<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Una treintena de antiguos jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, entre ellos el expresidente del Gobierno español José María Aznar, han denunciado la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado en Venezuela y han pedido a la Unión Europea y EEUU, entre otros, que actúen “en consecuencia” tras esta “violación abierta del Acuerdo de Barbados” entre el Gobierno y la oposición.</strong></h4> La carta fue firmada el pasado 27 de enero por <strong>“los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA)”,</strong> tras conocer “la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela” de inhabilitar políticamente “a la candidata presidencial de la oposición democrática, María Corina Machado, sin que exista causa o expediente previo ni fundamentado” y sin haber sido sujeta a “una sentencia penal firme, como lo demanda la Constitución y la jurisprudencia internacional sobre Derechos Humanos”. Concretamente, <strong>la Sala Político Administrativa del TSJ ratificó el pasado viernes la inhabilitación por quince años del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y de Corina Machado, candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) </strong>después de conseguir más del 92 por ciento de los votos en las elecciones primarias del pasado 22 de octubre. El Tribunal ha apartado a Machado de las elecciones presidenciales (previstas para el segundo semestre de este año) por haber sido “partícipe de la trama de corrupción orquestada” por el antiguo presidente del Parlamento Juan Guaidó. Según los firmantes de la carta, <strong>Machado, “de acuerdo con las reglas de la democracia”, sigue siendo “la legítima representante de la oposición en Venezuela y su candidata presidencial ante la comunidad internacional”</strong>, para lo cual ha contado con el apoyo, en las elecciones primarias, de “una mayoría determinante de los venezolanos”. “La actuación de la dictadura de Nicolás Maduro Moro, a través de un Tribunal Supremo cuya dirección se le ha encomendado recién a un militante del partido oficial, exconcejal, sin ejercicio jurídico ni trayectoria judicial y menos académica, prueba su <strong>reiterado desprecio por los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia, tal y como constan en la Carta Democrática Interamericana</strong>”, prosigue la carta. “Ante la violación abierta de los Acuerdos de Barbados, a cuyo tenor se comprometió el régimen a respetar ‘el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato y conforme a sus mecanismos internos’, <strong>los gobiernos de los países garantes han de actuar en consecuencia”,</strong> advierte la declaración conjunta. “<strong>De modo particular, han de reaccionar igualmente los gobiernos firmantes de las declaraciones expedidas a raíz de los citados acuerdos, a saber, Estados Unidos, que levanta de modo parcial sus sanciones contra la dictadura de Maduro Moros; Canadá, Reino Unido y la Comisión Europea</strong>, a cuyos dignatarios nos dirigimos el 26 de octubre para alertarles sobre la criminalización que desde entonces preparaban los personeros de aquél, incluida la primera dama, Cilia Flores, para frenar la candidatura de María Corina Machado”, prosigue la carta. Asimismo, <strong>“la Unión Europea ha de hacer valer su compromiso de velar por ‘el retorno de Venezuela a la senda democrática’</strong>”, tal como expresara el pasado 22 de enero su Alto Representante, Josep Borrell, en una comunicación dirigida al Parlamento Europeo y en la que se tomaba nota “de la inhabilitación constitucional de María Corina Machado”. La carta, difundida por el expresidente colombiano Iván Duque a través de su cuenta en la red social X, ha sido firmada por José María Aznar y por los presidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (además de Duque), los chilenos Eduardo Frei y Sebastián Piñera, los ecuatorianos Guillermo Lasso, Lenin Moreno, Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad, los costarricenses Óscar Arias, Laura Chinchilla, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís, los paraguayos Mario Abdo, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el argentino Mauricio Macri, el uruguayo Luis Alberto Lacalle, los panameños Nicolás Ardito, Ernesto Pérez y Mireya Moscoso, los bolivianos Jorge Quiroga y Carlos Mesa y el salvadoreño Alfredo Cristiani. <h5><strong>Albares: “No va en la línea de lo que a España le gustaría ver”</strong></h5> El pasado lunes, <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares</strong>, aseguró ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela “no ensancha el pluralismo y no va en la línea de lo que a España le gustaría ver”. <strong>A mediados de octubre, Estados Unidos anunció el levantamiento por seis meses de las sanciones al petróleo y el gas de Venezuela</strong> después de que el Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática llegaran a un acuerdo en Barbados para la celebración de elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2024 y con presencia de observadores internacionales. <strong>Un mes más tarde, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE renovó por un periodo de seis meses, en lugar de un año, las sanciones contra Venezuela, después de que España recomendara la revisión de estas medidas en respuesta al Acuerdo de Barbados</strong>. Estas medidas restrictivas incluyen un embargo de armas y equipo para la represión interna, así como la prohibición de viajar y la congelación de activos de 54 personas incluidas en la lista. <strong>Este pasado lunes, la Unión Europea se mostró “muy preocupada” por la decisión del Tribunal Supremo de ratificar la inhabilitación de María Corina Machado y Henrique Capriles.</strong> “Las decisiones destinadas a impedir que los miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales sólo pueden socavar la democracia y el Estado de derecho”, declaró el Servicio Europeo de Acción Exterior en una nota de prensa. Por ello, la UE reclamó “la plena aplicación del Acuerdo de Barbados y la continuación de un proceso de diálogo inclusivo que pueda conducir a elecciones justas y competitivas en 2024”.
