<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Los socios europeos de España no ven ninguna urgencia en oficializar el uso del catalán, del euskera y del gallego en la Unión Europea, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez. Ayer, en el Consejo de Asuntos Generales dejaron claro que para tomar una decisión necesitan un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis del impacto económico, político y práctico que tendría.</strong></h4> El Gobierno envío al ministro de Asuntos Exteriores<strong>, José Manuel Albares,</strong> a la reunión del Consejo de Asuntos Generales, a la que suelen ir los ministros o secretarios de Estado que llevan directamente las cuestiones europeas, porque <strong>deseaba lograr un acuerdo de los Veintisiete sobre una iniciativa fruto de las negociaciones que mantiene Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y vascos para una futura investidura como jefe del Gobierno.</strong> El Ejecutivo era consciente de las <strong>reticencias que habría en la mayoría de los países de la UE</strong> <strong>tanto al fondo de la propuesta como a las prisas</strong> por tratar de implementarla, y por ello <strong>España</strong> , además de defender que es algo bueno para Europa y que está en línea con los "objetivos de multilingüismo recogidos en el artículo 3 de los Tratados", <strong>se ofreció a correr con los gastos</strong>, algo que, por otra parte, no está claro que pueda ser hecho realidad, porque el reglamento europeo establece que debe ser financiado por las arcas comunitarias. En un intento de sumar adeptos a su iniciativa, el ministro de Asuntos Exteriores <strong>ofreció comenzar primero con el catalán y dejar para más adelante el euskera y el gallego</strong>. De esa forma se consideraba que se podría acelerar el proceso dentro de la UE y que se conseguiría superar las reservas de algunos países por el coste de la traducción e intervención en las lenguas cooficiales. Ante los periodistas, Albares explicó este giro dado por el Gobierno priorizando el catalán con el argumento de que se ha optado por el idioma <strong>"cuyos representantes han solicitado con más insistencia"</strong> la inclusión de su lengua en el marco comunitario y porque de las tres lenguas cooficiales es, con más de 10 millones de hablantes, la de mayor presencia. Precisó el ministro que <strong>"en absoluto" se trata de una forma de discriminación para el euskera y el gallego.</strong> <h5><strong>Malestar en los socios nacionalistas de Sánchez</strong></h5> Sin embargo, <strong>el PNV no lo vio así y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, advirtió a Pedro Sánchez de que esa priorización del catalán frente al euskera, “no facilita” su investidura</strong>. Y añadió que la promoción" de una lengua no se debería basar por el número de hablantes, alegando que "de ser así, con el inglés y el chino bastaría en el mundo". También d<strong>esde EH Bildu, el eurodiputado Pernando Barrena,</strong> replicó a Albares que "el tamaño de una lengua, su número de hablantes, no es más que un pretexto" y afirmó que "a día de hoy hay tres lenguas oficiales con menos hablantes que el euskera: el maltés, el gaélico y el luxemburgués". Igualmente, la <strong>eurodiputada del BNG Ana Miranda</strong> sostuvo que "no hay lenguas de primera y de segunda, sino que son todas de primera". Lo cierto es que, mientras en el Congreso de los Diputados en Madrid se ponía en marcha ayer, en una polémica sesión plenaria, la posibilidad de expresarse en alguna de las lenguas cooficiales, contando con intérpretes, Albares intentaba extender esa práctica a toda la Unión Europea. "No se trata de una propuesta nueva o inédita, hace casi 20 años que España viene solicitándolo", insistió ante los periodistas, subrayando después que ya existen "arreglos administrativos" en el seno del Consejo y de la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales, aunque no hay un régimen equivalente con el Parlamento Europeo. <strong>Los argumentos españoles no convencieron a la mayoría de sus socios europeos</strong>, quienes, como previsiblemente el Gobierno esperaba, <strong>pidieron más tiempo para estudiar el asunto</strong>. Fueron 40 minutos de debate, en el que una veintena de ministros o secretarios de Estado tomaron la palabra para expresar sus<strong> dudas sobre la necesidad de tomar una medida de ese tipo y, sobre todo, de hacerlo con las prisas que pedía España.</strong> Suecia y Finlandia ya habían expresado días atrás su poco entusiasmo con la iniciativa española y ayer volvieron a hacerlo. <strong>La encargada sueca de Asuntos Europeos, Jessika Roswall</strong>, indicó que las dudas de Suecia tienen que ver fundamentalmente con las consecuencias de la modificación del reglamento porque "hay muchas lenguas minoritarias dentro de la UE que no son lenguas oficiales" y quieren tener claro cuáles serán las "consecuencias legales y financieras" antes de tomar ninguna decisión. Y <strong>el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Anders Adlercreutz</strong>, expuso que, pese al compromiso con la diversidad lingüística es "demasiado pronto" para tomar una decisión sobre el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas de la UE porque no se han resuelto las dudas sobre las consecuencias que tendría esta decisión. Por su parte, <strong>la secretaria de Estado para Europa francesa, Laurence Boone</strong>, afirmó: “Hay un marco constitucional y un marco jurídico en el Consejo Europeo y creo que es importante que todo el mundo estudie este asunto". "Es una propuesta que realmente necesita ser considerada con atención, queremos ver y tener más detalles sobre el estatus de estas lenguas a nivel nacional en España", indicó<strong> la secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Croacia, Andreja Metelkometelko-Zgombiczgombic,</strong> que también consideró "útil" esperar a tener un análisis del servicio legal del Consejo. De manera similar se expresó, <strong>el secretario de Estado para Asuntos Europeos de Eslovaquia, Peter Misik,</strong> quien dijo ser consciente de que para España es un asunto "importante y sensible", pero consideró "prematuro" hablar de la toma de decisiones porque hay elementos "legales y prácticos" por explicar. Para el <strong>secretario de Estado irlandés, Peter Burke,</strong> no hay duda de que se debe apoyar el multilingüismo en la Unión Europea y dar pasos para que las lenguas sean tan accesibles como sea posible, pero Dublín quiere que se examinen las "consecuencias operativas" de incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE. <strong>El jefe de la diplomacia checa, Martin Dvorak</strong>, a su vez, manifestó que "es necesario discutirlo con más profundidad" porque es una propuesta "absolutamente sin precedentes" sobre la que hay que examinar las consecuencias. Ante esas posturas, <strong>el asunto no llegó a ser sometido a votación</strong>, pese a lo cual,<strong> Albares enfatizó</strong> ante los periodistas que <strong>"nadie ha manifestado un veto"</strong> contra la iniciativa española y defendió que se ha dado un <strong>"paso clave en el camino"</strong> de la oficialidad de las lenguas cooficiales. Además, en un mensaje claramente dirigido a los independentistas catalanes, subrayó que <strong>el Gobierno ha "cumplido con sus compromisos"</strong> de elevar al debate comunitario esta demanda. <strong>El fugado ex presidente catalán y líder de Junts Per Catalunya, Carles Puigdemont</strong>, en un mensaje en la red social 'X', consideró una buena noticia el que no haya habido ningún veto a la propuesta, pero reclamó al Gobierno español que actúe con más diligencia "porque la oportunidad es ahora" y añadió que lo ocurrido ayer en Bruselas<strong> pone de manifiesto que "España no se hace escuchar en Europa tanto como afirmaba Sánchez".</strong> Por su parte, desde <strong>ERC, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja</strong>, manifestó que si no se ha conseguido la oficialidad del catalán en la UE ha sido "porque el Gobierno ha hecho el trabajo tarde y mal". <strong>"Los compromisos están para cumplirse</strong> y este de momento no se ha cumplido", dijo. Una vez constatado que los países reclaman más detalles sobre el coste de la medida y su impacto para el presupuesto comunitario, así como el estudio jurídico de su impacto para otras lenguas europeas, le corresponde ahora a la presidencia española preparar los siguientes pasos, tanto derivar la discusión técnica a los grupos de trabajo previstos en el seno del Consejo como encargar la opinión de los juristas de la institución.
