes pasado que está “profundamente preocupado” por la detención de la Rocío San Miguel y urgió al Gobierno de Maduro, a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país. El Gobierno español ha sido hasta ahora muy activo en tratar de que se levante las sanciones al régimen bolivariano para tratar de favorecer la celebración de elecciones libres en Venezuela. El pasado 29 de enero, el ministro Albares insistió en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, en la propuesta de revisión de las sanciones, pese a la decisión del Gobierno de Maduro de inhabilitar a la candidata de la oposición, María Corina Machado, para impedir que pueda concurrir a las elecciones presidenciales. No obstante, Albares precisó que la decisión de mantener la inhabilitación de María Corina Machado no va en línea con lo que al Gobierno le gustaría ver en Venezuela.
