La Princesa de Asturias jura la Constitución y reafirma el compromiso institucional de la Corona

Ángel Collado La Princesa de Asturias jura mañana la Constitución ante las Cortes Generales (Congreso y Senado) en un solemne acto que dejará evidencia del contraste entre el normal funcionamiento y la garantía de continuidad de la Monarquía parlamentaria frente a la crisis abierta y la inestabilidad instalada en los poderes del Estado. Doña Leonor reafirmará el compromiso de la Corona con el régimen democrático al que debe su legitimidad como heredera de Felipe VI, no por el mero hecho de ser su hija, y lo hace ante un Parlamento partido en dos bloques incapaz de entenderse para nada y un Ejecutivo en funciones con un presidente, Pedro Sánchez, intentando lograr el apoyo de los grupos independentistas, para seguir en el Gobierno. La ley de leyes de la democracia española fue redactada por consenso de la práctica totalidad de las fuerzas políticas (de derechas y de izquierdas, socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes) y aprobada en referéndum con el voto a favor del 91,8 por ciento del electorado en 1978. La misma Constitución fija en su artículo 61.2 la fórmula que el heredero de la Corona debe emplear al cumplir la mayoría de edad en su juramento ante las Cortes: “Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, y fidelidad al Rey”. Felipe VI pronunció esas palabras en el Congreso en enero de 1986 en un ambiente político de respeto a las instituciones y estabilidad política muy distinto de la actual “crisis constituyente” ya reconocida por el segundo ministro de Justicia de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, en mayo de 2021. Hace 37 años había un Gobierno socialista encabezado por Felipe González con mayoría absoluta y el presidente de las Cortes era el también socialista Gregorio Peces-Barba, ponente de la Constitución que se encargó de dar un especial relieve al acto que daba continuidad a la institución de la Monarquía parlamentaria, como tal la más moderna de Europa. A diferencia del resto de monarquías europeas, el Rey es proclamado por el Parlamento y, antes de serlo, el heredero (el Príncipe de Asturias) está obligado a jurar la Constitución. Peces-Barba había sido responsable directo de dar forma jurídica a la esencia parlamentaria de la Monarquía española renacida con la ley de leyes de 1978. La particularidad de este acto, en relación con el de 1986 es que la izquierda más extrema, con cuota fija en el Gobierno de coalición “progresista” (el que está en funciones y espera repetir), más los separatistas y nacionalistas catalanes, vascos y gallegos han decidido faltar a sus responsabilidades y no asistir a la jura. Incluso tres ministros que siguen en el cargo y cobran como tales, la representantes de Unidas Podemos Irene Montero y Ione Belarra y el de Izquierda Unida Alberto Garzón, dejarán vacías las sillas que como miembros del Ejecutivo del Reino de España les corresponden en la primera fila del Congreso. La extrema izquierda y los independentistas repiten argumentos similares para justificar su ausencia al acto, sus principios republicanos y su rechazo a una institución que consideran heredera del franquismo y contraria a sus particulares concepciones "plurinacionales" del Estado. La Monarquía parlamentaria representa de hecho la “indisoluble unidad de España de la nación” establecida en la Constitución, así como su continuidad histórica.

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