Elides Rojas
Periodista y abogado / Exdirector del diario El Universal, de Caracas
“Me inscribiré en el Consejo Nacional Electoral, seré candidata y le ganaré a Maduro las elecciones de este año”, dijo María Corina Machado un par de días después de que el gobierno venezolano ratificara, a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de mayoría oficialista, como todos los podres públicos venezolanos, la decisión administrativa de la Contraloría General de la República en la que prohíben a la aspirante opositora poder inscribirse como candidata a la presidencia de la república este año contra el chavismo.
Machado, abstencionista durante muchos años en la historia reciente venezolana, se lanzó como candidata en las elecciones primarias de la oposición de octubre del año pasado y ganó con más del 90% de respaldo y casi tres millones de votos. Ya había sido inhabilitada unos meses antes por segunda vez. En 2015 fue la primera vez que el gobierno le impidió ser candidata, esa ocasión en las listas de diputados a la Asamblea Nacional.
Hace ocho años Machado fue sancionada administrativamente por no declarar como ingreso unos viáticos en ejercicio de su curul como diputada y por no dar cuenta de uno bonos de alimentación que nunca recibió. Esa sanción fue por un año. Y antes de las primarias de 2023 fue nuevamente inhabilitada, por el mismo organismo administrativo, por 15 años, decisión que fue objeto de revisión con sentencia en contra hace unos días. María Corina insiste en seguir adelante con sus aspiraciones, según declaró apenas este lunes 29 de enero y agregó que evalúa los próximos pasos.
Es de destacar que Consultores 21, una prestigiosa consultora nacional, aseguró que en su último trabajo de campo, 70% del país se pronuncia por el cese de las inhabilitaciones como recurso del gobierno para eliminar opositores. Henrique Capriles Radonsky, dos veces candidato presidencial, también recibió sentencia que ratifica su última inhabilitación.
La inhabilitación como recurso
Analistas de oposición afirman que la acción de inhabilitar a los aspirantes de la oposición, modalidad muy utilizada en Nicaragua, socava la democracia y el Estado de Derecho y se convierte en una formidable forma de persecución política.
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en respuesta a una acción de revisión introducida por María Corina Machado en la que solicitó una medida cautelar que le permitiera ser candidata, fue fundamentada por el gobierno con una numerosa lista de supuestos delitos cometidos por Machado que van desde su respaldo al paro petrolero de 2002 hasta su apoyo al líder opositor Juan Guaidó, actualmente en el exilio en Estados Unidos.
No se han hecho esperar las reacciones en contra de la prohibición de participar en las elecciones contra Machado. La OEA aseguró que es otra demostración del carácter dictatorial del régimen venezolano. Estados Unidos, el Reino Unido, Argentina, Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador, manifestaron su rechazo y aseguraron que se trata de un paso que agrede directamente los acuerdos bilaterales entre gobierno y oposición suscritos recientemente en Barbados.
Estados Unidos revocó la medida que permitía a Venezuela negociar y facturar oro a través de la empresa del Estado Minerven y retomó la sanción previamente existente. Esta acción de prohibición entrará en vigencia en febrero de 2024. También, EE.UU., por medio de declaraciones de voceros de la Casa Blanca, dieron plazo hasta abril a Venezuela para que ejecuten dos medidas fundamentales, según el señalamiento oficial: permitir una elecciones libres, justas y sin inhabilitados y, como complemento, ordenar la liberación de más de 300 presos políticos entre civiles y militares que mantiene el régimen venezolano en sus cárceles.
El acuerdo de Barbados
En 2023, tanto el gobierno venezolano como la representación de la oposición lograron la firma de un importante acuerdo en el que básicamente se limpiaba el terreno para unas elecciones justas y sin obstáculos oficialistas, la libertad de un gran número de presos políticos; por una parte, y el compromiso de ambas partes de llevar las bases del acuerdo hasta buen término. Eso implicaba eliminar las inhabilitaciones políticas, materia negada ahora por el régimen, y permitir sin persecuciones el funcionamiento de la oposición. No ha ocurrido. Hasta 23 nuevos presos políticos se han producido en los últimos días.
Por lo pronto se prevé que las partes de separen más aún en sus posiciones agravando la polarización. Más presos y más perseguidos están claros en el panorama. Seguramente más sanciones y menos libertad para el proceso electoral también emergen en lo inmediato.
Camino a las elecciones
El pacto de Barbados, entre el régimen y la oposición, también incluyó la probable fecha de elecciones para este 2024 en Venezuela y acordaron que serían realizadas en el segundo semestre de este año siempre bajo el concepto de elecciones libres, competitivas y justas sin ventajismos oficialistas.
El marco general para el régimen es bastante complicado bajo una situación general en la que la cesta básica alimentaria cuesta alrededor de 550 dólares mientras el salario mínimo y las pensiones de jubilados y retirados de la población estás en casi cuatro dólares y el ingreso promedio familiar no supera los 200 dólares. Por otra parte hay una crisis de gasolina, energía eléctrica, servicios y sistema hospitalario ya endémica y sin acción gubernamental. Ni hablar de la inflación y el marco general de la economía con picos importantes de escasez de alimentos y medicinas.
Aparece María Corina Machado con un 90% de aprobación en las encuestas más importantes, mientras Maduro recibe un 85% de rechazo popular. Ese es el cuadro que dibuja las inhabilitaciones y las conductas del gobierno.
Año crítico para el futuro inmediato Venezolano.
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