<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas de ERC para ser investido presidente del Gobierno, que incluye el perdón de 15.000 millones de deuda a Cataluña, ha provocado la reacción en bloque de los presidentes autonómicos del PP e incluso de los de algunas autonomías gobernadas por el PSOE.</strong></h4> Si Sánchez logra formar nuevo gobierno lo hará en medio de un c<strong>onflicto asegurado entre administraciones,</strong> que puede prolongarse a lo largo de la legislatura. <strong>El pacto</strong> firmado la semana pasada por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones y en calidad de representante del candidato socialista, y Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña ERC), <strong>coloca al gobierno catalán por encima del resto de los ejecutivos autonómicos en materia financiera y de inversiones. </strong>Así lo han entendido, los <strong>once presidentes regionales del Partido Popular, e incluso los socialistas como el de Asturias, Adrián Barbón, o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page</strong>, ante el anuncio de una quita de 15.000 millones de euros de deuda acumulada por la Generalitat. Para tratar de dar legalidad a esa concesión a los separatistas catalanes, <strong>el Ejecutivo en funciones ha añadido que el resto de los gobiernos autonómicos se podrían beneficiar de parecidos “descuentos” en su deuda a cargo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).</strong> Cuatro días antes de conocerse el acuerdo de su partido con ERC a cambio del voto a favor de Sánchez, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones <strong>María Jesús Montero, había dicho que lo de la quita de deuda del FLA para Cataluña se lo habían “inventado” en el PP.</strong> Ahora, los presidentes autonómicos del PP anuncian que recurrirán al Tribunal Constitucional, porque consideran que supone la ruptura del sistema y de los principios de igualdad y solidaridad en la financiación de las Comunidades autónomas. Según establece el artículo 138.2 de la Constitución, <strong>“las diferencias entre los estatutos de las distintas Comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales”</strong>. De ahí que los socialistas aseguren que el futuro gabinete de Sánchez también ofrecerá a los demás gobiernos autonómicos la misma quita y en la misma proporción del 20 por ciento que el prometido al catalán. La cuestión es que el acuerdo del PSOE con ERC establece <strong>una operación unilateral entre la Administración central y la Generalitat, al margen de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)</strong> y de espaldas al órgano común en el que se abordaban hasta ahora este tipo de cuestiones: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. <strong>La partida que Sánchez quiere perdonar a la Generalitat supone casi un tercio de ese 20 por ciento (unos 46.000 millones de euros) que se promete al conjunto de las comunidades</strong>. La administración más endeuda cuando se inventó el mecanismo de rescate del FLA, y la más incumplidora desde entonces con cualquier medida de ajuste, se verá ahora beneficiada. Pese a la quita y a la espera del referéndum de autodeterminación anunciado, la Generalitat seguirá recurriendo al fondo de liquidez del Estado. La Comunidad catalana<strong> tiene una deuda de 84.000 millones de euros, de los cuales 73.000 se los cubre la Administración central.</strong> Son cifras que, en proporción a las de población, duplican o triplican las del resto de las autonomías con más residentes como son los casos de Andalucía o Madrid. Sólo la Comunidad Valenciana se acerca a la catalana. El gobierno regional de Madrid renunció en su día a recurrir al FLA, prefirió financiarse por su cuenta al margen del amparo de la Administración central y su deuda se reduce en este momento a los 34.000 millones de euros. <strong>Las autonomías que, durante los últimos años redujeron sus desviaciones de gasto, mientras Cataluña hacía lo contrario, se sienten agraviadas.</strong> Y reprochan a Sánchez que, a cambio de los votos de ERC, les prometa ahora, tanto la quita de deuda, como una mayor financiación e inversión para policía autonómica o ferrocarriles (los llamados Rodalies).
