The Diplomat
El Gobierno del presidente Abdelmajid Tebboune ha decidido dar por cerrada la crisis diplomática abierta hace 19 meses entre Argelia y España y enviará un nuevo embajador del país magrebí a Madrid, tratando de normalizar las relaciones que quedaron sensiblemente deterioradas, tras el giro del Gobierno de Pedro Sánchez en la cuestión del Sáhara Occidental.
El 19 de marzo de 2022, Tebboune llamó a consultas de su embajador en España, Said Moussi, en protesta por la carta enviada cinco días antes por Sánchez al monarca alauí, en la que dejaba de lado la tradicional posición española de apoyo a un referéndum de autodeterminación en el Sáhara y se alineaba con la propuesta marroquí de conceder una autonomía a los saharauis.
Ahora, el mandatario argelino ha considerado que ha llegado el momento de volver a la normalidad diplomática, según adelantó ayer el periodista Ignacio Cembrero en El Confidencial, y ha elegido, al parecer, para cubrir la vacante dejada por Saudi Moussi -hoy embajador en París- a Abdelfetah Daghmoum, un veterano diplomático que ya estuvo destinado en Madrid hace unos años como ministro consejero, es decir como ‘número dos’ de la Embajada. Tras haber sido nombrado embajador en Guinea Conackry, Daghmoum, se encontraba actualmente destinado en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores español consultado por The Diplomat se limitó a contestar con un “sin comentarios” al tratar de confirmar que Argelia iba a enviar de nuevo un embajador a España.
En cualquier caso, la información sobre la decisión de dar por cerrada la crisis diplomática fue recogida ayer también por medios argelinos, como, por ejemplo, TSA, lo que confirma que, en efecto, las autoridades de Argel han optado por buscar una nueva situación. El periódico cita a Djamel Eddine Bouabdallah, presidente del Círculo de Comercio e Industria argelino-español (CCIAE), quien apunta que se comenzó a hablar de la normalización de las relaciones en contactos mantenidos por España y Argelia en septiembre en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Precisamente, habrían sido unas palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Asamblea General, las que habrían movido a Argel a plantearse el cierre de la crisis. Los argelinos habrían valorado que hablara de buscar una salida al conflicto del Sáhara “en el marco de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad”. Y que defendiera una “solución política y mutuamente aceptable” por ambas partes, sin mencionar la propuesta marroquí de autonomía.
También, al parecer, Argel ha visto con buenos ojos que, tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás, Sánchez haya hecho hincapié en la necesidad de ir hacia la creación de un Estado palestino que conviva con el israelí. Argelia es uno de los más firmes apoyos de los palestinos, tanto de la Autoridad Nacional como de Hamás, y no reconoce a Israel.
Según El Confidencial, no está claro si el nombramiento de un nuevo embajador en Madrid pondrá rápidamente fin al boicot argelino de los productos españoles. La presidencia de Argelia suspendió, el 8 de junio de 2022, el tratado de amistad y cooperación suscrito con España en 2002. A continuación vetó, sin llegar a reconocerlo públicamente, el comercio con España y excluyó las empresas españolas de las licitaciones públicas. Solo mantuvo las exportaciones de gas a través del gasoducto Medgaz, de Beni-Saf a Almería.
Las compañías españolas perjudicadas por el boicot, que han perdido miles de millones de euros en exportaciones, se han reagrupado para fundar la Asociación de Empresas Afectadas por la Crisis de Argelia. Su intención es formular una reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado por los daños sufridos a causa de una decisión política del Gobierno. Son sobre todo los exportadores italianos lo que han ido copando los huecos dejados por los españoles.
Dos meses antes de que entrase en vigor el embargo comercial, Argel adoptó otra sanción. Desde el 2 de abril de 2022, suspendió las repatriaciones de inmigrantes irregulares argelinos que habían desembarcado en la Península y en las Baleares. Hasta entonces, esas repatriaciones se efectuaban por barco.
