El Gobierno afronta su última oportunidad de llevar a debate la oficialización de catalán, gallego y vasco en la UE

Eduardo González La Presidencia española del Consejo de la UE tendrá hoy su última oportunidad de incluir en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales (CAG) el debate sobre el uso oficial del catalán, el vasco y el gallego en la UE, un compromiso de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes de Junts que, según la Comisión Europea, supondría un coste de 132 millones de euros. El Consejo, que tendrá lugar en Bruselas, “debatirá la solicitud de España de modificar el Reglamento n.º 1, de 1958, para incluir el catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la UE”, según informó la UE. A diferencia de los Consejos de Asuntos Generales de septiembre y octubre, en los que acudió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para defender las lenguas cooficiales, en esta ocasión (con la investidura ya ganada) la representación de España correrá a cargo del secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, según indicaron fuentes del Ministerio a The Diplomat. Teniendo en cuenta que se trata del último CAG de la Presidencia española, también será la última oportunidad para el Gobierno de Pedro Sánchez de meter este asunto en el orden del día, aún a sabiendas de que no será sometido a votación. El próximo 1 de enero, España cederá el testigo a Bélgica, un país que ya ha mostrado sus dudas sobre la oficialización de tres nuevas lenguas sin las pertinentes evaluaciones sobre su impacto financiero y sin una reflexión sobre el modo en que ello afectaría al funcionamiento de la Unión Europea. Durante la rueda de prensa que ofreció ayer en Bruselas al término del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, Albares afirmó que en el CAG de esta semana se presentarán “las conclusiones provisionales del informe” y se volverá “a incidir sobre un asunto que es importante para algunos Estados, el hecho de que esto no pueda ser un precedente que se pueda invocar”, teniendo en cuenta “la especificidad única que tienen las lenguas cooficiales españolas”. Según el ministro, “la propuesta española se va adaptando cada vez más a los distintos comentarios que van haciendo los distintos países” a fin de que “lo que es la propuesta española se vaya adaptando para que un día sea la propuesta de los 27”. “Vamos avanzando: la propuesta que el 19 de septiembre era una propuesta española es, cada vez más, una propuesta de los 27”, aseguró. “Tenemos que ir esperando los informes que van presentando los distintos Estados sobre el impacto financiero o el impacto material, y también hay un diálogo con los servicios jurídicos para presentar una propuesta que sea jurídicamente sólida y se pueda insertar dentro del marco lingüístico europeo”, prosiguió. Albares quitó hierro a las acusaciones de “fraude” presentadas ayer por Junts contra el Gobierno por no haber conseguido una votación en la UE sobre las lenguas cooficiales. “El hecho de que mañana (por hoy) no se lleve para adopción es una forma clásica de cómo funciona la UE; lo importante no es llevarlo, y llevarlo, y llevarlo para adopción; lo importante es llevarlo para adopción y que un día se adopte”, declaró. Informe preliminar De momento, el informe preliminar de la Secretaría General de la Comisión Europea -que forma parte de la información que el Gobierno de Sánchez presentará a sus socios en el CAG de hoy y que recogió este pasado fin de semana el diario digital Aquí Europa- ha estimado en 132 millones de euros el coste de la oficialización del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias. El estudio se basa en la estimación financiera que hizo la Comisión Europea en 2005 para la inclusión del gaélico en el régimen de lenguas oficiales en la UE, a petición de Irlanda (una medida que finalmente se aplicó en 2007). En aquel momento, se calcularon 37 millones de euros por cada lengua, pero la cifra ha aumentado a 44 millones (132 millones en el caso de tres idiomas) por la indexación de la inflación anual hasta hoy. Sin embargo, el informe de Bruselas deja claro que se trata de una estimación preliminar y que, una vez que el Consejo de la UE acepte la propuesta formalmente, se tendría que elaborar una propuesta en firme que tardaría unos seis meses en estar realizada. El pasado 24 de octubre, el CAG dio largas a la petición de España con el compromiso de “seguir ocupándose de este asunto” a la espera de que la Comisión presente su análisis sobre las implicaciones económicas de la solicitud española, “en cooperación con las demás instituciones de la UE”, y de que se presente una posterior “propuesta adaptada”. Para intentar sacar adelante la iniciativa del Gobierno y sortear el rechazo de países como Letonia y Lituania (y las dudas de muchos otros), Albares presentó ese día una propuesta “adaptada” por la cual España se comprometía a asumir los costes de traducción e interpretación de los tres idiomas en la UE (previa evaluación de los informes de la Comisión) y que establecía que “la reforma propuesta se circunscribe exclusivamente al caso de España”, teniendo en cuenta “la especificidad de España por la serie de condicionantes que reúnen el catalán, el euskera y el gallego y que las convierten en un caso único en la UE”, y, por lo tanto, que “otras lenguas no podrán ampararse en esta reforma si el Estado miembro no lo desea”. Al día siguiente, Albares admitió que no iba a ser posible sacar la iniciativa ante del debate de investidura en España, que tuvo lugar los días 15 y 16 de noviembre y que se saldó con la renovación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. No obstante, advirtió, “el Gobierno ha cumplido el acuerdo de llevar este asunto al Consejo de Asuntos Generales”, pero “los tiempos de Europa no son los tiempos de la política nacional”. En el CAG del pasado 15 de noviembre (en pleno debate de investidura), la Presidencia española se limitó a “poner al corriente a los ministros de la situación de la solicitud de España”.

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