<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Pedro Sánchez se ha garantizado para esta semana su investidura como presidente del Gobierno, gracias a los partidos independentistas catalanes y vascos que, a modo de contrato temporal, se comprometen a mantenerlo en el poder mientras vaya cumpliendo con las cesiones pactadas.</strong></h4> Primero la ley de amnistía, luego negociar un referéndum de autodeterminación y entremedias nuevos privilegios en competencias, financiación e inversión para la Generalitat catalana y el Gobierno autonómico vasco es el <strong>precio apalabrado por el dirigente socialista a cambio de los votos de los separatistas y los nacionalistas.</strong> Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Catalunya (el grupo de Carles Puigdemont), los nacionalistas del PNV y Bildu (formación heredera del brazo político de ETA) sostendrán a Sánchez en el Ejecutivo con <strong>unos acuerdos firmados, que le llevan al choque institucional -incluso antes de formar Gobierno-, de entrada con el poder judicial.</strong> El secretario general del PSOE se asegura la permanencia en el poder, pero <strong>la estabilidad se la tendrá que ganar día a día, votación a votación en el Congreso</strong>, según satisfaga las aspiraciones de sus socios, como le han dejado claro Puigdemont y Oriol Junqueras. <strong>El primer plazo quedará abonado con la proposición de ley que se presenta en el Congreso</strong> para amnistiar a todos los dirigentes y militantes independentistas catalanes, incluidos los acusados de terrorismo, condenados o pendientes de juicio por su participación en la intentona secesionista del 1 de octubre de 2017 y en toda la gestación del mismo y sus consecuencias, desde 2012 hasta ahora. La iniciativa llevará la firma de todos los socios del futuro Gobierno de Sánchez y, una vez registrada en la Cámara y conocido el texto, desatará las anunciadas reacciones parlamentarias y legales de la oposición, la mayoría de las Comunidades autónomas y el poder judicial. <strong>La primera escaramuza se dará en la Mesa del Congreso cuando la proposición tenga que ser calificada, en principio este mismo martes.</strong> <strong>Los servicios jurídicos de la Cámara consideraron claramente inconstitucional una proposición de los grupos independentistas que defendía en 2021 lo mismo que ahora impulsa Sánchez: el “borrado”</strong> <strong>de los delitos cometidos por los golpistas catalanes</strong>. Ni siquiera fue admitida a trámite por decisión de la presidenta socialista del Congreso Meritxell Batet, con los votos del PSOE, PP y Vox. Tardaron una semana en rechazar la iniciativa. <strong>Esta vez Sánchez tiene prisa en hacer lo contrario</strong>. El pasado 3 de noviembre un alto cargo de su Gobierno, el subsecretario de Política Territorial, Fernando Galindo, se puso al frente de los servicios jurídicos del Congreso. La mayoría de la izquierda en la Mesa de la Cámara (5 de sus 9 miembros) que preside la socialista Francina Armengol garantiza una calificación rápida y sin pegas jurídicas a la futura ley de amnistía, pieza angular del nuevo mandato del dirigente socialista. El PP se tendrá que contentar en ese trámite con reclamar que Armengol les dé un día o dos para estudiar la proposición de ley antes de que se vote en la Mesa. Luego, pasará a debate en el pleno, para ser aprobada con los mismos votos a favor que Sánchez habrá obtenido antes, esta misma semana, en su sesión de investidura. <strong>El plan sanchista para aprobar en el Congreso la amnistía para sus socios cuanto antes, por el procedimiento de urgencia, incluso en un mes, chocará con el Partido Popular.</strong> Con mayoría absoluta en el Senado, cámara de segunda lectura, los populares se preparan para prolongar el plazo de tramitación otros dos meses por medio de una reforma del reglamento que estará lista la próxima semana. Aunque el Pleno del Senado rechace la proposición de ley de Amnistía, el texto volverá al Congreso, cámara que en última instancia hace prevalecer su decisión. Pero el objetivo del PP es retrasar al máximo esa aprobación final de un compromiso de Sánchez con sus aliados independentistas que ha incendiado al poder judicial por considerarlo un ataque a la división de poderes. Por primera vez en la historia de la democracia española, todas las asociaciones de jueces, el órgano de gobierno de los mismos (el Consejo General del Poder Judicial) y las asociaciones de fiscales se han unido para denunciar los pactos del PSOE para garantizar la impunidad de Junqueras y Puigdemont, más sus seguidores y colaboradores. Ese paralelismo entre la estabilidad condicionada de Sánchez en el poder y el conflicto abierto con otras instituciones del Estado será la <strong>tónica del arranque de la legislatura</strong>. Además de la amnistía, seguirá con los recursos de la mayoría de las Comunidades autónomas en cuanto el jefe del Ejecutivo mueva pieza para otorgar nuevas competencias en financiación o inversiones a los gobiernos de ERC en Cataluña o el PNV en el País Vasco.
