Luis Ayllón
Director de The Diplomat in Spain y vicepresidente primero de la Asociación de la Prensa de Madrid
Atribuyen a Esquilo aquello de que “en las guerras, la primera víctima es la verdad”. Parece que el senador estadounidense Hiram Johnson la popularizó, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. No les falta razón, pero es real también que quienes tienen por oficio contar la verdad se encuentran cada vez más amenazados y muchos han perdido la vida por hacer su trabajo durante un conflicto bélico.
Distintas asociaciones de prensa, especialmente Reporteros sin Fronteras, están levantando la voz para denunciar esa situación y, recientemente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentaba que “muchos periodistas están pagando con sus vidas para llevar la verdad a todos”.
El pasado 2 de noviembre fue el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas y con ese motivo, se dio a conocer, en las últimas jornadas, que desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás han muerto ya 36 informadores (31 palestinos, 4 israelíes y un libanés). Según el Comité de Protección a Periodistas, que facilitó el dato, se trata del periodo más letal desde que esta organización comenzó a realizar sus informes hace treinta años.
Los periodistas que ejercen su tarea en zonas de guerra, especialmente los reporteros gráficos, son conscientes del riesgo que asumen. Por eso, en primer lugar, hay que hacer un llamamiento a los medios que les envían a cubrir unos conflictos en los que, por desgracia, las víctimas se cuentan por miles, para que les doten de la necesaria protección y de unos adecuados seguros médicos y de vida.
Quienes acuden a esas zonas, unas veces lo hacen de manera voluntaria; otras, como es el caso de los que informan desde Gaza, porque la batalla se libra precisamente en el lugar en que realizan ordinariamente su trabajo. Pero el hecho de que sepan a lo que se enfrentan no debe ser obstáculo para que se reclame a los contendientes el respeto a sus vidas.
El artículo 79 de la Convención de Ginebra establece que: “los periodistas en zonas de guerra deben ser tratados como civiles y protegidos como tales, siempre que no participen en las hostilidades”.
Ningún Gobierno que se diga democrático está legitimado para atacar deliberadamente a los periodistas o a las instalaciones de los medios de comunicación. Tampoco para dificultar su capacidad de informar mediante cortes de suministro eléctrico, de las comunicaciones o de internet. La situación de guerra no puede ser una excusa para acabar con la libertad de información y, mucho menos, terminando con la vida de los periodistas.
Sin duda, la labor de los corresponsales de guerra ha sido siempre una de las más valoradas por la sociedad. Y lo sigue siendo. Quizás ya no se pueda decir aquello de que, si no estuvieran ellos allí, ¿quién nos contaría lo que está sucediendo? Hoy, cualquiera, con un teléfono móvil, puede transmitir informaciones a través de las redes sociales.
Posiblemente, a los contendientes les sea más útil para sus propósitos que no haya testigos profesionales de lo que está pasando y que sus terminales de las redes sociales sean las que suministren la información que a cada uno le interesa.
No podemos acostumbrarnos a que las noticias nos lleguen sólo por esos canales, en los que la desinformación campa a sus anchas, donde es fácil acusar a unos y a otros de horribles masacres y donde abundan relatos y, sobre todo, imágenes impactantes, que muchas veces han sido manipuladas.
Los periodistas -seguramente con nuestras imperfecciones, pero también con nuestro oficio- seguimos siendo necesarios para tratar de que la información que le llegue a la sociedad sea veraz. Ni la verdad ni los periodistas han de ser víctimas de las guerras.
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