<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4></h4> <h4><strong>Pedro Sánchez empieza esta misma semana su particular carrera de obstáculos para, más allá de seguir en el poder, conseguir gobernar. Ya tiene servida la primera crisis en su coalición de Gobierno por el anuncio de ruptura de sus aliados de extrema izquierda (Sumar), arranca la carrera entre sus aliados independentista catalanes que compiten por exprimirle a él y al Estado, y aterriza en el Parlamento Europeo la denuncia sobre su ley de amnistía.</strong></h4> Conseguida la investidura con los 179 votos a favor del bloque de izquierdas y todos los grupos independentistas y nacionalistas del Congreso, al reelegido jefe del Ejecutivo le fallan cinco que no ven satisfechas sus aspiraciones en el reparto de cargos, ventajas, protagonismo y prebendas sobre el que se sostendrá en el Gobierno. Sánchez logró convencer una treintena de partidos que le dieron el “sí”, pero <strong>los cinco representantes de Podemos, el partido fundado por Pablo Iglesias, confirman que abandonarán la marca de Sumar</strong> para reflotar su propio proyecto al margen de Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno colocada en su día en el Gabinete sanchista por exigencia del propio Iglesias. <strong>Díaz no cuenta </strong>con las sucesoras de Iglesias al frente de Podemos -las hasta hoy ministras <strong>Ione Belarra e Irene Montero</strong>,-<strong> para su cuota de carteras</strong> en el próximo gabinete de coalición. La respuesta de las ofendidas, por boca de su predecesor, consiste en avisar que <strong>a partir de ahora irán por libre</strong> con el fin de concurrir por su cuenta al frente de Podemos en las elecciones europeas del próximo mes de junio. A la espera de saber cuándo pueden dar el salto al Grupo Mixto del Congreso, <strong>Sánchez y Díaz pierden el control sobre 5 de los 152 diputados fijos</strong> (121 del PSOE más 31 de Sumar) con que contaba el nuevo Ejecutivo en una Cámara de 350 miembros. <strong>Los 32 diputados independentistas y nacionalistas cobran a plazos por su apoyo al Ejecutivo</strong> y en la medida que se vayan cumpliendo el calendario de cesiones pactado sobre impunidad judicial, consultas de autodeterminación, privilegios fiscales y de inversión o condonaciones de deuda. <strong>En la carrera por arrancar más a Sánchez como presidente del Gobierno español,</strong> <strong>compiten</strong> ya los independentistas catalanes de Esquerra Republicana, partido que encabeza <strong>Oriol Junqueras</strong> y tiene en la presidencia de la Generalitat a Pere Aragonés, con los de Junts per Cataluña, la formación de<strong> Carles Puigdemont</strong>. <strong>El expresidente de la Generalitat prófugo de la Justicia española lleva ventaja sobre Junqueras en la ley de amnistía que empieza a tramitarse en el Congreso</strong> como pago adelantado a cambio de sus siete votos a favor de Sánchez. Pero ERC, con otro siete diputados, puede enmendar el texto para ganar algún protagonismo en la operación. A los republicanos de izquierda no les gusta ni interesa que se beneficien del “borrado” de delitos prometido rivales de Junts tan destacados como Laura Borrás, expresidenta del parlamento autonómico condenada por un descarado delito de corrupción política: adjudicar contratos a un amigo. <strong>Puigdemont y Junqueras competirán en independentismo, además de en habilidad y capacidad para someter a Sánchez a sus intereses,</strong> con la vista puesta en las elecciones autonómicas en Cataluña, en principio previstas para el próximo otoño. Las dos formaciones independentistas se juegan la hegemonía en su espacio electoral y el control de la Generalitat. El prófugo confirmará que lleva la delantera este mismo mes cuando haga pasar al jefe del Ejecutivo por la pactada verificación de unos mediadores internacionales que se encargarán de levantar acta sobre las concesiones y negociaciones abiertas con Puigdemont. Pero <strong>el primer obstáculo que se encontrará esta semana el Gobierno recién formado para hacer frente a todas las hipotecas firmadas se levanta en el Parlamento Europeo con el debate la ley de amnistía.</strong> El miércoles se hablará en la Eurocámara de la denuncia del Partido Popular y Vox, más lo que queda de Ciudadanos, sobre la amenaza para la división de poderes y el Estado de Derecho que supone el plan de impunidad judicial y penal para los independentistas catalanes que Sánchez ha presentado en el Congreso. Al mismo tiempo que contenta a los independentistas, el nuevo Ejecutivo español tendrá que dar explicaciones en la Unión Europea, también en la Comisión, sobre el hipotético precio que abona con cargo al Estado de Derecho.
