<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Tres meses después de las elecciones generales, Pedro Sánchez mantiene paralizada la vida parlamentaria en el Congreso, sin fecha para otra sesión de investidura ni posibilidad de control al Gobierno en funciones, a la espera de cerrar sus acuerdos con el expresidente de la Generalitat catalana y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont.</strong></h4> <strong>La socialista Francina Armengol</strong> llegó el 17 de agosto al cargo de presidenta del Congreso con los votos del bloque de la izquierda y todos los grupos independentistas frente a la aspirante del grupo mayoritario de la Cámara, Cuca Gamarra (PP), y desde entonces <strong>cumple a rajatabla las instrucciones de su jefe de filas empantanado en las negociaciones con los separatistas catalanes.</strong> <strong>Armengol no convoca el pleno de investidura</strong> porque Sánchez no tiene aún los apoyos necesarios para ser elegido, pero es que <strong>tampoco permite que se tramiten las iniciativas de fiscalización a la labor del Ejecutivo ni debate alguno que importune a su jefe.</strong> Hace 67 días que arrancó la legislatura, se constituyeron las Cortes y empezaron a cobrar como tales todos los parlamentarios. Desde entonces los diputados han limitado su trabajo a votar en el pleno de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo del 29 de septiembre. En el Congreso no se ha constituido las comisiones, ni legislativas ni de estudio ni de organización interna de la Cámara. Armengol aplicó la primera exigencia de los separatistas a Sánchez, el <strong>uso de las lenguas de ámbito autonómico en el Congreso</strong> en pie de igualdad con el idioma oficial común (el castellano), sin que se tratara en la comisión del reglamento, que es el primer trámite lógico para el cambio y ni siquiera se había constituido. La presidenta de las Cortes lo aplicó por su cuenta nada más ser elegida y una vez en marcha se aprobó en el pleno. <strong>La dirigente socialista sirve sin disimulos a los intereses de Sánchez pese a la teórica independencia que le da el puesto de presidenta de las Cortes.</strong> Fijó la fecha para el pleno de investidura de Feijóo al día siguiente de que el líder del Partido Popular fuera propuesto candidato por el Rey. En el caso del secretario general del PSOE demora su decisión desde hace tres semanas. Las negociaciones del jefe del Ejecutivo en funciones para repetir en el cargo <strong>se han estancado</strong>. Necesita tiempo, aunque no cuente ni eso, y Armengol se lo da con un cierre en la práctica del Congreso que cercena la labor de la oposición. El PP exige explicaciones a Sánchez y sus ministros sin que estén constituidos los cauces parlamentarios donde estarían obligados a darlas. <strong>El Congreso queda al margen de los grandes debates nacionales:</strong> la amnistía para los golpistas, el referéndum para la autodeterminación de Cataluña y los privilegios en financiación que negocia Sánchez con sus socios. Y en política exterior el dirigente socialista se libra de explicar la caótica posición de su gabinete ante la agresión terrorista de Hamas sobre Israel. La parte socialista del Gobierno se alinea con los países occidentales y la más izquierdista (Sumar y Podemos) con el bloque propalestino del mundo islámico. En abierto contraste con la parálisis del Congreso, <strong>en el Senado la mayoría absoluta del PP ha permitido que la Cámara se ponga a trabajar con toda normalidad</strong>. Se han constituido las comisiones no legislativas como la principal, la de las comisiones autónomas, al ser una Cámara de representación territorial. El debate de la semana pasada entre presidentes de gobiernos regionales, al versar sobre la ley de amnistía a los golpistas catalanes que prepara Sánchez, fue boicoteado por el Ejecutivo en funciones. Ninguno de sus representantes acudió a la comisión mientras que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, sí se presentó a defender su exigencia de impunidad judicial para los implicados en la intentona secesionista del 1 de octubre de 2017 como un primer paso para el referéndum de autodeterminación. Aragonés, dirigente de ERC, confirmó que la competencia en radicalidad independentista con el partido de Puigdemont, también complica la negociación con el PSOE. Con la fecha del 27 de noviembre como tope para elegir jefe del Ejecutivo (si no lo hay se repetirían las elecciones) Sánchez tiene más complicado seguir con su guion de dar por hecho que ganó las elecciones, aunque las perdiera porque tenía asegurada una nueva mayoría. Tres meses después sigue sin más apoyo oficial que el de Bildu y a la espera de la última palabra de Puigdemont.
