<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, admitió ayer que tampoco se va a conseguir un acuerdo para la oficialización del catalán, el euskera y el gallego en la UE en el próximo Consejo de Asuntos Generales (CAG), lo que impedirá cumplir a tiempo el compromiso asumido en este sentido por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes de Junts para garantizar su respaldo en la votación de investidura.</strong></h4> <strong> </strong> <strong>El Consejo de Asuntos Generales volverá a abordar la propuesta de la Presidencia española del Consejo de la UE para la reforma del régimen lingüístico europeo en su próxima reunión del 15 de noviembre</strong>, pero Albares ya adelantó ayer, durante una entrevista en el programa <em>Els Matins</em>, de TV3, que tampoco en esa ocasión se llegará a un acuerdo porque, para ello, es necesario que los 27 Estados miembros evalúen los dos informes solicitados por el Gobierno a los servicios de la Comisión Europea sobre el impacto material y presupuestario de la medida. “No tiene sentido llevar a votación un asunto cuando todavía no se han emitido los informes”, advirtió. <strong> </strong> <strong>La elaboración de estos informes, según el ministro, puede tardar “unos dos o tres meses”</strong>, lo que le impedirá cumplir con los plazos exigidos por Junts. No obstante, advirtió, <strong>“el Gobierno ha cumplido el acuerdo de llevar este asunto al Consejo de Asuntos Generales”, pero “los tiempos de Europa no son los tiempos de la política nacional”</strong> y, por ello, no será posible aprobar la propuesta antes de la posible investidura de Pedro Sánchez. La Constitución establece un periodo de dos meses para elegir a un candidato a la Presidencia del Gobierno desde la primera votación de investidura. Por ello, la fecha tope para ello es el 27 de noviembre. En caso de no salir adelante la investidura en esa fecha, se convocarán nuevas elecciones generales. En todo caso, según el ministro en funciones, “estamos avanzando muy rápidamente”. “Lo importante no es la velocidad, que ya es inusual, sino conseguir el objetivo”, que pasa por conseguir la unanimidad de los 27 Estados de la UE. “Cuando hablamos de unanimidad, no se trata de votos, se trata de vetos, y no hay vetos”, insistió, repitiendo las mismas palabras pronunciadas por él mismo en la rueda de prensa posterior al CAG en Luxemburgo. “No es presentar una propuesta. Yo podría presentar una propuesta esta misma mañana. Es presentar la propuesta adaptada que consiga el consenso de los 27”, manifestó. <strong>El Consejo de Asuntos Generales celebrado este pasado martes en Luxemburgo decidió “seguir ocupándose de este asunto”</strong> a la espera de que la Comisión presente su análisis sobre las implicaciones económicas de la solicitud española, “en cooperación con las demás instituciones de la UE”, y de que se presente una posterior “propuesta adaptada”. La reunión de Luxemburgo comenzó con el anuncio de Letonia y Lituania de que rechazarían la propuesta española argumentando que el cambio del régimen lingüístico tendría un gran “impacto político” en sus países, en los que existe una importante minoría que habla ruso. No obstante, los dos países bálticos no se opusieron a que continúe el debate a nivel técnico en el seno de los Veintisiete después de constatar que alrededor de una decena de Estados miembros seguían dispuestos a seguir discutiendo sobre el coste o el encaje legal de la propuesta española “sobre la base de un trabajo técnico más detallado”. Para intentar sacar adelante la iniciativa del Gobierno, <strong>Albares presentó una propuesta “adaptada”</strong>, que incluye “las observaciones planteadas por algunos Estados miembros en la reunión del Consejo del pasado 19 de septiembre” y por la cual <strong>España se compromete a asumir los costes de traducción e interpretación de los tres idiomas en la UE (previa evaluación de los informes de la Comisión) y que establece que “la reforma propuesta se circunscribe exclusivamente al caso de España”</strong>, teniendo en cuenta “la especificidad de España por la serie de condicionantes que reúnen el catalán, el euskera y el gallego y que las convierten en un caso único en la UE”, y, por lo tanto, que “otras lenguas no podrán ampararse en esta reforma si el Estado miembro no lo desea”.
