<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El PP empieza a reconocer que no tendrá los apoyos necesarios para que Alberto Núñez Feijóo sea investido jefe del Ejecutivo y se prepara para frenar -también con denuncias en las instituciones europeas- el pago de la primera factura que Sánchez está dispuesto a abonar a los independentistas catalanes a cambio de seguir en el poder: una amnistía general para sus dirigentes y activistas implicados en la intentona secesionista del 1 de octubre de 2017.</strong></h4> Los separatistas catalanes, los ultraizquierdistas republicanos de ERC y la formación del expresidente de la Generalitat de Cataluña prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, dan por hecho que obtendrán su "<strong>ley de amnistía" para todos los promotores e implicados en el intento de golpe de hace seis años.</strong> <strong>Sánchez avala con su silencio esos cálculos de sus socios,</strong> crecidos al constatar el radical cambio de opinión del PSOE en la materia (hasta julio tenía claro que la amnistía no cabía en la Constitución), e incluso los intentos de los medios gubernamentales para hacerlo digerible a sus bases. El compromiso o los avances del dirigente socialista en la negociación con Puigdemont <strong>obligan a Feijóo a improvisar una especie de movilización preventiva, social y política,</strong> que le llevará esta semana a plantear a las <strong>organizaciones empresariales y sindicales</strong> el peligro de desestabilización que supone la subasta del marco constitucional. Las citas del presidente del PP estaban previstas para presentar a los agentes sociales su proyecto de investidura, pero ahora tendrán que incluir el recordatorio de que la alternativa a Feijóo (Sánchez y su frente de izquierdas más los separatistas) se puede basar en lo que el candidato califica de "acuerdo de impunidad para el independentismo". Para el próximo domingo <strong>el Partido Popular ha convocado una concentración en el centro de Madrid</strong> en contra de las negociaciones de Sánchez sobre esa amnistía que, en todo el espectro político, salvo la actual dirección del PSOE y sus aliados, <strong>se considera que va en contra del marco constitucional, la Transición democrática y la independencia de la Justicia.</strong> <strong>A un lado se sitúan todo el centro derecha y los veteranos del PSOE con Felipe González a la cabeza</strong> que claman alarmados contra una medida que cuestiona la democracia española. Al otro lado están la extrema izquierda (Sumar y Podemos) y los grupos separatistas que lo celebran como un primer paso para acabar con "el régimen del 78" y encaminarse hacia sus proyectos de repúblicas independientes o "plurinacionales". Para el caso de que Sánchez siga adelante con tal de garantizarse los 7 votos del partido de Puigdemont,<strong> el PP advierte que recurrirá a las instancias de la Unión Europea.</strong> Existe el <strong>precedente de Rumanía en 2019, cuando Jean-Claude Juncker presidía la Comisión y frenó un intento de amnistía por casos de corrupción en ese país</strong> después de las denuncias de la oposición. <strong>El Partido Popular también impidió con su denuncia política en Bruselas que Pedro Sánchez se hiciera con el control directo del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial,</strong> hace tres años. PSOE y Podemos intentaban rebajar de tres quintos a la mayoría absoluta el umbral de la votación en Las Cortes para elegir a los 12 miembros del CGPJ. El proyecto pretendía replicar las mayorías parlamentarias gubernamentales. Después de las protestas del PP la Comisión llamó la atención a Sánchez, le recordó que debía consultar antes con todos los sectores afectados e invocó el papel del órgano del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, que vela por el respeto del derecho constitucional. El PSOE tuvo que renunciar a sus planes y retiró el proyecto en abril de 2021. El Partido Popular Europeo, primer grupo en la Eurocámara y con la española Dolors Montserrat como vicepresidenta, volverá a ser la primera instancia que movilice el PP para denunciar los nuevos manejos de Sánchez que cuestionan el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia en España. <strong>Vox,</strong> por su lado, se ha adelantado a los acontecimientos al <strong>dirigirse por escrito a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen,</strong> del mismo PPE, para advertir de los planes para amnistiar a los secesionistas condenados o pendientes de juicio. <strong>Sánchez negocia ahora favores para los secesionistas catalanes que en última instancia no están en su mano por muy de izquierdas y afín que sea el actual Tribunal Constitucional</strong> presidido por Cándido Conde Pumpido y aunque logre el objetivo de volver a ser investido presidente del Gobierno con los 7 escaños del partido de Puigdemont.
