<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Pedro Sánchez negocia con los secesionistas catalanes una amnistía calificada de inconstitucional por él mismo, sus ministros y su partido hasta las pasadas elecciones de julio, sin que nadie con cargo actual en el PSOE se atreva siquiera a pedir una aclaración, y menos aún un debate interno.</strong></h4> Frente a ese silencio, <strong>sólo la vieja guardia de la formación, con Felipe Gonzalez al frente, clama contra el plan sanchista</strong> para seguir en el poder gracias al favor del partido de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat catalana prófugo de la Justicia desde que encabezó la intentona separatista de octubre de 2017. Con tal de asegurarse una próxima investidura como presidente del Gobierno, S<strong>ánchez somete a subasta el marco constitucional y los fundamentos de la Transición política</strong> que alumbraron en 1978 el actual régimen democrático en España, tal y como le exigen los partidos separatistas catalanes y vascos que sumaron en las elecciones el 6 por ciento de los votos. <strong>Puigdemont,</strong> cuya formación logró el 1,6 por ciento de apoyo popular en los mismos comicios, con apenas el 11 por ciento del voto en Cataluña, <strong>pide</strong> al jefe del Ejecutivo en funciones, para empezar a hablar del apoyo de sus 7 diputados en el Congreso,<strong> una amnistía que "borre" todos los delitos, causas y juicios pendientes de todos los implicados en el golpe institucional desde sus orígenes en 2014.</strong> Incluye a los altos cargos y responsables políticos acusados en su día de sedición y malversación de fondos públicos además de los encargados directamente de los disturbios y destrozos callejeros, los llamados CDR. <strong>Sánchez ha decidido negociar sobre esos supuestos que no caben en la Constitución y suponen conceder a los golpistas la impunidad ante la Justicia.</strong> Amplía la misma línea de favores a los separatistas catalanes con la que otorgó en la pasada legislatura el indulto a los jefes de ERC encarcelados por orden del Tribunal Supremo, suprimió el delito de sedición en el Código Penal o rebajó las penas por malversación en el Código Penal a la medida de los intereses de sus aliados. <strong>Las quejas en el PSOE</strong> se limitaron entonces a alguna declaración pública en contra por parte de tres dirigentes regionales con cargo de presidente autonómico: Emiliano García-Page desde Castilla-la Mancha, Javier Lambán desde Aragón y Guillermo Fernández Vara desde Extremadura. Las protestas <strong>no tuvieron trascendencia alguna en el seno del partido, que acepta sin rechistar la entrega de su jefe a las exigencias de los independentistas</strong>, antes a los catalanes de ERC y los vascos herederos del brazo político de ETA (Bildu) y ahora también a los de Puigdemont. De los tres barones autonómicos socialistas sólo García-Page mantuvo hasta el final el tono crítico frente a las alianzas con los separatistas del sanchismo y fue el único que se salvó del desastre electoral sufrido por el PSOE en las elecciones regionales de mayo en toda España. Incluso gana y gobierna con mayoría absoluta. Al margen del socialista castellano-manchego, <strong>sólo los veteranos del partido, jubilados o sin peso en las estructuras de la formación se atreven a oponerse a las negociaciones de Sánchez</strong> con el prófugo de la Justicia para ser reelegido presidente del Gobierno sin haber ganado las elecciones y gracias a los votos de todas las formaciones independentistas. Esos críticos representan toda la historia reciente del PSOE, desde la Transición protagonizada por la generación de Felipe González cuya herencia consideran amenazada de traición por las ambiciones personales de Sánchez. González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, y el ex vicepresidente Alfonso Guerra, ya movieron sus influencias en el partido para forzar la salida de Pedro Sánchez de la secretaría general del partido en 2016, precisamente para evitar su entrega a los nacionalistas. Pero desde que recuperó la secretaría general gracias al voto de las bases en elecciones primarias,<strong> Sánchez laminó a todos los disidentes hasta lograr un control personal absoluto de todas sus estructuras</strong>. Por el Comité Federal, máximo órgano del partido entre congresos, no ha pasado a debate ninguno de sus giros o mutaciones constitucionales fruto de las alianzas con los independentistas. Tampoco ningún dirigente con cargo público se atreve ahora a pedirlo. <strong>Y los "históricos" como González, Guerra, Leguina, Nicolás Redondo Terreros o Joaquín Almunia tienen que recurrir a medios privados</strong> y ajenos al conglomerado progubernamental (estatal y privado) prosanchista <strong>para hacer pública su crítica frente a la amnistí</strong>a para los golpistas que cuestiona la Constitución, el poder judicial y la Transición política que también trajo el propio PSOE.
