Maciej Stasiński
Jefe Internacional del diario Gazeta Wyborcza
Anunciados los resultados de las elecciones del pasado domingo 15 de octubre, los polacos se despertaron el martes en un “nuevo país” tras “ocho años de oscuridad”, según el lema del líder liberal Donald Tusk, evidentemente compartido por millones de polacos que acudieron a votar en números insólitos. Desde el establecimiento de la democracia en 1989, cuando votó el 63 por ciento de polacos, el 74 por ciento de asistencia en las urnas registrado el domingo es el nuevo récord.
Los tres partidos de la oposición -los liberales de la Plataforma Cívica, la Izquierda socialdemócrata y la centrista Tercera Vía- han ganado rotundamente los comicios apartando del poder al partido nacionalista Ley y Justicia (PiS) tras ocho años de un gobierno que había minado la democracia, colocado Polonia al margen de la Unión Europea y dividido al pueblo en tribus enemigas. La oposición, que ha prometido formar un gobierno de coalición, contará con cómoda mayoría en ambas cámaras del Parlamento.
La oposición ha conseguido su rotundo triunfo compitiendo en pie de desigualdad, en una brutal campaña en la que el régimen nacionalista había empleado todos los recursos del aparato de Estado, desplegando una masiva campaña de odio y mentiras desde los medios públicos convertidos en su tribuna en la que el papel de bestias negras le fue adjudicado a Donald Tusk pintado como “traidor” y “peón de Alemania”, así como a la Unión Europea y a los inmigrantes.
Han sido las elecciones más importantes desde que en 1989 Polonia se había sacudido el comunismo e iniciado la transición democrática.
Si entonces el país abrazó la democracia parlamentaria y recuperó la independencia nacional embarcándose en el camino de integración en UE y la OTAN, en estas últimas elecciones se trataba de recuperar esta misma democracia y el Estado de Derecho vulnerados bajo el régimen de la derecha autoritaria, así como de regresar a la UE, pues Ley y Justicia, en su deriva nacionalista, pretendía llevar al país a un “Polexit”.
El futuro gobierno tripartito enfrentará ahora la dura misión de restablecer el poder judicial independiente, incluido el Tribunal Constitucional anulado, la pluralidad de los medios de difusión, restablecer los derechos de la mujer, erradicar el pillaje de la Hacienda pública y castigar a los responsables de numerosas violaciones de la Constitución, abusos del poder y de una sarta de escándalos, como una institucionalizada venta (bajo mesa a cambio de sobornos) de cientos de miles de visados de entrada en la UE a los mismos inmigrantes de Asia y África, a quienes el gobierno denunciaba a bombo y platillo como la principal amenaza para la integridad y bienestar del país.
La reintegración en la UE para restablecer las prácticamente congeladas relaciones con los aliados europeos -y desbloquear los miles de millones de euros del fondo de recuperación suspendidos a causa de los atropellos del régimen nacionalista- será una prioridad para el nuevo gobierno.
La única incógnita es si el traspaso del poder será suave. Porque muchas figuras clave del régimen actual tienen claro que la pérdida del poder no solo les quitará prebendas y hacienda, sino que puede llevarles al banquillo de acusados y a la cárcel.
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