<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha distribuido entre el Programa Mundial de Alimentos (PMA), UNICEF y el Alto Comisionado Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en forma de contribuciones voluntarias, los siete millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia).</strong></h4> <strong> </strong> A mediados de septiembre, <strong>el diputado del PNV Aitor Esteban</strong> aseguró, en una pregunta parlamentaria por escrito, que “el Grupo Parlamentario Vasco logró incluir siete millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, destinados a ACNUR para el mantenimiento de la infraestructura de los campamentos de refugiados en Tinduf”. “Sin embargo, y de acuerdo con la información que este diputado ha podido recabar, casi nueve meses después de que esos Presupuestos estén en vigor, esa partida no ha sido ejecutada”, prosiguió el parlamentario nacionalista, quien instó, por ello, al Gobierno a confirmar “que los siete millones de euros destinados a los campos de refugiados de Tinduf, a través de ACNUR, siguen sin ejecutarse” y, en caso afirmativo, a que explique el motivo. <strong>En su respuesta, firmada el pasado 19 de octubre y publicada esta semana, el Gobierno asegura</strong> que, “teniendo en cuenta que el mantenimiento de infraestructuras no es una prioridad del trabajo de las agencias humanitarias en los campamentos y que ACNUR tiene escasas actividades de mantenimiento de infraestructuras entre sus múltiples prioridades en la zona (protección, atención en salud, formación profesional, cobijo o acceso a agua potable)”, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) exploró en 2023 con la propia ACNUR y con otros socios humanitarios la mejor manera de invertir estos recursos. Para ello, se han tenido en cuenta, entre otras fuentes de información, “el comunicado emitido por Naciones Unidas en Argelia en agosto de 2022, en el que se subraya la necesidad urgente de asistencia alimentaria y nutricional, debido al deterioro de la crisis humanitaria ante la subida de precios de los alimentos y las necesidades urgentes de los refugiados y las refugiadas saharauis”. “Es por ello que, en el marco del Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 5 de septiembre de 2023, por el que se aprueba la autorización de contribuciones voluntarias de España a organizaciones, programas y fondos internacionales y a otras entidades de carácter internacional, por importe total de 90.981.000 euros, se incluyen las contribuciones propuestas para dar respuesta a esta crisis, que distribuyen los siete millones de euros” incluidos en los PGE en tres contribuciones distintas. Por una parte, <strong>PMA recibe 3,5 millones de euros para nutrición y seguridad alimentaria</strong> y para “paliar la grave situación alimentaria garantizando las distribuciones de la canasta básica, destinados íntegramente a campamentos de refugiados saharauis”. Asimismo, <strong>ACNUR recibe 1,75 millones de euros para salud y seguridad</strong>, más concretamente para el sostenimiento de las infraestructuras hospitalarias, recursos humanos sanitarios, y otras necesidades y para apoyar el sistema de escoltas de la Agencia Saharaui de Protección (ASP). Por último, <strong>UNICEF recibe 1,75 millones para educación en emergencias</strong>, para el acceso de niñas y niños saharauis a vacunas regulares infantiles y para ayudar a los comedores escolares.
