Sánchez aboca al Rey a postular su investidura basada en exigencias de los separatistas

Ángel Collado Rechazada la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso por cuatro votos, Pedro Sánchez se presenta mañana ante el Rey para postularse como candidato a un segundo intento mientras negocia los 19 votos de los partidos nacionalistas e independentistas que le faltan para ser reelegido presidente del Gobierno. El aspirante del PSOE, segundo en las elecciones generales de julio, da por hecho que recibirá el encargo de Felipe VI aunque el precio de sus apoyos suponga la subasta del marco constitucional. El Monarca recibe entre hoy y mañana a los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, por orden de menor a mayor, para cumplir con sus obligaciones en los trámites para que el Congreso pueda investir a un presidente del Gobierno. El Rey tiene que proponer un candidato, a través del presidente de la Cámara, una vez consultados los partidos. La Constitución no fija qué criterio tiene que seguir para ello en el escueto artículo 99 referido al proceso de investidura. En el caso de Feijóo Don Felipe se basó en la tradición de que era el candidato de la formación más votada en las elecciones y que tampoco había otro aspirante que contara en ese momento, el 23 de agosto pasado, con más de los 172 apoyos que sumaba el presidente del PP, los 137 propios más los 33 de Vox y dos regionalistas. Sánchez también se postuló entonces pese a que no contaba con más apoyo explícito que el del PSOE, Sumar y Bildu (formación heredera del brazo político de ETA): 158 escaños en total. El dirigente socialista dio por hecho que tenía mayoría para sacar adelante su investidura, pero sus socios separatistas, los fijos de la pasada legislatura y los nuevos como el partido de Puigdemont, rechazaron cumplir con su obligación constitucional de acudir a la consulta del Rey y se lanzaron a poner precio a sus votos: impunidad en los tribunales y autodeterminación. Sánchez dijo que aceptaba la decisión de Rey al proponer a Feijóo, pero luego ha hecho campaña durante un mes en contra del intento de investidura, hasta el extremo de boicotear la sesión parlamentaria y eludir su participación en la misma como máximo representante del PSOE. Los dos partidos separatistas catalanes, ERC y Junts con sus 14 escaños, proclaman ya como aceptada por Sánchez la exigencia de una ley de amnistía que anulará las causas judiciales y delitos cometidos por sus jefes, militantes y activistas en la intentona de secesión del 1 de octubre de 2017. Logrado ese punto de salida que el Gobierno en funciones y el PSOE no se atreven a desmentir, se empeñan ahora en lograr que el candidato socialista se comprometa además a despejar el camino con el siguiente paso: un referéndum para la secesión de Cataluña. Las revelaciones sobre los pactos y cesiones en marcha no han sentado bien en la dirección sanchista que prefería dosificar y dulcificar por su cuenta la difusión del contenido de sus compromisos con Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia para no responder de sus delitos en España y que con sus 7 diputados en el Congreso tiene la clave para que el PSOE siga en el poder. De momento y para ganar tiempo, los portavoces socialistas se limitan a repetir que no habrá referéndum y eluden cualquier comentario sobre el contenido del proyecto “alivio penal”, que es como lo denominan en los medios gubernamentales, que están perfilando con el dirigente golpista. El aparato político y de propaganda del sanchismo prepara una gran ofensiva para presentar esa ley de amnistía la fórmula decisiva para conseguir la “pacificación de Cataluña”, hito que daban por conseguido en la pasada legislatura con sus cesiones a ERC: indultos para los golpistas condenados y encarcelados, supresión del delito de secesión y rebaja del de malversación. Como el dirigente socialista necesita ahora los votos de Junts, el partido de Puigdemont, tiene que darle otra vuelta a “la pacificación”, ceder también en la anulación general de todas las consecuencias del golpe ante los tribunales y promover la impunidad judicial para los separatistas implicados. Para los independentistas esa pieza es decisiva para forzar después una consulta de autodeterminación que liquide la unidad nacional de España. De entrada, la amnistía, con ese nombre o el eufemismo que proceda, incluye la enmienda a la autodefensa del orden constitucional que hizo el Estado frente al golpe secesionista del 1 de octubre de 2017. Con la amnistía que está dispuesto a impulsar Sánchez quedará desautorizada la labor del Parlamento (el Senado que intervino las competencias de la Generalitat), la del Gobierno de la época que restituyó el orden y la ley en Cataluña con el apoyo incondicional de la oposición de la época (el PSOE con el propio Pedro Sánchez a la cabeza), la de los jueces que juzgaron y condenaron a los golpistas, y la del propio Rey que intervino en la crisis para llamar a la defensa del orden constitucional. Sánchez acude mañana a las consultas del Monarca con los mismos apoyos comprometidos que tenía en agosto más las cesiones que negocia con Puigdemont y que no quiere contar, todas en contra de la defensa que hizo el Rey de la Constitución el 1 de octubre de 2017, y sin que Don Felipe tenga más margen de actuación que proponerle candidato a la presidencia del Gobierno.

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