<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Presidencia del Consejo de la UE, la Cumbre UE-CELAC, la primera RAN España-Marruecos en ocho años, el deshielo en las relaciones con Argelia, la grave crisis diplomática con Israel en el contexto de la guerra contra Hamás, el parón y la posterior reanudación de las negociaciones sobre Gibraltar, los debates en la UE sobre los compromisos de Pedro Sánchez con Junts, las elecciones anticipadas, el relevo de la cúpula del equipo de Albares y la negativa de España a participar en una misión de EEUU en el Mar Rojo son algunos de los puntales de la acción exterior de España en 2023.</strong></h4> <h5><strong>Presidencia de la UE</strong></h5> España asumió el 1 de julio su quinta Presidencia de turno del Consejo de la UE, que se vio inevitablemente marcada por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, apenas tres semanas después de coger el testigo a Suecia. El semestre español se puso en marcha con cuatro grandes prioridades: la reindustrialización de la Unión Europea, “avanzar en la transición ecológica y medioambiental”, la defensa de “una mayor justicia social y económica” y mantener la unidad de la UE “en la defensa de un orden internacional basado en reglas que primen la paz, la estabilidad y el desarrollo”. Transcurridos los seis meses, según relató el propio Pedro Sánchez durante sus últimas comparecencias ante el Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados, los resultados de la Presidencia española se resumen, básicamente, en la celebración de la primera Cumbre entre la UE y América Latina y el Caribe (CELAC) desde 2015, la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, la celebración de la Cumbre Social Tripartita, el acuerdo provisional para la reforma del mercado eléctrico, la puesta en marcha de la Tarjeta de la Discapacidad, la adopción de la primera ley de Inteligencia Artificial del mundo, el acuerdo parlamentario sobre la reforma de los Tratados o algunos avances importantes en materia de ampliación, sobre todo tras la doble reunión en Granada de la Comunidad Política Europea y del Consejo Europeo informal. En este contexto, el último Consejo Europeo de la Presidencia concluyó en Bruselas con la histórica decisión de iniciar las negociaciones de adhesión de Ucrania y de Moldavia. No obstante, ese mismo Consejo concluyó sin un consenso sobre la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto hasta 2027, del que depende la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Los 27 Estados se han citado para el 1 de febrero a fin de llegar a un acuerdo. En ambos asuntos (adhesión de Ucrania y MFP), el principal escollo fue el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. En su recta final, la Presidencia consiguió materializar, en cierta medida, algunos de sus objetivos concretos más importantes: la modernización del acuerdo comercial entre la UE y Chile, el acuerdo entre la Presidencia española y el Parlamento Europeo para el Marco legal sobre Migración y Asilo y la adopción del acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales por parte de los ministros de Economía y Hacienda de la UE. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no ha dudado en atribuir al “liderazgo político” de España la consecución de estos “hitos” e incluso ha asegurado que, “si no los hubiera conseguido la Presidencia española, no se hubieran conseguido nunca”. <h5><strong>Nadia Calviño, presidenta del BEI</strong></h5> También en la recta final de la Presidencia, la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, consiguió el apoyo del Ecofin para convertirse a partir del 1 de enero en la primera mujer en presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la principal institución financiera de la UE. Para Calviño, esta candidatura era especialmente relevante tras sus fallidos intentos por dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la marcha de Christine Lagarde al Banco Central Europeo (BCE) y por presidir el Eurogrupo, formado por los ministros económicos de la zona euro. <h5><strong>Cumbre UE-CELAC y América Latina</strong></h5> Uno de los momentos más anunciados de la Presidencia fue la celebración, en Bruselas, de la primera Cumbre entre la Unión Europea y la CELAC desde 2015, una de las principales apuestas del Gobierno español durante la Presidencia del Consejo de la UE. Se trató de la última gran cita internacional de Pedro Sánchez antes de las elecciones del 23 de julio y, de hecho, el jefe del Ejecutivo alteró en dos ocasiones su agenda en la Cumbre para participar en sendos mítines electorales en Huesca y San Sebastián. La reunión concluyó con una declaración final en la que los líderes se comprometieron “a renovar y seguir reforzando” la asociación birregional y a trabajar “juntos como socios soberanos” para “hacer frente a las múltiples crisis y desafíos de nuestro tiempo”. También se pronunciaron en contra de la guerra de Rusia en Ucrania. Este punto fue admitido por todos los países, incluidas Cuba y Venezuela y con la única excepción de Nicaragua. En lo que respecta a América Latina, 2022 concluyó con la condena de España al autogolpe de Estado fallido del expresidente de Perú Pedro Castillo. Albares recibió en junio en Madrid al primer ministro de Perú, Alberto Otárola, y a su homóloga peruana, Ana Gervasi, quien agradeció a España por su “reconocimiento y apoyo” a la presidenta Dina Boluarte (sucesora de Castillo) y “al fortalecimiento constitucional e institucional del país”. Entre finales de 2022 y principios de 2023, España y Venezuela recuperaron el rango de embajador para sus representantes respectivos en ambos países (Ramón Santos, en el caso de España, y Coromoto Godoy, en el de Venezuela). Este cambio de rumbo, según fuentes diplomáticas españolas, se debió a las “nuevas circunstancias”, concretamente a la reanudación del diálogo en México entre Gobierno y oposición. Aunque había encargados de Negocios, España carecía de embajador (como tal) en Caracas desde noviembre de 2020 y Venezuela tampoco disponía de embajador en Madrid desde febrero de 2018. Por otra parte, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE renovó, a mediados de noviembre, por un periodo de seis meses en lugar de un año, las sanciones contra Venezuela, después de que España recomendara la revisión de estas medidas en respuesta al reciente acuerdo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro para la celebración de elecciones presidenciales en 2024. Entre febrero y el verano, España concedió la nacionalidad a decenas de ciudadanos nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega había despojado de su ciudadanía y expulsado del país. Entre los beneficiados figuran diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes, y figuras tan importantes como Cristiana Chamorro, precandidata presidencial que en los comicios de 2021; el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios, fundador del diario local <em>Confidencial</em> e hijo de la expresidenta Violeta Chamorro; o la socióloga Gertrudis Guerrero, esposa del escritor nicaragüense exiliado Sergio Ramírez. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, efectuó una visita de Estado a España a finales de abril, donde coincidió con Pedro Sánchez en la importancia de las Presidencias española de la UE y brasileña del Mercosur para alcanzar un acuerdo comercial entre las dos partes. Sánchez le agradeció su propuesta para crear una “G20 de la paz” en Ucrania, pero con “matices”: “Hay un agresor y un agredido y si queremos una paz justa y duradera es fundamental que la voz del país agredido sea escuchada”. Ambos mandatarios volvieron a verse a principios de diciembre en Dubái (en los márgenes de la COP28) para hacer un balance de las negociaciones sobre el acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, en plena recta final de ambas presidencias. Asimismo, el rey Felipe VI asistió en diciembre a la toma de posesión del polémico presidente de Argentina, Javier Milei, a la que también acudieron el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. No hubo ningún representante del Gobierno en la investidura, salvo el entonces secretario de Estado de Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, y Pedro Sánchez se abstuvo de felicitar a Milei por su victoria en la segunda vuelta electoral. Durante su discurso en el debate de investidura, Sánchez criticó el “delirante discurso reaccionario” de Milei y deseó la victoria electoral para su rival, Sergio Massa. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, declaró, a título personal, que la victoria de Javier Milei fue “un día triste para el bloque democrático en todo el mundo”. <h5><strong>Ucrania</strong></h5> Pedro Sánchez efectuó en 2023 dos viajes a Ucrania. El primero fue en febrero con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa, en el que anunció junto al presidente Volodimir Zelenski que España enviaría seis carros de combate Leopard 2A4 a Ucrania y que la cantidad podría elevarse hasta diez. El segundo viaje a Kyiv tuvo lugar el 1 de julio, como estreno de la Presidencia española de la UE, para mostrar el apoyo de España y de toda la Unión Europea a Ucrania y para anunciar el envío de otros cuatro tanques Leopard y más vehículos blindados de transporte de tropas. A lo largo de 2023, España ha continuado con su participación en el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, conocido como formato <em>Ramstein,</em> y ha reforzado su compromiso en el seno de la operación EUMAM Ucrania. Desde el inicio de la guerra con Rusia, unos 3.500 militares ucranianos han sido instruidos por las Fuerzas Armadas españolas, lo que convierte a España en el tercer contribuyente europeo a la formación de personal ucraniano, que se coordina a través del Toledo Training Coordination Center. Asimismo, se han realizado 86 transportes de todo tipo de material (vehículos TOA, carros de combate, ambulancias civiles y militares, camiones militares y munición diversa, un hospital desplegable) y un total de 89 militares ucranianos han sido trasladados a territorio nacional para recibir tratamiento médico. <h5><strong>La Cumbre de la OTAN</strong></h5> A mediados de julio (justo en vísperas de las elecciones generales), Pedro Sánchez participó en la Cumbre de la OTAN, celebrada por primera vez en Lituania (concretamente en Vilnius) y en el curso de la cual anunció que España reforzaría sustancialmente su presencia en Rumanía y lideraría el Grupo de Combate en Eslovaquia con el despliegue de 700 soldados. También anunció que España se sumaba a la Declaración Conjunta de los líderes del G7 para ayudar a Ucrania a desarrollar sus capacidades militares frente a Rusia en el medio y en el largo plazo, adoptada en Vilnius en los márgenes de la propia cumbre de la Alianza. También en los márgenes de la Cumbre, Sánchez se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien le solicitó que durante la Presidencia española del Consejo de la UE se agilizase el proceso de adhesión de su país a la Unión. La presencia de Erdogan en Vilnius adquirió una especial importancia por su decisión de levantar el veto a la entrada de Suecia en la OTAN. <h5><strong>Marruecos y Argelia</strong></h5> Marruecos volvió a ser en 2023 uno de los principales focos de la acción exterior española y, al mismo tiempo, uno de los grandes puntos de fricción no solo entre el Gobierno y la oposición, sino incluso en el seno del Ejecutivo de coalición a causa del rechazo de su sector más izquierdista a la decisión de Sánchez de avalar el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. El momento más importante se produjo a principios de febrero con la celebración en Rabat de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos (la primera desde 2015), que representó el punto culminante de la recuperación de las relaciones bilaterales. El encuentro comenzó con polémica por el plantón de Mohamed VI a Pedro Sánchez y concluyó con una Declaración Conjunta en la que ambas partes expresaron su deseo de “enriquecer” las “relaciones de excelencia que siempre les han unido” y se comprometieron a “evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente, en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía”, en referencia evidente a Ceuta y Melilla, por una parte, y al Sáhara Occidental, por la otra. La RAN contó con la participación de los miembros socialistas del Gobierno y con la ausencia de los ministros de Unidas Podemos. Tras el parón de las elecciones generales, y una vez confirmado en su cargo, José Manuel Albares eligió Marruecos para su primer viaje internacional en la nueva legislatura. En Rabat, el ministro transmitió al Gobierno de Marruecos que, por parte de España, “todo está listo para que puedan empezar a operar” las aduanas terrestres con Ceuta y Melilla (uno de los puntos de la Hoja de Ruta adoptada en abril de 2022 en Rabat por Pedro Sánchez y Mohamed VI) y, por tanto, “no son necesarias más pruebas piloto”. No obstante, no logró sacarle ninguna fecha para la apertura de las aduanas a su homólogo marroquí, Nasser Bourita, quien atribuyó los retrasos a “problemas técnicos”. Albares también abordó en Rabat otro de los éxitos diplomáticos del año: la decisión de la FIFA, anunciada a principios de octubre, de elegir la candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos para organizar el Mundial de fútbol de 2030. La mejora del clima político y diplomático con Marruecos vino acompañada por la paulatina superación de una de sus peores consecuencias: el deterioro de las relaciones con Argelia a causa de la nueva postura española sobre el Sáhara Occidental. El deshielo en las relaciones bilaterales comenzó a producirse a finales de septiembre gracias a los contactos en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y después de unas palabras de Sánchez ante la Asamblea General en las que apostó por buscar una salida al conflicto del Sáhara “en el marco de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad” y defendió una “solución política y mutuamente aceptable” por ambas partes, sin mencionar la propuesta marroquí de autonomía. Al parecer, Argel también vio con buenos ojos la postura de Sánchez a favor del Estado palestino tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás. Argelia es uno de los más firmes apoyos de los palestinos, tanto de la Autoridad Nacional como de Hamás, y no reconoce a Israel. En esas circunstancias, España concedió en noviembre su plácet al nuevo embajador de Argelia, Abdelfetá Daghmun, quien en diciembre presentó las Copias de Estilo de sus Cartas Credenciales en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El puesto se encontraba vacante desde el 19 de marzo de 2022, cuando el Gobierno de Argelia llamó a consultas a su embajador en Madrid en plena tensión con España. <h5><strong>Oriente Próximo</strong></h5> El momento diplomático más complicado del año se vivió en Oriente Próximo, tras el atentado terrorista de Hamás contra Israel y la dura represalia militar del Gobierno de Benjamin Netanyahu contra la Franja de Gaza. Tras el estallido de la crisis, Pedro Sánchez presentó ante la UE una propuesta para la celebración de una conferencia internacional de paz que permita avanzar hacia la solución de dos Estados. La propuesta fue apoyada por el Consejo Europeo de octubre, pero todavía no hay fechas ni sede, aunque el Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó su deseo de que España “pueda acoger” este evento. En todo caso, y al igual que en el caso saharaui, la postura de España ante esta crisis se vio afectada por las claras diferencias internas en el Gobierno de coalición, sobre todo por la durísimas condenas de sus socios más izquierdistas a la operación militar de Israel en Gaza. La situación vivió su momento más tenso a finales de noviembre, cuando Sánchez y el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo (en representación de actual Presidencia y de la próxima Presidencia de la Unión), efectuaron una gira por Oriente Próximo en la cual Pedro Sánchez afirmó ante Netanhyahu que “el número de palestinos muertos es realmente insoportable” y reclamó, en el paso de Rafah, “un alto el fuego duradero” en la Franja de Gaza. Como consecuencia de ello, el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, convocó al día siguiente a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana Sálomon, después de acusar de Pedro Sánchez de “apoyar el terrorismo”. En respuesta, José Manuel Albares convocó a la embajadora de Israel en Madrid, Rodica Radian-Gordon, a la que advirtió de que “las palabras completamente falsas que dirigió el Gobierno de Israel hacia Pedro Sánchez son inaceptables para nosotros y no pueden volver a producirse nunca”. Para complicar más las cosas, solo un día después de la convocatoria de Sálomon, Hamás emitió un comunicado en el que agradeció la postura “clara y audaz” de Pedro Sánchez por condenar “la muerte indiscriminada de civiles en la Franja de Gaza por parte del régimen ocupante” y por anunciar la posible “decisión unilateral de reconocer el Estado palestino si la Unión Europa no asume este paso”. Eli Cohen calificó de “vergonzosas e indecorosas” las felicitaciones de Hamás a Sánchez y advirtió, a través de la red social X: “No olvidaremos quién está con nosotros en este momento y quién apoya a una organización terrorista asesina que tiene a más de 200 rehenes”. Tras la mutua convocatoria de las dos embajadoras, el propio Albares dio por zanjado el conflicto diplomático el pasado 28 de noviembre e incluso se reunió con Eli Cohen para trasladarle el deseo de España de “mantener las buenas relaciones que tenemos con Israel” y para invitarle a visitar España. No obstante, cuando todo parecía encarrilado, la situación volvió a complicarse ese mismo día a causa de unas nuevas declaraciones de Pedro Sánchez en las que expresó sus “francas dudas” de que Israel estuviera respetando el Derecho Internacional Humanitario en Gaza. Estas palabras causaron la indignación de Netanyahu, que inmediatamente después llamó a consultas a su embajadora en España, una decisión israelí inédita con un país occidental. En un intento por reconducir la situación, Sánchez mantuvo posteriormente una conversación telefónica con el exministro de Defensa israelí (y actual ministro sin cartera) Benny Gantz para asegurarle que “Israel es un socio y un amigo de España”. <h5><strong>Gibraltar</strong></h5> Por otra parte, a lo largo de 2023 se paralizaron las negociaciones entre Reino Unido y la UE sobre el futuro encaje de Gibraltar en la UE tras el Brexit. Las conversaciones, cuyo parón se debió a las elecciones españolas y gibraltareñas, han experimentado pocos avances a causa de las reservas de Londres en asuntos como la presencia de miembros de las Fuerzas de Seguridad españolas en los controles de pasajeros del puerto y del aeropuerto o por su negativa a cualquier control de España sobre los movimientos del personal de la base de la Royal Navy en el Peñón, que las autoridades españolas consideran esenciales para poder ejercer sus atribuciones como frontera del espacio Schengen. El pasado 28 de noviembre, José Manuel Albares y el nuevo ministro de Exteriores británico, David Cameron, acordaron la reanudación de las negociaciones entre la Comisión Europea y el Reino Unido (España sigue los contactos en primera línea y cualquier acuerdo entre Bruselas y Londres solo se podrá suscribir si cuenta con el visto bueno de las autoridades españolas), pero no se anunció ninguna fecha para la firma del acuerdo. Los equipos negociadores de España y Reino Unido se reunieron en diciembre en Málaga para retomar las conversaciones. <h5><strong>Mar Rojo</strong></h5> Justo en la recta final del año, Pedro Sánchez se encontró con otra patata caliente internacional, después de que el Departamento de Defensa de EEUU incluyera a España entre los países participantes en la operación lanzada por Washington para garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el Mar Rojo. España advirtió en primera instancia de que solo se implicaría en esta operación si cuenta con el apoyo de la UE y la OTAN, pero el Ministerio de Defensa fue posteriormente más lejos y anunció que España no participaría en la misión y abogó por la creación de una misión específica en el Mar Rojo con “alcance, medios y objetivos propios” para proteger el transporte marítimo comercial de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, frente a la pretensión de la Unión Europea de vincular esa operación a Atalanta, la misión liderada por España para combatir la piratería en el océano Índico. Defensa precisó posteriormente que el Gobierno español no había vetado ninguna misión de la UE en el Mar Rojo y que España “es y será siempre un aliado serio y fiable, comprometido con la UE, la OTAN y la ONU”. Durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, Pedro Sánchez aseguró que “España no se opone a que se cree ninguna otra operación en el Mar Rojo, pero consideramos que la operación Atalanta no tiene las características ni es de la naturaleza de la operación que se exige para el Mar Rojo”. “En Atalanta lo que estamos haciendo es luchar contra un fenómeno particular de la piratería y en el Mar Rojo la situación es completamente distinta, el riesgo es diferente y evidentemente la naturaleza del desafío es distinta. No tiene nada que ver una operación con otra”, añadió. El Gobierno español, aseguró, está “abierto” a participar en la nueva misión si se propone en el seno de la UE o de la OTAN, “pero evidentemente no sobre el marco” de Atalanta. La posición española no ha gustado en Washington y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sacó a relucir el tema en una conversación telefónica con Sánchez. En cambio, los rebeldes hutíes han elogiado “la negativa de España a dejarse arrastrar por las mentiras estadounidenses y británicas en materia de navegación marítima”. El elogio de los rebeldes yemenís no ha agradado al Gobierno de Pedro Sánchez, según pudo constatar <em>The Diplomat</em> en fuentes diplomáticas, habida cuenta de las consecuencias negativas que ha tenido para su imagen el aplauso de Hamás a la posición de Sánchez sobre Gaza. <h5><strong>La UE y los asuntos españoles</strong></h5> Por otra parte, las tensiones políticas internas en España trascendieron en 2023 a la arena europea. El 21 noviembre, en medio de un bronco debate en el Parlamento Europeo protagonizado, sobre todo, por los eurodiputados españoles, el comisario de Justicia, Didier Reynders, aseguró que la Comisión seguirá examinado “muy cuidadosamente y de manera independiente y objetiva” la ley de amnistía acordada por PSOE con Junts y ERC en las negociaciones de investidura. Otro de los compromisos entre Sánchez y Junts que también trascendió a la UE fue la propuesta española para modificar el régimen lingüístico europeo y oficializar el catalán, el euskera y el gallego en el seno de la Unión Europea. El asunto fue abordado en cuatro reuniones consecutivas del Consejo de Asuntos Generales entre septiembre y diciembre (en dos de ellas compareció Albares, algo inusual en este tipo de encuentros), pero al final, y a pesar de las propuestas “adaptadas” de España (que insistía en la “especificidad del caso español” y se comprometía a asumir los costes), los 27 han optado por darle largas al asunto y remitirlo a la próxima Presidencia belga, en la que España ya no tendrá la posibilidad de proponer el orden del día de las reuniones. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado a Sánchez de “incumplimiento” y Albares ha insistido en que “el Gobierno ha cumplido el acuerdo de llevar este asunto al Consejo de Asuntos Generales”. <h5><strong>Relevo total en la cúpula de Exteriores</strong></h5> Tras la investidura de Pedro Sánchez, José Manuel Albares se ha convertido en el ministro de Exteriores más duradero de la actual etapa socialista. Una vez confirmado en su cargo, el jefe de la diplomacia ha modificado por completo su equipo de trabajo y ha decidido rodearse de tres secretarios de Estado políticos por primera vez desde 2009: Fernando Sampedro, para Unión Europea; Susana Sumelzo, para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo, y Eva Granados, para Cooperación Internacional. El único diplomático es Diego Martínez Belío, su antiguo jefe de Gabinete, en Asuntos Exteriores y Globales. Los cuatro nuevos secretarios de Estado sustituyen a Ángeles Moreno, Pascual Navarro, Juan Fernández Trigo y Pilar Cancela. Los tres primeros serán embajadores en Washington, Berlín y Lisboa, respectivamente, y la cuarta ha pasado a ser secretaria de Estado de Migraciones. Estos relevos se producen en medio del malestar de las asociaciones de diplomáticos por el nombramiento de políticos no solo para altos cargos del Ministerio, sino incluso para algunas Embajadas, sobre todo multilaterales, tras la reciente designación de los exministros Miquel Iceta y Héctor Gómez para dirigir las Representaciones Permanentes ante la Unesco y ante la ONU, respectivamente, a las que podría unirse la de Ximo Puig, ex presidente de la Comunidad Valenciana en la OCDE.
