<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>España participará hoy en Bruselas en el primer </strong><strong>Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la Presidencia belga del Consejo de la UE, cuya agenda no incluye la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas en la Unión.</strong></h4> <strong>La petición del Gobierno español para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea ha quedado aparcada en el orden del día</strong> de los ministros de los Veintisiete una vez que España ha perdido el control de la agenda de trabajo que cada semestre asume la presidencia rotatoria y que, desde el 1 de enero, pasó a manos de Bélgica. En todo caso, la Presidencia belga ha asegurado, según informó Aquí Europa, que no se ha pretendido sacar el tema de la agenda política del Consejo y que, simplemente, “el tema tiene que ir avanzando con la información que ha solicitado el Consejo y, además, <strong>es España quien tiene que empujar políticamente para que se pueda votar al respecto”.</strong> La modificación del régimen lingüístico europeo para oficializar el catalán, el euskera y el gallego en el seno de la Unión Europea <strong>era uno los compromisos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los independentistas catalanes de Junts</strong> para conseguir su apoyo en la investidura. <strong>El asunto fue abordado en cuatro reuniones consecutivas del Consejo de Asuntos Generales</strong> (19 de septiembre, 24 de octubre, 15 de noviembre y 12 de diciembre de 2023), en dos de las cuales compareció incluso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, algo inusual en este tipo de encuentros. Pese a esa insistencia, <strong>en el CAG del 12 de diciembre (el último de la Presidencia española y, por tanto, el último en el que España tuvo la oportunidad de incluir el tema en el orden del día), los 27 Estados miembros no tomaron ninguna decisión concreta y se limitaron a incluir el compromiso de la próxima Presidencia belga</strong> <strong>de “hacer avanzar los trabajos sobre la solicitud de España durante su mandato”.</strong> Ese mismo día, Albares aseguró que mantenía<strong> conversaciones con la futura Presidencia Belga </strong>para que se siguiera abordando la oficialidad de estas tres lenguas en la UE. En el CAG de diciembre se tuvo en cuenta <strong>una estimación preliminar de Secretaría General de la Comisión Europea de las repercusiones en términos de costes de la solicitud de España,</strong> distribuida el seis días antes y según la cual la oficialización del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias costaría alrededor de 132 millones de euros. Para convencer al resto de socios europeos, <strong>España había presentado una propuesta “adaptada” </strong>que incluía las observaciones planteadas por algunos Estados miembros en la reunión del Consejo del 19 de septiembre y por la cual el Gobierno español se comprometía a asumir los costes de traducción e interpretación de los tres idiomas en la UE (previa evaluación de los informes de la Comisión) y dejaba bien claro que la reforma se circunscribiría “exclusivamente al caso de España”, teniendo en cuenta la “especificidad y la serie de condicionantes que reúnen el catalán, el euskera y el gallego, que las convierten en un caso único en la UE”, y, por tanto, no daría pie a que otras lenguas se amparasen “en esta reforma si el Estado miembro no lo desea”. Tras este parón en el seno de la UE, <strong>el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont</strong> lamentó el “incumplimiento” por parte del Gobierno “de lo que se nos había dicho que sería posible”. Pese a todo ello, el debate de investidura de los pasados días 15 y 16 de noviembre se saldó con la renovación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. A finales de octubre, Albares declaró a la prensa que “el Gobierno ha cumplido el acuerdo de llevar este asunto al Consejo de Asuntos Generales”, pero “los tiempos de Europa no son los tiempos de la política nacional”.
