<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Comisión Europea tiene intención de pronunciarse pronto sobre la ley de amnistía registrada el lunes por el Grupo Parlamentario socialista y que el Gobierno envío ayer a la vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Vera Jourova; y al comisario de Justicia, Didier Reynders.</strong></h4> El texto, que servirá a Pedro Sánchez para lograr el apoyo de los independentistas catalanes a su investidura como presidente de Gobierno,<strong> está siendo estudiado ya por la Comisión, que sabe que se espera de ella que emita pronto una opinión oficial.</strong> Ayer,<strong> Eric Mamer, portavoz de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen</strong>, se vio obligado a <strong>desmentir las informaciones que apuntaban a que en un primer estudio, los servicios jurídicos de Bruselas no apreciaban no apreciaban colisión alguna de la proposición de ley de amnistía con los principios y normas comunitarios.</strong> La información fue difundida en la tarde de ayer por <em>Europa Press</em>, citando fuentes comunitarias, y en ella se señalaba que "a priori" la Comisión consideraba que en la ley de amnistía se respetaban las dos condiciones puestas por Bruselas: que <strong>no cubra el mal uso de los fondos comunitarios y que no se incluya ningún mecanismo de supervisión de sentencias por el Parlamento por considera que ha habido “lawfare</strong>” o utilización de sentencias judiciales para fines políticos. Sin embargo, el portavoz de la Comisión fue categórico al señalar que <strong>"no existen decisiones preliminares"</strong> sobre el texto, lo que significa que el Ejecutivo comunitario no ha terminado su examen del mismo. Los servicios de la Comisión estarán especialmente atentos a si en el texto hay algo que afecta a los intereses financieros de la UE y al Estado de Derecho, porque se vulnere el principio de separación de poderes si incluye casos de 'lawfare'. El artículo 2 del borrador de la ley de amnistía remitido al Congreso detalla los supuestos que se excluyen de la futura amnistía, incluyendo entre ellos "los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea". Ahora, Bruselas debe estudiar si esta promesa es cierta. Del mismo modo, la Comisión vigilará si el "lawfare", que aparece en el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts, que abre la puerta a que las comisiones parlamentarias puedan examinar este tema, lo que podría poner en cuestión la separación de poderes, figura de algún modo en la ley de amnistía, aunque el texto remitido no lo menciona. Ayer, el líder del PP, <strong>Alberto</strong> <strong>Núñez Feijóo, pidió a la UE que intervenga contra la Ley de Amnistía, que considera una "involución" democrática y un "chantaje".</strong> Además, alerto de que España puede sumarse a Polonia, Hungría o Rumanía como país "señalado por el ataque a su Estado de Derecho". En el Senado, el PP hizo valer su mayoría absoluta para aprobar de manera definitiva una reforma del Reglamento que permitirá dilatar hasta dos meses la tramitación de la ley de amnistía.
