<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido a los países de la UE, principalmente a España, que se comprometan a impulsar medidas para garantizar el acceso a la protección de la población afectada por el terremoto de Marruecos y las inundaciones en Libia, países ambos de tránsito y de acogida de migrantes y refugiados. </strong></h4> <strong>“Estos desastres naturales no solo han provocado miles de muertes, sino que han destruido ciudades y comunidades, desencadenando desplazamientos forzados que a medio y largo plazo pueden tener un fuerte impacto en los flujos migratorios hacia Europa”</strong>, advirtió este pasado jueves la organización en una nota de prensa. En el caso de <strong>Marruecos</strong>, al menos 300.000 personas se han visto afectadas por el terremoto. Por este motivo, CEAR ha mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener en las condiciones de vida del pueblo marroquí y de todos los migrantes y refugiados que residen o están en tránsito en el país, “ya que desgraciadamente se han visto especialmente azotadas las zonas más empobrecidas, que tradicionalmente generan emigración hacia Europa”. En este sentido, las comunidades subsaharianas varadas en las zonas afectadas afrontan una mayor vulnerabilidad. Al menos 19.323 personas están registradas por ACNUR como refugiados o solicitantes de asilo, pero miles más se encuentran en el país sin reconocimiento oficial. En el caso de <strong>Libia</strong>, y tras el paso del ciclón <em>Danie</em>l, preocupa especialmente la situación en la que quedan poblaciones que ya se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad, debido a conflictos o violaciones de derechos humanos como las que sufren los migrantes y refugiados en el país norteafricano, donde al menos 50.000 personas viven atrapadas debido al control y externalización de fronteras europeas. Por otra parte, según CEAR, <strong>en 2022 se produjeron 71,1 millones de desplazamientos internos en 137 países, de los cuales 32,6 millones fueron como consecuencia de desastres naturales, una cifra que supone un aumento del 41% respecto del año anterior</strong>. “Por primera vez desde que hay registros, más personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por desastres medioambientales que por la violencia y conflictos”. <strong>Estos fenómenos afectan especialmente a los migrantes y los refugiados</strong>, ya que muchos de ellos viven en zonas particularmente difíciles, con escasez de recursos, exponiéndolas a nuevas causas de desplazamiento y disminuyendo las posibilidades de regresar a sus hogares. La mayoría de estos desplazamientos ocurren dentro de las fronteras del país, lo cual dificulta el acceso a la protección. Las personas que se ven forzadas a cruzar una frontera internacional tampoco tienen un acceso claro a este derecho, ya que no existen instrumentos jurídicos vinculantes aplicables para estos casos. “Además, normalmente la protección de todas estas personas suele quedar fuera de los debates y medidas que se toman en relación a las consecuencias del cambio climático, muy centradas en la mitigación y adaptación”, lamentó la organización. “Los países europeos han reaccionado enviando equipos de rescate a ambos países. Lo que pedimos es que esta solidaridad también se manifieste después de la emergencia, cuando ya no estén los focos mediáticos, y miles de personas necesiten más que nunca que se les garantice el acceso a la protección y a un futuro digno”, reclamó <strong>Estrella Galán, directora general de CEAR.</strong>
