<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>España, el país que ejerce actualmente la Presidencia de turno del Consejo de la UE, figura a la cabeza en el número de procedimientos por incumplimientos del Derecho comunitario.</strong></h4> “Europa es destino, es proyecto, pero también es tarea y eso significa cumplir con Europa, y España es muchas veces más débil y no se toma en serio el cumplimiento”, afirmó <strong>Belén Becerril, profesora titular de Derecho de la Unión Europea de la Universidad CEU San Pablo, durante la presentación del informe <em>La política europea de España: elaboración y prioridades</em>, elaborado por el Real Instituto Elcano</strong> bajo la coordinación de los investigadores Raquel García e Ignacio Molina y que fue presentado el pasado jueves en Madrid. Durante el reciente debate sobre la pretensión de PP-A y Vox de regularizar en el Parlamento andaluz los regadíos en el entorno natural de Doñana, “muchos españoles” pensaron, con “sorpresa”, que “España incumplía el derecho de la UE por vez primera”, pero “no es así ni mucho menos, sino más bien lo contrario”, prosiguió Becerril. <strong>El último Informe sobre infracciones de la Comisión Europea, correspondiente al año 2021 y recogido en el informe, coloca a España como el país con más procedimientos por infracción abiertos y a Dinamarca como el que menos </strong>(entre los actuales miembros de la UE, ya que, curiosamente, el país con menos procedimientos era Reino Unido justo en el momento que se culminaba su salida de la Unión). <strong>“Los dos últimos informes de la Comisión Europea sobre cumplimiento del derecho de la UE” revelan que “hemos mejorado, pero seguimos estando entre los peores”</strong>, afirmó Becerril. “Hemos mejorado; en el informe de la Comisión de este verano estamos mejor, y eso es muy importante, más teniendo España ahora el papel que tiene”, pero ese mismo informe, hecho público en verano de 2022 pero que recoge datos de 2021, revela que “de 847 nuevos procedimientos de infracción, 38 eran para España”, prosiguió. <strong>“Teníamos cinco países por detrás, pero si contamos el ranking de los países en cuanto a procedimientos abiertos, España era el último, con 105; es decir, el Estado miembro con más procedimientos abiertos”</strong>, precisó. Asimismo, según “<strong>los datos últimos de este verano, la Comisión ha incoado 23 procedimientos de infracción contra España, y si miramos otra vez los procedimientos abiertos, en diciembre de 2022, España es el penúltimo, con cien”</strong>, explicó Becerril. “Hay uno peor, que es Bélgica”, precisó. Este incumplimiento, aseguró, se da “en todas las materias”. “De los 23 nuevos casos hay de todo, asuntos sociales, energía, medio ambiente, varios en el sector financiero, varios en temas de movilidad y transporte, o en fiscalidad”, añadió. A juicio de Belén Becerril, “no hay razón para que España esté a la cola, aunque es verdad que no siempre ha sido así”. <strong>El principal problema, a su juicio, es “la coordinación” entre los distintos departamentos del Gobierno.</strong> “Hay un papel muy importante para el Ministerio de Asuntos Exteriores, para la Secretaría de Estado para la UE: llamar la atención a los otros Ministerios”, advirtió. No obstante, “al final, la cuestión es el peso de los distintos Ministerios en el Gobierno, la presencia de la Secretaría de Estado de la UE en las comisiones de asuntos delegados”, los órganos colegiados del Gobierno encargados de resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. <strong>“El Ministerio y la Secretaría tienen que tener los instrumentos y hace falta una autoridad, que tiene que venir del Gobierno, para manifestar en todos los Ministerios la relevancia de esto”,</strong> advirtió. De acuerdo con el informe de Elcano, “la complejidad del Estado autonómico también se ha citado a menudo como causa de los elevados incumplimientos del Derecho de la UE por parte de España, que por desgracia está a la cabeza en número de infracciones”. No obstante, advierte, <strong>“un estudio sistemático de los Informes publicados por la Comisión demuestra que los supuestos de incumplimiento imputables a las Comunidades Autónomas son, en términos porcentuales, escasos”</strong>. “Como quiera que sea, éste es uno de los elementos más preocupantes al analizar las bases institucionales de la pertenencia de España a la UE”, afirma el documento.
