<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Según avanza Pedro Sánchez en sus compromisos con la extrema izquierda, incluido el blanqueamiento de los herederos del brazo político de ETA, más exigentes se ponen los partidos independentistas catalanes. Se ha empantanado en una carrera de cesiones en la que sus socios compiten a su vez entre ellos por el protagonismo en la deslegitimación del régimen constitucional. Admitida la amnistía para los golpistas a cambio de sus votos, los beneficiarios quieren ahora un plan concreto para un referéndum de autodeterminación.</strong></h4> Hace casi tres meses que el dirigente socialista <strong>da por hecho que seguirá de presidente del Gobierno</strong>, pese a perder y quedar segundo en las elecciones generales, pero <strong>su investidura no tiene aún fecha ni más apoyos confirmados en público que los 121 escaños del propio PSOE más los 6 de Bildu.</strong> Suman 127 diputados en una Cámara de 350 miembros. Los demás partidos llamados a asegurar la continuidad del sanchismo en el poder, los de <strong>izquierdas de ámbito nacional o regional más el Partido Nacionalista Vasco, siguen a la espera de quien tiene la última palabra con sus siete votos: Carles Puigdemont,</strong> el expresidente de la Generalitat responsable principal de la intentona secesionista en Cataluña del 1 de octubre de 2017 y hoy prófugo de la Justicia. El intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo fue rechazado por el Congreso hace tres semanas al quedarse el candidato del PP en 172 votos a favor sin que desde entonces Sánchez haya logrado convertir los 178 “noes” en “síes” para sus aspiraciones. Y <strong>de las primeras previsiones de convocar otro pleno de investidura para la tercera semana de octubre se ha pasado a dejarlo para noviembre en genérico.</strong> <strong>Los socialistas acusaban al PP de “perder el tiempo” durante un mes y ahora se prepararan para apurar todos los plazos</strong>. Si el 27 de noviembre no hay presidente, las Cortes quedarán disueltas y se convocarán nuevas elecciones para el 14 de enero. De momento, los principales avances de Sánchez para ser reelegido consisten en aplicarse a <strong>cumplir exigencias de sus aliados</strong> de la pasada legislatura y de sus potenciales socios de la que no acaba de arrancar. El jefe del Ejecutivo en funciones <strong>ha culminado la operación de blanqueamiento de Bildu</strong>, marca electoral que incluye a los <strong>herederos del brazo político de ETA</strong>, con una foto de la reunión con sus portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado:<strong> Mertxe Aizpurúa</strong>, condenada en su día por enaltecimiento del terrorismo, y <strong>Borja Elejabarrieta,</strong> amigo íntimo del pistolero de la banda Alex Akarregi, implicado en el atentado contra el ex dirigente socialista Eduardo Madina. <strong>Bildu celebró como un hito en sus objetivos la imagen conseguida con el presidente del Gobierno</strong> a quien llevan 4 años apoyando a cambio de favores penitenciarios para los etarras y sus dirigentes confirmaron la renovación de su apoyo parlamentario empezando por la investidura. En las relaciones <strong>con los separatistas catalanes las cesiones de Sánchez han sido, de momento, poco productivas para sus intereses</strong>. Al ver ya en marcha la maquinaria política y mediática del sanchismo para hacer digerible la ley de amnistía exigida por Puigdemont a cambio de su aval, tanto los seguidores del prófugo como los de Oriol Junqueras (jefe de ERC) <strong>compiten ahora en fijar plazos y condiciones para su siguiente objetivo: un referéndum de autodeterminación.</strong> Los separatistas catalanes han tomado nota de la firme determinación de Sánchez en seguir en el poder a cualquier precio y <strong>suben cada semana su factura</strong>. Prometida la impunidad judicial, el expresidente de la Generalitat prófugo quiere ir mas allá y dejar encarrilada por escrito la vía para la secesión de Cataluña. Junqueras tampoco se queda atrás en las exigencias y se niega a dar estabilidad al candidato socialista una vez investido, si es que lo logra, con acuerdos sobre leyes fundamentales como los Presupuestos Generales del Estado. <strong>El optimismo de Sánchez sobre la inminencia de un nuevo Gobierno “progresista” contrasta cada día más con los mensajes de los partidos llamados a sostenerlo. </strong>
