<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, acudirá hoy de nuevo al Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la UE para defender el uso oficial del catalán, el vasco y el gallego en el seno de la Unión. La oficialización de estos tres idiomas en la UE es uno de los compromisos asumidos por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes para conseguir su respaldo en la votación de investidura.</strong></h4> <strong>El pasado 19 de septiembre, el Gobierno envió al propio Albares a la reunión del Consejo de Asuntos Generales</strong> -a la que suelen ir los ministros o secretarios de Estado que llevan directamente las cuestiones europeas- para conseguir el apoyo de los Veintisiete a la oficialización europea de los tres idiomas. No obstante, los socios europeos decidieron ese mismo día que no existía ninguna urgencia en oficializar el uso oficial de estos idiomas y optaron por aplazar cualquier decisión al respecto a la espera de un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y de un análisis del impacto económico, político y práctico que tendría. Apenas diez días después, el ministro en funciones declaró en Murcia, con motivo de la reunión informal ministerial de Asuntos Generales y Política de Cohesión, <strong>que los Gobiernos de la UE habían acordado “trabajar a 27, sobre la introducción del catalán, el gallego y el euskera en el régimen multilingüístico de la UE” y anunció “a todos los ministros de la UE” que la Presidencia española incluiría, en el CAG de octubre, </strong>“un punto específico para dar respuesta, durante este mes, a tantas cuestiones planteadas como podamos por los Estados miembros”, prosiguió. “He vuelto a constatar la voluntad de todos los países de la UE de trabajar con España en esta propuesta”, aseguró “Ningún Estado miembro ha tomado la palabra para señalar ningún aspecto que le inquiete o le preocupe, ni para obstaculizarlo”, y, al igual que en el anterior CAG de Bruselas, “nadie, y hubiera podido hacerlo, planteó ningún veto al respecto”, añadió. <h5><strong>Muchas dudas</strong></h5> <strong>Lo cierto es que la pretendida unanimidad que enarbola Albares parece lejos de estar segura</strong>. Fuentes diplomáticas consultadas por <em>The Diplomat</em> han apuntado que nadie comparte el “sentido de urgencia” que traslada España a sus socios sobre esta materia y que el resto de Gobiernos considera prematuro que se tome una decisión sin haber examinado a fondo cuestiones sobre las que el Gobierno no ha presentado aún detalles, por ejemplo, cuál sería el coste estimado de sumar estas tres lenguas cooficiales a las 24 ya reconocidas en la UE o cómo prevé cubrir el número de traductores e intérpretes que serían necesarios. También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones respecto al encaje legal en los Tratados -aunque España defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputado- y por el posible “efecto dominó” que podría generar en otros Estados miembro que se abriera la puerta a lenguas regionales. <strong>Hasta el momento, ningún Estado miembro ha tomado posición en contra de la propuesta española y algunos se han mostrado receptivos desde el primer momento, pero la decisión requiere el apoyo unánime y son varios los que piden estudiar con más cautela el proceso.</strong> De momento, Suecia ha sido el primer país en mostrarse públicamente indeciso y en pedir que se examine “más a fondo cuáles son las consecuencias jurídicas y financieras de la propuesta”. Por su parte, Finlandia ha advertido de que el uso del catalán, el euskera y el gallego en la UE puede ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas. Aparte, para países como Bélgica o Países Bajos es complicado tomar una decisión sin las pertinentes evaluaciones sobre el impacto o la articulación de la entrada de tres nuevas lenguas y sin una reflexión sobre el modo en que ello afectará al funcionamiento de la Unión Europea. Para otros países como Francia, en donde el reconocimiento de las lenguas regionales es un asunto delicado, las reservas van más allá de los elementos técnicos. Además, España no es el único país con lenguas minoritarias en su territorio y a otras delegaciones les preocupa que abrir este debate puede generar un efecto llamada que despierte reivindicaciones similares en otras regiones.
