<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La delegación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que viajó esta semana a España para recabar información sobre la proposición de Ley de Amnistía concluyó ayer su misión tras reunirse con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde Pumpido, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.</strong></h4> <strong>Los miembros de la delegación</strong> fueron el secretario de la Comisión, el jurista Pierre Garrone; la directora de la Comisión, la jurista Simona Granata-Menghini; la vicepresidenta por Italia, vinculada al área de derechos humanos (y ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi), Marta Cartabia; el vicepresidente por Países Bajos, Martin Kujier; el jurista y exprimer ministro búlgaro Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener (Suiza) y José Luis-Vargas Vadez (mexicano). <strong>La delegación viajó a España a petición del Senado, que ha solicitado a este organismo consultivo del Consejo de Europa que examine la Ley de Amnistía.</strong> El texto está todavía en el aire, tras la decisión de Junts de desmarcarse del Gobierno en la segunda votación en el Congreso, y ha vuelto a la Comisión de Justicia del Congreso, que deberá emitir un dictamen antes del 21 de febrero sobre el nuevo texto que deberá votarse en el pleno de la Cámara. La Comisión de Venecia dará a conocer su dictamen en su sesión plenaria del 15 y 16 de marzo, aunque podría adelantar ese plazo. Según el PP, la Comisión no tiene intención de valorar la constitucionalidad del texto, sino analizar si se garantiza la separación de poderes. <strong>Los miembros de la Comisión comenzaron su visita a España este pasado jueves.</strong> Ese día, fueron recibidos por el <strong>ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños</strong>, quien les aseguró que el objetivo de la proposición de ley es contribuir a la convivencia y que el texto respeta plenamente la Constitución, el derecho europeo y el derecho internacional. Asimismo, les mostró su plena disposición a mantener un contacto continuado con la Comisión y a resolver cualquier cuestión que sus miembros quieran plantear durante el proceso de debate y tramitación del texto. También se reunieron el jueves con <strong>representantes de los partidos en la Comisión de Justicia del Congreso y el Senado</strong>. Durante el encuentro en la Cámara Baja, el portavoz del PSOE, Francisco Aranda, aseguró que la norma lleva más de tres meses debatiéndose en el Congreso con todas las garantías, la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, advirtió de que lo que está en juego “no es la convivencia de los catalanes y las catalanas, sino la vigencia del Estado de derecho”, y el portavoz de Justicia de Junts en el Congreso, Josep Maria Cervera, defendió la necesidad de una amnistía integral que “no excluya a nadie”. La delegación también fue recibida el jueves por los presidentes de las dos Cámaras, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte; las cuatro asociaciones de jueces y el Centro de Estudios Constitucionales. En la jornada de ayer, <strong>la delegación fue recibida por Conde-Pumpido</strong> por “razones de cortesía institucional”, según informó el Tribunal Constitucional en una nota. Durante el encuentro, les explicó cuáles son los trámites para impugnar leyes ante este tribunal y les aseguró que todavía no se ha pronunciado sobre la futura ley porque aún no está aprobada y, por tanto, no procede “en el momento actual”, ya que el control constitucional del Tribunal se “ejerce 'a posteriori' de las leyes aprobadas por el Parlamento”. Asimismo, los miembros de la Comisión fueron recibidos por <strong>Álvaro García Ortiz</strong>, quien le explicó cuál será el papel de la Fiscalía General del Estado una vez que entre en vigor la proposición de ley de amnistía, sin entrar en el contenido de ésta.
