<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido ceder a Guinea Ecuatorial la jurisdicción sobre el presunto secuestro de cuatro opositores, dos de ellos de nacionalidad española, por el que estaba siendo investigado en España un hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. El magistrado considera que “no hay base</strong><strong>” </strong><strong>para concluir que la actividad criminal se hubiera cometido </strong><strong>“al menos parcialmente</strong><strong>” </strong><strong>en España. La oposición en el exilio ha manifestado su “estupor y total rechazo” a la </strong><strong>“malévola</strong><strong>” </strong><strong>decisión del juez.</strong></h4> <strong>La Audiencia Nacional había abierto una investigación contra el jefe del servicio de Seguridad Exterior, Carmelo Ovono Obiang</strong> (uno de los alrededor de treinta hijos del presidente Obiang), y otros dos altos responsables de seguridad, el ministro de Estado para Seguridad Interior, Nicolás Obama Nchama, y el director general de la Seguridad Presidencial, Isaac Ngema Endo, por su presunta implicación en el secuestro y las torturas contra cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) en noviembre de 2019. Ovono Obiang tiene fuertes vínculos con España, ya que reside en Marbella desde 2020 y está casado con una española. Como consecuencia de esta investigación, <strong>el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mangue (también hijo de presidente), acusó a principios de 2023 a España de “injerencia, humillación y falta de respeto a la soberanía”.</strong> En respuesta a estas acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores recordó a Malabo que en España hay “separación de poderes”. <strong>Los cuatro opositores secuestrados son Feliciano Efa Mangue, Julio Obama Mefuman (ambos con nacionalidad española), Martín Obiang Ondo Mbasogo y Bienvenido Ndong Ondo (residentes de larga duración y bajo protección en nuestro país)</strong>, quienes, según la acusación, habían sido convencidos con engaños para que viajaran desde Madrid a Juba (Sudán del Sur), donde fueron secuestrados y desaparecieron el 15 de noviembre de 2019. <strong>Los cuatro opositores fueron condenados en marzo de 2020 por un tribunal militar a penas de entre 60 y 90 años de prisión por presunto golpe de Estado</strong>. <strong>Julio Obama Mefuman, antiguo cabo del Ejército español y condenado a 90 años, falleció a mediados de enero de 2023 en el hospital de Bata</strong>. Su partido aseguró que había fallecido a causa de las torturas, mientras que el régimen de Malabo se apresuró a anunciar que había muerto “de enfermedad”. <strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó por esas fechas al embajador de Guinea Ecuatorial para pedirle explicaciones</strong> y solicitar el indulto para Feliciano Efa Mangue. Un mes más tarde, <strong>el Parlamento Europeo responsabilizó al “régimen dictatorial ecuatoguineano” de la muerte de Julio Obama Mefuman.</strong> <h5><strong>Pedraz no tiene dudas sobre la imparcialidad del proceso</strong></h5> Según informó ayer la Audiencia en una nota de prensa, <strong>el juez Santiago Pedraz ha recibido una comisión rogatoria de las autoridades de Guinea Ecuatorial para la cesión de la jurisdicción sobre este caso a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de aquel país</strong>, “al haberse abierto un procedimiento por los mismos hechos y contra las mismas personas que en España”. A juicio del juez, <strong>“no hay base alguna para concluir, si quiera indiciariamente, que haya hechos cometidos en España de forma que la actividad criminal se hubiera desarrollado al menos parcialmente en nuestro país”</strong>. A falta de otras diligencias, prosigue el auto, “solo consta que fueron secuestrados en Sudán del Sur y trasladados a Guinea Ecuatorial”. Además, “el hecho de que se diga que los perjudicados -dos de los cuales tenían nacionalidad española y los otros dos residían en España- fueron previamente investigados (con vigilancias o seguimientos en España) y luego convencidos para que se desplazaran a Sudán (del Sur) solo son meras manifestaciones que no se acreditan”, añade. Por ello, a juicio del juez, <strong>“concurren lo requisitos para que no puedan perseguirse los delitos investigados en España y con ello acceder a la cesión de jurisdicción”.</strong> Aparte, Pedraz considera que no hay motivos para poner en duda de que sean estos hechos concretamente los que quiere investigar el Tribunal Supremo ecuatoguineano ni de “que el procedimiento adolezca de falta de parcialidad o sea meramente instrumental”, como “tampoco que no se siga un proceso con las debidas garantías reconocidas por el Derecho Internacional”. No obstante, Pedraz recuerda que existe “<strong>una cláusula de salvaguarda</strong> para que el juez sí pueda perseguir los delitos en España cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo, una cláusula que se debería poner en marcha elevando exposición razonada al Tribunal Supremo una vez comprobado que no se han investigados los hechos en aquel Estado”. <h5><strong>“Estupor y total rechazo” de la oposición</strong></h5> Por su parte, <strong>los partidos políticos opositores Partido del Progreso, Ciudadanos por la Innovación y Unión Popular</strong> manifestaron ayer, en un comunicado conjunto, <strong>su “estupor y total rechazo” a la decisión de Santiago Pedraz</strong> de ceder la causa a “un país donde ha quedado acreditado, en más de 40 años, que no existe un Estado de Derecho” y en el que “el dictador, además de jefe de Estado y jefe de Gobierno, es también presidente del máximo órgano de gobierno judicial guineano”. Esta decisión “otorga a Guinea una jurisdicción para que la dictadura guineana siga violando el Derecho Internacional y haciendo caso omiso a las reiteradas peticiones del Gobierno español y el Parlamento europeo para que se repatrie el cadáver de Julio Obama y para que el consulado español pueda ejercer sus obligaciones de ayuda consular”. “<strong>La oposición guineoecuatoriana espera que el abogado de la parte acusadora interponga un recurso y que la sala de la Audiencia Nacional falle favorablemente</strong>, frenando así las malévolas intenciones del juez por dar carpetazo a un proceso que tiene en vilo a todo el pueblo guineano y a la opinión pública española e internacional”, añadió.
