The Diplomat
El Gobierno negoció con la Comisión Europea, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, retrasar 2 hitos y 28 objetivos previstos en el calendario original para 2023, alegando en la mayoría de los casos razones externas para motivar su retraso como la disrupción de las cadenas de suministro o el incremento de costes por inflación.
Así se desprende de un informe elaborado por la consultora española LLYC, en el que analiza la reciente aprobación por parte de Bruselas de la adenda al Plan de Recuperación español, informa Europa Press.
Lo más relevante de esa aprobación, según la consultora, se encuentra en la flexibilidad demostrada por Bruselas respecto a varios programas clave, relacionados con el hidrógeno, la economía circular, el vehículo eléctrico y la descarbonización industrial.
De acuerdo con el texto de la Adenda, el hito relevante de cara al calendario de desembolsos acordado con la Comisión será, en el caso de los proyectos financiados por convocatorias lideradas desde IDEA, Fundación Biodiversidad o ENISA, la concesión de la ayuda y no la finalización del proyecto.
Se ha acordado dar más margen para alargar más allá del año 2026 la culminación de algunos proyectos financiados con estos fondos, a través de las entidades públicas empresariales, como las anteriormente mencionadas.
Hasta ese año 2026, se habrán tenido que hacer las transferencias a esas entidades y las concesiones, pero no todos los proyectos tienen que haberse culminado completamente para esa fecha, fijada en un principio como límite de ejecución de los fondos.
España consigue así más plazo en convocatorias muy significativas sin estar sujeta a un eventual cambio de Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que requeriría, en su caso, aprobación de los 27 parlamentos nacionales.
También son destacables, según LLYC, la escasa ambición y ausencia de carácter estructural de las nuevas reformas incluidas en la Adenda. Se trata de reformas de continuidad, muchas de ellas ya en marcha, que no implicarán grandes dificultades para su aprobación en el caso de un escenario de continuidad del actual gobierno.
«La adenda, por tanto, no servirá para profundizar en reformas de calado, como podría ser la del funcionamiento de la Administración Pública o la mejora de las condiciones de competencia en diversos sectores del mercado en España», han apuntado desde la consultora.
