<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, se mostró ayer “optimista” sobre la posibilidad de que la Comisión Europea acepte la propuesta española para que se excluya la introducción de peajes en las autopistas españolas como condición para recibir los fondos del plan de recuperación europeo.</strong></h4> <strong>“Estamos ultimando todavía con la Comisión ese acuerdo relativo a la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no está cerrado todavía, pero somos optimistas”</strong>, declaró Raquel Sánchez con motivo de la Reunión Informal de Ministros de Transporte de la Unión Europea, que se celebró en Barcelona en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. “Hemos compartido una reflexión sobre qué otras medidas nos pueden permitir introducir incentivos para que se utilicen otros sistemas de transporte”, prosiguió. <strong>“Estamos hablando sobre todo del transporte ferroviario de mercancías” y de unas “alternativas que la Comisión Europea ha recibido satisfactoriamente”</strong>, aseguró. “Además, hay que tener en cuenta que, cuando se propuso esa medida del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no se daban las mismas circunstancias que se están dando en la actualidad”, recordó. <strong>“La pasada primavera se aprobó por parte de la Comisión Europea la directiva que establece que, a partir de 2027, se va a establecer en toda la UE un sistema de contabilidad de emisiones” y, por lo tanto, “el establecimiento de un sistema de pago por uso podría suponer en ese momento un doble gravamen”</strong>, advirtió. <strong>El pasado mes de julio, Bruselas confirmó que la introducción de peajes en 2024 estaba ligado al desembolso a España de los más de 8.000 millones de euros del quinto tramo del plan de recuperación europeo, adoptado por la Comisión y por los Estados miembros. </strong>Concretamente, el asunto de los peajes figuraba en el hito número tres del plan, por el que España se comprometía a crear “un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga”. El objetivo de la introducción de los peajes era incentivar el uso del transporte público y reducir las emisiones de CO2 del sector del transporte, que representa el 27% del total en España. El compromiso figuraba en la Ley de Movilidad Sostenible acordada entre el Gobierno y Bruselas y que estaba tramitándose justamente en el momento en que se disolvieron las Cámaras para convocar las elecciones generales anticipadas del 23 de julio. El PP había amenazado con presentar recursos contra los peajes en todas las comunidades autónomas donde gobierna y Podemos e Izquierda Unida criticaron que la medida afectaba a los más vulnerables y pidieron una moratoria hasta que hubiera una transición ecológica justa <strong>El pasado verano, el Ejecutivo en funciones expresó a la Comisión Europea su deseo de renegociar este punto, en el marco de la Adenda al Plan de Recuperación</strong>. Según informaron varios medios españoles, la Comisión habría accedido finalmente a esta petición a cambio de que el Gobierno busque otras alternativas respetuosas con el medio ambiente, como el fomento del transporte de mercancías y personas por ferrocarril. <strong>La Comisión Europea aseguró este pasado jueves que ha habido “avances positivos” </strong>en su evaluación del plan de recuperación revisado enviado por España y la portavoz de Economía, Veerle Nuyts, aseguró que el trabajo de evaluación “sigue en marcha”, incluida “la modificación requerida de esta medida” sobre los peajes.
