<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>La ley de amnistía que Pedro Sánchez negocia con los independistas catalanes a cambio de su apoyo para repetir al frente del Gobierno amenaza con provocar un conflicto institucional entre todos los poderes del Estado sin precedentes en la democracia española.</strong></h4> El “borrado” de delitos y responsabilidades judiciales de todos los implicados en el golpe separatista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña <strong>enfrentará al Congreso con el Senado, Cámara que intentará vetarlo; desautorizará al Tribunal Supremo, que puede recurrir el caso al Tribunal Constitucional y a la instancia superior de la UE, y movilizará además denuncias de los ejecutivos autonómicos.</strong> El jefe del Ejecutivo en funciones admite ya que hay conversaciones en marcha con los partidos separatistas catalanes sobre su exigencia de impunidad judicial y todos los interesados, los aspirantes a seguir en el poder condenados por sedición y malversación más los pendientes de juicio, dan por hecho que al final habrá gobierno “progresista” (de socialistas y comunistas) previa ley de amnistía. La parte más izquierdista del Gobierno que representa la vicepresidenta <strong>Yolanda Díaz</strong>, heredera de Pablo Iglesias, anticipa además su propio proyecto para <strong>salvar de cualquier responsabilidad penal al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont</strong> y sus seguidores huidos de la Justicia o pendientes de juicio. Copia e incluye todas las exigencias planteadas por escrito por los dos partidos secesionistas, ERC y Junts, para desautorizar las acciones del Estado de Derecho frente al desafío al orden constitucional en las fechas del intento de secesión. <strong>El PSOE se ha limitado a comentar que esa no es su propuesta</strong>, aunque admita los principios de la misma con tal de garantizarse los 7 votos de los diputados de Puigdemont en el Congreso que tienen la clave para que Sánchez resulte investido presidente del Gobierno. A la espera del texto definitivo del proyecto de ley que negocia el gabinete sanchista con el equipo del prófugo, <strong>los partidos llamados a quedarse en la oposición, más los jueces y fiscales afectados, se preparan para dar respuesta a una amnistía que suponen anticonstitucional</strong> además de una enmienda a la totalidad del régimen democrático alumbrado en la Transición y a la división de poderes. El proyecto <strong>tiene que registrarse en el Congreso antes de que se celebre el pleno para investidura de Sánchez, según exigencia de partida de los independentistas</strong>. La primera intención de los socialistas era convocar la sesión antes de que terminara octubre, pero sus socios han retrasado el plan al plantear también la exigencia de un referéndum de autodeterminación añadido a la amnistía, punto que el PSOE prefería diluir y retrasar. El Congreso tiene de plazo hasta el 27 de noviembre para elegir presidente del Gobierno y si para esa fecha no hay un candidato investido quedarán disueltas las Cortes y habrá nuevas elecciones el 14 de enero. El registro del proyecto de ley de amnistía para los golpistas catalanes en el Parlamento pondrá en marcha la investidura de Sánchez y también el choque entre los poderes del Estado.<strong> Aunque</strong> el bloque de los partidos de izquierdas, nacionalistas e independentistas que tienen que sostener el sanchismo en el poder<strong> lo aprueben en el Congreso, el Senado lo rechazará después.</strong> Al final se impone el criterio de la Cámara Baja, pero <strong>el trámite de ida y vuelta supondrá un primer retraso para su posible aplicación.</strong> Esa ley sobre la que se tiene que levantar el nuevo gabinete socialcomunista se tendrá que enfrentar inmediatamente a los anunciados<strong> recursos de los grupos parlamentarios y del poder judicial, muy en especial del magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo Juan Pablo Llarena.</strong> <strong>El Partido Popular,</strong> primera fuerza política en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado, es la<strong> única formación que reúne el requisito establecido para recurrir ante el Tribunal Constitucional</strong> al tener el mínimo de 50 diputados o de 50 senadores que exige la ley de leyes. <strong>Los gobiernos autonómicos y los parlamentos regionales también pueden pedir al TC la suspensión de la amnistía de Sánchez</strong> a sus aliados. El PP gobierna y tiene mayoría en 11 de las 17 comunidades autónomas españolas. Cinco de ellas ya se han adelantado a anunciar que recurrirán cualquier texto que atente contra el principio de igualdad entre los españoles o a la división de poderes. En el caso del Tribunal Supremo, que ya se opuso a los indultos a los golpistas encarcelados aprobados por el Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos en 2021, <strong>el juez Llarena está facultado para plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la amnistía a Puigdemont, un paso que paralizaría la aplicación de la ley para sus beneficiarios.</strong> También podría recurrir a una instancia superior, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Sánchez puede presentar ese “alivio judicial” para los golpistas en pocos días para salvar su investidura, pero <strong>la aplicación de la amnistía se presentará luego tan complicada y tortuosa como la propia legislatura.</strong>
